La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) establecida por el Gobierno nacional en $328.400 a partir de noviembre de 2025. La central obrera consideró que el monto es insuficiente y que no acompaña la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos dos años. La medida se formalizó a través de la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, luego de que el Consejo del Salario volviera a fracasar en su intento de alcanzar un acuerdo entre sindicatos y cámaras empresarias.

El laudo se dictó tras la reunión del 26 de noviembre, realizada por videoconferencia, en la que ninguna de las propuestas consiguió apoyo mayoritario. El Gobierno avanzó entonces con un esquema de incrementos mensuales hasta agosto de 2026. Para los trabajadores mensualizados, el salario mínimo quedó fijado en $328.400 desde noviembre, mientras que el valor horario se ubicará en $1.642. La resolución también actualiza el cálculo de la Prestación por Desempleo, que desde ahora equivaldrá al 75% de la mejor remuneración mensual percibida en los seis meses previos al despido.

En su comunicado, la CGT cuestionó la decisión oficial y sostuvo que el incremento mensual promedio —unos $5.400 durante diez meses— no alcanza a compensar la pérdida acumulada. Recordaron que el SMVM estuvo congelado en $322.200 desde agosto y que ese estancamiento representó una caída real del 7,6% en lo que va del año, a la que se suma el deterioro registrado desde noviembre de 2023.

La central gremial defendió su propuesta alternativa, que contemplaba un aumento acumulado del 71,6% entre diciembre y abril mediante tramos del 11,4%. Según explicaron, ese porcentaje era el mínimo necesario para acercar el salario mínimo a la Canasta Básica Total, hoy estimada en $1.176.852. Desde ese punto de partida, buscaban incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026 para evitar nuevos retrasos en el poder de compra. “El objetivo era restablecer parcialmente el poder adquisitivo perdido y recuperar la relación histórica entre salario mínimo y costo de vida”, señalaron.

El contraste con la canasta básica fue uno de los ejes centrales del planteo sindical. En su documento, la CGT advirtió que el laudo “desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores” y que consolida “una pérdida incompatible con una vida digna”. Para la conducción de la central, la actualización definida por el Gobierno no constituye un proceso de recomposición real ni marca un sendero hacia la recuperación salarial.

Pese a la magnitud del cuestionamiento, la central obrera no anunció medidas de fuerza. El comunicado se limitó a expresar preocupación por el impacto del nuevo esquema y a reiterar la necesidad de una actualización que acompañe los niveles inflacionarios acumulados y proyectados. Dirigentes sindicales señalaron que la discusión continuará en los canales institucionales y que seguirán reclamando por un mecanismo que mantenga una relación razonable entre el salario mínimo y los principales indicadores del costo de vida.

El Gobierno, por su parte, defendió el esquema de incrementos mensuales como una herramienta de previsibilidad para trabajadores y empleadores. Según la resolución, el sendero ascendente del SMVM será el siguiente:

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Abril 2026: $357.800

Mayo 2026: $363.000

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

Agosto 2026: $376.600

Los valores horarios acompañarán la misma progresión y llegarán a $1.883 en agosto de 2026. El Ministerio de Capital Humano aclaró que el esquema busca ordenar la evolución del salario mínimo y actualizarlo de forma sostenida, aunque sin comprometer —según el planteo oficial— la dinámica salarial de los sectores más postergados del mercado laboral.

El debate continuará abierto en los próximos meses, mientras la CGT insiste en que el SMVM debe recuperar su capacidad de referencia para el resto de las paritarias y garantizar un piso de ingresos que permita cubrir los consumos esenciales. El Gobierno, en cambio, apuesta a mantener el mecanismo definido por resolución mientras las discusiones sectoriales avanzan en cada convenio colectivo.