INICIATIVA
CAROLINA LOSADA BUSCA QUE EL SENADO TRATE SU PROYECTO SOBRE FALSAS DENUNCIAS
08 de abril de 2026 09:13
La senadora nacional Carolina Losada volvió a defender el proyecto que impulsa para aumentar las penas por falsas denuncias y confirmó que la iniciativa será nuevamente dictaminada en el Senado, con la expectativa de alcanzar el recinto y obtener media sanción en las próximas semanas.
La propuesta, que la legisladora viene promoviendo desde 2022, busca modificar el marco penal vigente para endurecer las sanciones contra quienes realicen denuncias infundadas. Según explicó, el texto ya atravesó distintas instancias parlamentarias, pero perdió estado legislativo en una oportunidad y debió ser presentado nuevamente.
De acuerdo a lo detallado por Losada, el proyecto establece que las penas por falsas denuncias pasen del rango actual —de dos meses a un año— a una escala de entre uno y tres años en los casos generales. La iniciativa, además, contempla agravantes en situaciones específicas, particularmente aquellas vinculadas a denuncias en contextos de violencia.
En términos políticos, la senadora aseguró que la propuesta logró reunir apoyos de distintos espacios. Desde la Unión Cívica Radical, bloque al que pertenece, indicó que hubo acompañamiento unánime desde el inicio. También mencionó respaldo de legisladores del PRO y, más recientemente, de integrantes de La Libertad Avanza.
Ese consenso, según explicó, permitió avanzar con nuevos dictámenes y abrir la posibilidad de que el proyecto llegue finalmente al recinto. “Ya lo dictaminamos dos veces y esta sería la tercera”, señaló, en referencia al recorrido parlamentario de la iniciativa.
Durante una entrevista, Losada sostuvo que existe una percepción compartida entre senadores sobre la necesidad de legislar en esta materia, aunque admitió que no todos los respaldos se expresan públicamente. En ese marco, planteó que el debate trasciende las diferencias partidarias y responde a situaciones que, según describió, generan preocupación en distintos ámbitos.
Entre los argumentos que expuso, la legisladora mencionó testimonios de colegas y de trabajadores que manifestaron inquietudes sobre el impacto de denuncias que luego no prosperan judicialmente. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con herramientas legales que contemplen estos escenarios.
Asimismo, citó casos concretos que, según su relato, evidencian consecuencias graves derivadas de acusaciones que posteriormente fueron desestimadas por la Justicia. Uno de ellos fue el de un profesional que permaneció detenido y alejado de su familia durante años antes de ser absuelto.
En paralelo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. Losada señaló que algunos sectores políticos mantienen reservas respecto a la iniciativa, especialmente en relación con su posible impacto en denuncias vinculadas a temas de género. En ese contexto, mencionó diferencias dentro del Senado y atribuyó parte de la resistencia a posturas internas de otros bloques.
Pese a ese escenario, la senadora afirmó que el objetivo de la propuesta es equilibrar el sistema judicial, contemplando tanto la protección de las víctimas como la situación de quienes puedan resultar afectados por acusaciones sin sustento.
En relación a los datos estadísticos, Losada aclaró que evitó utilizar cifras no oficiales sobre la cantidad de denuncias falsas, al considerar que no existen registros concluyentes. En cambio, planteó que la discusión debe centrarse en la necesidad de adecuar la legislación vigente.
Con un nuevo dictamen en marcha y negociaciones abiertas entre bloques, el proyecto vuelve a posicionarse en la agenda legislativa. El próximo paso será definir si logra reunir los consensos necesarios para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
La propuesta, que la legisladora viene promoviendo desde 2022, busca modificar el marco penal vigente para endurecer las sanciones contra quienes realicen denuncias infundadas. Según explicó, el texto ya atravesó distintas instancias parlamentarias, pero perdió estado legislativo en una oportunidad y debió ser presentado nuevamente.
De acuerdo a lo detallado por Losada, el proyecto establece que las penas por falsas denuncias pasen del rango actual —de dos meses a un año— a una escala de entre uno y tres años en los casos generales. La iniciativa, además, contempla agravantes en situaciones específicas, particularmente aquellas vinculadas a denuncias en contextos de violencia.
En términos políticos, la senadora aseguró que la propuesta logró reunir apoyos de distintos espacios. Desde la Unión Cívica Radical, bloque al que pertenece, indicó que hubo acompañamiento unánime desde el inicio. También mencionó respaldo de legisladores del PRO y, más recientemente, de integrantes de La Libertad Avanza.
Ese consenso, según explicó, permitió avanzar con nuevos dictámenes y abrir la posibilidad de que el proyecto llegue finalmente al recinto. “Ya lo dictaminamos dos veces y esta sería la tercera”, señaló, en referencia al recorrido parlamentario de la iniciativa.
Durante una entrevista, Losada sostuvo que existe una percepción compartida entre senadores sobre la necesidad de legislar en esta materia, aunque admitió que no todos los respaldos se expresan públicamente. En ese marco, planteó que el debate trasciende las diferencias partidarias y responde a situaciones que, según describió, generan preocupación en distintos ámbitos.
Entre los argumentos que expuso, la legisladora mencionó testimonios de colegas y de trabajadores que manifestaron inquietudes sobre el impacto de denuncias que luego no prosperan judicialmente. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con herramientas legales que contemplen estos escenarios.
Asimismo, citó casos concretos que, según su relato, evidencian consecuencias graves derivadas de acusaciones que posteriormente fueron desestimadas por la Justicia. Uno de ellos fue el de un profesional que permaneció detenido y alejado de su familia durante años antes de ser absuelto.
En paralelo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. Losada señaló que algunos sectores políticos mantienen reservas respecto a la iniciativa, especialmente en relación con su posible impacto en denuncias vinculadas a temas de género. En ese contexto, mencionó diferencias dentro del Senado y atribuyó parte de la resistencia a posturas internas de otros bloques.
Pese a ese escenario, la senadora afirmó que el objetivo de la propuesta es equilibrar el sistema judicial, contemplando tanto la protección de las víctimas como la situación de quienes puedan resultar afectados por acusaciones sin sustento.
En relación a los datos estadísticos, Losada aclaró que evitó utilizar cifras no oficiales sobre la cantidad de denuncias falsas, al considerar que no existen registros concluyentes. En cambio, planteó que la discusión debe centrarse en la necesidad de adecuar la legislación vigente.
Con un nuevo dictamen en marcha y negociaciones abiertas entre bloques, el proyecto vuelve a posicionarse en la agenda legislativa. El próximo paso será definir si logra reunir los consensos necesarios para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
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