La Cámara de Casación ratificó el remate de activos por más de $684 mil millones y habilitó alcanzar bienes transferidos a terceros, incluso por herencia.

Un fallo de alto impacto judicial confirmó el avance sobre el patrimonio vinculado a la causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además del empresario Lázaro Báez. La resolución avala el remate de activos para recuperar fondos vinculados a hechos de corrupción.

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV, que confirmó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2. El monto a recuperar supera los 684.000 millones de pesos, cifra establecida en la sentencia original.

Uno de los puntos centrales del fallo es el alcance del decomiso. El tribunal sostuvo que los bienes obtenidos de manera ilícita pueden ser recuperados por el Estado incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. Este criterio impacta directamente en propiedades que pasaron a manos de los hijos de la exmandataria.

El voto principal, a cargo del juez Gustavo Hornos, remarcó que el decomiso no debe quedar en una declaración formal, sino traducirse en la recuperación efectiva de activos. En esa línea, señaló que permitir que los bienes sigan generando efectos económicos vaciaría de contenido la condena penal.

El juez Diego Barroetaveña acompañó esa postura, consolidando la mayoría que habilitó avanzar sobre el conjunto del patrimonio considerado de origen ilícito, incluyendo empresas que fueron parte de la maniobra, como Austral Construcciones.

En disidencia parcial, el juez Mariano Borinsky planteó reparos sobre la extensión del decomiso, especialmente en relación a bienes heredados. Según su criterio, esos activos deberían ser excluidos si no se acredita una vinculación directa con el delito.

La resolución también contempla que quienes reclamen derechos sobre los bienes deberán hacerlo por otras vías, como instancias civiles o administrativas, sin frenar la ejecución del decomiso.

El expediente incluye un amplio conjunto de activos: más de 140 inmuebles, decenas de vehículos y sumas millonarias en cuentas bancarias y cajas de seguridad. Entre ellos figura el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

El Ministerio Público Fiscal había insistido en avanzar con la ejecución al señalar que los condenados no habían realizado pagos para cubrir el monto fijado. La sentencia original, además, estableció penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Con este fallo, la Justicia consolida un criterio clave en materia de recuperación de activos y habilita una nueva etapa en la ejecución de la condena económica en uno de los casos más relevantes de los últimos años.