GRIETA
BULLRICH PIDIÓ QUE ADORNI EXPLIQUE SU PATRIMONIO Y EXPUSO UNA GRIETA EN LLA
La senadora le reclamó públicamente que presente su declaración jurada “de inmediato” en medio de las sospechas sobre su patrimonio y el avance de investigaciones judiciales.
Las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza sumaron un nuevo capítulo este miércoles luego de que la senadora Patricia Bullrich cuestionara públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni y le exigiera presentar “de inmediato” su declaración jurada de bienes.
El planteo llegó en medio de las denuncias y sospechas que rodean al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y marcó el primer reclamo de peso dentro del oficialismo sobre un tema que comenzó a generar incomodidad creciente en el entorno del presidente Javier Milei.
Bullrich cuestionó que Adorni mantenga la decisión de esperar hasta el 31 de mayo para presentar la documentación patrimonial, fecha límite prevista por la normativa vigente. Para la legisladora, no existe motivo para postergar la exposición de esos datos cuando ya podría hacerlo de manera inmediata.
“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?”, sostuvo durante una entrevista televisiva, donde además remarcó que completar ese trámite “es bastante fácil” si ya existe una declaración anterior.
Las declaraciones tuvieron fuerte repercusión política porque hasta ahora el oficialismo había evitado mostrar diferencias públicas respecto al tema. Sin embargo, el pronunciamiento de Bullrich dejó al descubierto el malestar interno que comenzó a crecer alrededor de la situación judicial y patrimonial del jefe de Gabinete.
La senadora también advirtió que la demora en presentar la documentación termina afectando políticamente al Gobierno y alimentando las sospechas públicas. En ese sentido, sostuvo que el propio funcionario tiene la posibilidad de despejar cualquier duda vinculada a su patrimonio.
“Si los números están correctos todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo. Si no es así, será la Justicia la que determine frente a esa discordancia qué conducta toma”, afirmó.
Además, Bullrich aseguró que mantiene conversaciones “con sinceridad” sobre estos temas con Milei y consideró que prolongar el tema sin definiciones termina “empantanando” a la gestión nacional en un momento políticamente sensible.
El episodio se da en un contexto donde comenzaron a circular versiones y revelaciones sobre bienes y movimientos patrimoniales atribuidos a Adorni, mientras avanzan investigaciones judiciales vinculadas a su situación económica. Aunque desde el Gobierno evitaron hasta el momento responder públicamente a las críticas, las declaraciones de Bullrich introdujeron una señal de tensión interna que hasta ahora se mantenía contenida.
En los últimos meses, La Libertad Avanza había logrado sostener una fuerte disciplina discursiva en torno a los cuestionamientos dirigidos a funcionarios nacionales. Por eso, la aparición de diferencias públicas entre dirigentes del oficialismo adquiere relevancia política dentro del escenario actual.
Mientras crece la expectativa sobre la presentación de la declaración jurada y el posible impacto judicial del caso, la presión pública sobre Adorni comenzó a escalar incluso desde sectores aliados al propio Gobierno.
CAÍDA
CONFIANZA EN EL GOBIERNO: EL PEOR DATO DESDE EL INICIO DE LA GESTIÓN
El indicador de la Universidad Di Tella retrocedió más de 12% en abril y profundiza una tendencia negativa iniciada a fines de 2025.
Un deterioro marcado en la percepción pública volvió a reflejarse en los datos de abril: el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó a 2,02 puntos, su valor más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La medición, elaborada por la Universidad Torcuato Di Tella, registró una baja del 12,1% respecto de marzo y consolidó una tendencia descendente que se arrastra desde fines del año pasado. En ese período, el indicador acumuló una caída del 17,9%, con retrocesos mensuales consecutivos.
El informe muestra que el descenso no fue aislado, sino generalizado en todos los componentes que integran el índice. Entre ellos, el rubro “Eficiencia” presentó la mayor caída, con un retroceso del 21,4%, ubicándose en 1,87 puntos. También se observaron bajas en la Evaluación General del Gobierno (1,64) y en la percepción sobre la Preocupación por el Interés General (1,61).
Los otros dos factores medidos —Honestidad y Capacidad— también mostraron valores moderados, con 2,5 y 2 puntos respectivamente, lo que contribuye al resultado global del indicador.
El relevamiento también incorpora un análisis por franjas etarias. En ese desglose, la mayor caída de la confianza se registró entre las personas de 30 a 49 años, con un descenso del 16,7%. En contraste, el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años mostró una leve mejora del 2,3%, marcando una diferencia en la evolución de las percepciones según la edad.
En términos comparativos, el nivel actual del índice se mantiene por encima del que registraba Alberto Fernández a la misma altura de su gestión, pero por debajo de los valores alcanzados por Mauricio Macri en abril de 2018.
Otro de los aspectos relevados está vinculado a las expectativas económicas. Según el informe, quienes creen que la situación mejorará en los próximos meses presentan un nivel de confianza significativamente más alto (4,03 puntos) que aquellos que proyectan un escenario negativo, cuyo índice se ubica en apenas 0,51.
El Índice de Confianza en el Gobierno es un indicador que se construye a partir de la evaluación de cinco dimensiones vinculadas a la gestión, y funciona como un termómetro de la percepción social sobre el rumbo político y económico.
Los datos de abril refuerzan la tendencia descendente de los últimos meses y reflejan un escenario en el que la confianza muestra señales de desgaste, con diferencias marcadas según las expectativas y los grupos analizados.
CORRUPCION K
FALLO CLAVE: LA JUSTICIA AVANZA SOBRE DEL DECOMISO DE ACTIVOS DE CRISTINA KIRCHNER Y BÁEZ
La Cámara de Casación ratificó el remate de activos por más de $684 mil millones y habilitó alcanzar bienes transferidos a terceros, incluso por herencia.
Un fallo de alto impacto judicial confirmó el avance sobre el patrimonio vinculado a la causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además del empresario Lázaro Báez. La resolución avala el remate de activos para recuperar fondos vinculados a hechos de corrupción.
La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala IV, que confirmó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2. El monto a recuperar supera los 684.000 millones de pesos, cifra establecida en la sentencia original.
Uno de los puntos centrales del fallo es el alcance del decomiso. El tribunal sostuvo que los bienes obtenidos de manera ilícita pueden ser recuperados por el Estado incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. Este criterio impacta directamente en propiedades que pasaron a manos de los hijos de la exmandataria.
El voto principal, a cargo del juez Gustavo Hornos, remarcó que el decomiso no debe quedar en una declaración formal, sino traducirse en la recuperación efectiva de activos. En esa línea, señaló que permitir que los bienes sigan generando efectos económicos vaciaría de contenido la condena penal.
El juez Diego Barroetaveña acompañó esa postura, consolidando la mayoría que habilitó avanzar sobre el conjunto del patrimonio considerado de origen ilícito, incluyendo empresas que fueron parte de la maniobra, como Austral Construcciones.
En disidencia parcial, el juez Mariano Borinsky planteó reparos sobre la extensión del decomiso, especialmente en relación a bienes heredados. Según su criterio, esos activos deberían ser excluidos si no se acredita una vinculación directa con el delito.
La resolución también contempla que quienes reclamen derechos sobre los bienes deberán hacerlo por otras vías, como instancias civiles o administrativas, sin frenar la ejecución del decomiso.
El expediente incluye un amplio conjunto de activos: más de 140 inmuebles, decenas de vehículos y sumas millonarias en cuentas bancarias y cajas de seguridad. Entre ellos figura el departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.
El Ministerio Público Fiscal había insistido en avanzar con la ejecución al señalar que los condenados no habían realizado pagos para cubrir el monto fijado. La sentencia original, además, estableció penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Con este fallo, la Justicia consolida un criterio clave en materia de recuperación de activos y habilita una nueva etapa en la ejecución de la condena económica en uno de los casos más relevantes de los últimos años.
CAJONAZO
LA JUSTICIA DESCARTÓ DELITO EN EL VIAJE DE ADORNI CON SU ESPOSA EN AVIÓN OFICIAL
El juez Daniel Rafecas concluyó que no hubo delito ni uso indebido de recursos públicos en el traslado junto a su esposa.
La investigación judicial sobre el viaje oficial a Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue cerrada tras una resolución del juez Daniel Rafecas, quien dispuso archivar la causa al considerar que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado.
La decisión se apoyó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, que había analizado el uso de la aeronave oficial y la inclusión de la esposa del funcionario, Betina Angeletti, en la comitiva. La denuncia cuestionaba precisamente ese punto, al poner en duda si se habían utilizado recursos públicos de manera indebida.
Sin embargo, el análisis de la documentación aportada por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete permitió descartar irregularidades. Según la fiscalía, no se configuraron los elementos necesarios para encuadrar el caso en figuras penales vinculadas a la malversación de fondos.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue el costo del traslado. El vuelo se realizó en un avión Boeing 757-200 con capacidad para 39 pasajeros, que contaba con más de diez asientos disponibles. En ese contexto, se determinó que la presencia de la esposa del funcionario no generó gastos adicionales para el Estado.
El dictamen también consideró que la inclusión de acompañantes en este tipo de viajes forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo, siempre que no implique un impacto económico, lo que en este caso fue descartado.
Aunque la opinión de la fiscal no era obligatoria, el juez coincidió con sus argumentos y sostuvo que los hechos denunciados “carecen de entidad penal”, lo que derivó en el archivo definitivo del expediente.
De este modo, se cierra una de las causas abiertas contra el funcionario nacional. No obstante, continúa en trámite otra investigación judicial en un juzgado distinto, vinculada a su situación patrimonial.
Tras conocerse la resolución, Adorni se expresó públicamente a través de sus redes sociales, donde manifestó su conformidad con el fallo judicial.
CAMBIOS
FICHA LIMPIA INGRESA HOY AL CONGRESO DENTRO DE UNA REFORMA ELECTORAL
El proyecto ingresa al Congreso con cambios en las PASO, financiamiento político y nuevas reglas para los partidos.
Una frase directa desde el exterior vuelve a encender el debate político en Argentina y anticipa un movimiento legislativo de alto impacto: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, lanzó Javier Milei al confirmar que hoy enviará al Congreso una reforma electoral que incluye el regreso de Ficha Limpia.
El anuncio se concreta en un momento clave y con una estrategia distinta a la fallida en 2024, cuando el Senado rechazó la iniciativa. Esta vez, el oficialismo la integra dentro de un paquete más amplio que apunta a modificar reglas centrales del sistema político.
La propuesta de Ficha Limpia busca impedir que puedan ser candidatos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Según el esquema que impulsa el Ejecutivo, la restricción se aplicará si el fallo queda firme antes del 31 de diciembre previo al año electoral. En caso contrario, el impedimento regirá recién después de finalizado el proceso electoral.
Uno de los cambios más relevantes respecto al proyecto anterior es la ampliación del alcance. Ya no se limita a delitos contra la administración pública, sino que incluye otros delitos graves, en línea con planteos que sectores de la oposición vienen impulsando desde hace tiempo.
Pero más allá del contenido, el movimiento tiene una lectura política. En la Casa Rosada reconocen que la eliminación de las PASO —otro de los puntos del paquete— genera resistencias incluso entre aliados. En ese escenario, Ficha Limpia aparece como una herramienta para atraer apoyos y destrabar una negociación compleja.
La reforma se termina de delinear en reuniones internas del oficialismo, donde se define sumar este punto como un elemento de consenso frente a bloques que reclaman transparencia electoral pero rechazan eliminar las primarias.
El desafío no es menor. Para avanzar, el Gobierno necesita mayorías en ambas cámaras y, hasta ahora, ni siquiera cuenta con respaldo pleno de espacios cercanos como el PRO o sectores de la UCR.
En ese contexto, también se evalúa una jugada legislativa: enviar primero el proyecto al Senado, donde creen que existen mejores condiciones para negociar.
El paquete no se limita a Ficha Limpia. Incluye una serie de modificaciones estructurales, entre ellas la eliminación —o una nueva suspensión— de las PASO, uno de los puntos más sensibles del debate político actual.
También se prevén cambios en la creación y funcionamiento de los partidos políticos, con mayores exigencias en cantidad de afiliados y presencia territorial, además de un endurecimiento en los criterios para mantener la personería jurídica.
En paralelo, se propone modificar el sistema de financiamiento electoral. La iniciativa apunta a reducir el rol del Estado, eliminando aportes extraordinarios para campañas y manteniendo únicamente el Fondo Partidario Permanente para el funcionamiento básico de las fuerzas.
Con este esquema, el Gobierno busca reconfigurar el sistema político con una combinación de medidas que mezclan consenso y conflicto, en una discusión que promete tensiones dentro y fuera del Congreso.
HOMENAJE
VICTORIA VILLARRUEL NO FUE A LUJÁN Y LANZÓ DURAS CRÍTICAS A LA POLÍTICA
Villarruel no asistió a la ceremonia central y apuntó contra la dirigencia, en medio de tensiones dentro del oficialismo.
La ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en un acto oficial por el papa Francisco derivó en un nuevo episodio de tensión política, con críticas directas a la dirigencia y señales de distanciamiento dentro del propio Gobierno.
El hecho ocurrió durante la ceremonia realizada en la Basílica de Luján, donde sí estuvieron representantes del Ejecutivo nacional. La ausencia generó sorpresa en el ámbito político y rápidamente derivó en explicaciones públicas por parte de la titular del Senado.
https://inforoldan.com.ar/n-2261-lujan-fue-escenario-de-un-homenaje-al-papa-francisco-con-mensajes-y-gestos-politicos
Villarruel justificó su decisión al salir de otro homenaje realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde optó por participar en un ámbito distinto. En ese contexto, sostuvo que el acto central había sido “politizado” y lanzó una crítica directa al señalar que allí se encontraba “lo peor de la casta política”.
La ceremonia en Luján contó con la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. También participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un contexto donde no se registraron saludos entre las distintas comitivas.
Por su parte, el presidente Javier Milei no asistió al acto ya que se encuentra en Israel, en el marco de su tercera visita oficial a ese país desde que asumió el cargo.
Las declaraciones de Villarruel no solo apuntaron al clima del evento, sino también al rol de la política en este tipo de conmemoraciones. Según expresó, su decisión fue evitar ese escenario y optar por un espacio “con otros argentinos”, en un contexto que definió como más cercano a la gente.
Más temprano, también había trascendido que uno de los motivos de su ausencia podía estar vinculado a evitar un cruce con Adorni, quien atraviesa una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la vicepresidenta centró su explicación en el carácter que, a su entender, tomó el acto principal.
El episodio vuelve a exponer diferencias dentro del oficialismo, en un contexto donde ya se habían registrado posturas disímiles en distintos temas. La decisión de no asistir a una ceremonia institucional relevante, sumada al tono de las declaraciones, reavivó las lecturas sobre tensiones internas.
El homenaje al papa Francisco, una figura de fuerte peso simbólico tanto a nivel religioso como político, terminó así atravesado por un nuevo capítulo de confrontación discursiva. En ese escenario, la ausencia de una de las principales autoridades del país no pasó desapercibida y abrió interrogantes sobre el trasfondo de la decisión.
REUNIDOS
LUJÁN FUE ESCENARIO DE UN HOMENAJE AL PAPA FRANCISCO CON MENSAJES Y GESTOS POLÍTICOS
La ceremonia en Luján reunió a dirigentes de distintos espacios políticos y dejó mensajes sobre el legado del pontífice.
Una frase en medio de un clima cargado de simbolismo volvió a poner tensión política en un acto religioso: “no hay libertad sin justicia social”, sostuvo Axel Kicillof durante la misa por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, en un encuentro que reunió a buena parte del arco dirigencial.
La ceremonia se realizó en la Basílica de Luján y estuvo encabezada por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, ante una gran cantidad de fieles que se acercaron para recordar a Jorge Bergoglio a un año de su fallecimiento.
El acto no pasó desapercibido en el plano político. Entre los asistentes estuvieron referentes del Gobierno nacional como Martín Menem, Manuel Adorni, Bartolomé Abdala y Diego Santilli, mientras que también dijeron presente dirigentes de la oposición, entre ellos el propio Kicillof y Wado de Pedro, junto a intendentes bonaerenses.
https://inforoldan.com.ar/n-2258-victoria-villarruel-no-fue-a-lujan-y-lanzo-duras-criticas-a-la-politica
En ese contexto, el gobernador bonaerense utilizó sus redes sociales para fijar postura sobre el legado del pontífice. “A un año de la partida de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario poner en práctica sus ideales”, expresó, en un mensaje que sumó una lectura política en medio del encuentro.
Durante la homilía, Colombo evitó referencias directas a la coyuntura, pero sí puso el foco en uno de los ejes centrales del legado del Papa: la necesidad de construir unidad. En ese sentido, llamó a “superar las divisiones que persistieron durante su papado”, tanto en la sociedad como dentro de la propia Iglesia.
El arzobispo también destacó el valor simbólico de la convocatoria y señaló que este tipo de encuentros pueden convertirse en un punto de partida para recomponer vínculos. “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”, afirmó frente a los presentes.
La ceremonia se extendió durante casi una hora y estuvo marcada por momentos de recogimiento y participación de los fieles, que acompañaron con cánticos y muestras de afecto hacia la figura de Bergoglio.
Más allá del carácter religioso, la misa dejó expuesta una escena política transversal, con dirigentes de distintos espacios compartiendo un mismo ámbito, aunque con mensajes y lecturas que reflejan las diferencias actuales.
ORIENTACIÓN
EL ESTADO APUESTA A LA CAPACITACIÓN PARA GENERAR EMPLEO Y MEJORAR INGRESOS
En un contexto marcado por dificultades para acceder a empleo formal, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo programa orientado a la capacitación laboral. La iniciativa busca mejorar las oportunidades de inserción de personas que hoy enfrentan problemas para conseguir trabajo o sostenerlo.
El plan, denominado “Formando Capital Humano”, fue oficializado a través del Boletín Oficial y apunta a reforzar la formación profesional como herramienta central para el ingreso al mercado laboral. La propuesta está dirigida especialmente a quienes necesitan desarrollar o actualizar habilidades en función de las demandas actuales de la economía.
A diferencia de otros esquemas previos, el programa pone el foco en la capacitación como eje principal, con acceso a cursos vinculados a distintos sectores productivos. La intención es que los beneficiarios puedan mejorar su perfil laboral, ya sea para conseguir empleo, cambiar de actividad o fortalecer un proyecto propio.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la adecuación de la formación a las necesidades concretas del mercado. En ese sentido, se plantea una articulación entre el sector público y el privado para definir qué tipo de capacitaciones resultan más útiles en cada contexto.
Además, el esquema incorpora un cambio en la lógica de implementación. Según lo establecido, se busca reducir la intermediación y avanzar hacia un sistema basado en la demanda, donde las personas puedan acceder directamente a las propuestas formativas disponibles.
Desde el Gobierno sostienen que este modelo apunta a mejorar la transparencia y a optimizar el uso de los recursos, evitando discrecionalidades en la asignación de beneficios. Al mismo tiempo, se intenta ampliar la oferta de capacitación y facilitar el acceso a herramientas concretas para el desarrollo laboral.
El programa también se presenta como una alternativa para quienes necesitan reinsertarse en el mercado formal o mejorar su situación actual. En un escenario económico cambiante, la actualización de habilidades aparece como uno de los factores clave para sostener la empleabilidad.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca consolidar una política centrada en la formación como puente hacia el trabajo, en un contexto donde la capacitación se vuelve cada vez más determinante para acceder a nuevas oportunidades.
POLEMICA
EL CONGRESO APROBÓ LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES TRAS UN DURO DEBATE
Durante la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos. La iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques aliados y modifica los alcances de la protección sobre zonas glaciares y periglaciales.
El proyecto aprobado introduce cambios en el marco normativo que regula la actividad en áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. Entre los puntos centrales, redefine los criterios de protección de los glaciares y flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones vinculadas a recursos naturales.
La votación evidenció un escenario político fragmentado, con apoyos que trascendieron al oficialismo. Además de La Libertad Avanza, acompañaron la iniciativa legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, lo que permitió alcanzar la mayoría necesaria para la sanción.
Dentro de ese esquema, también se registraron respaldos individuales de distintos espacios, entre ellos diputados de Provincias Unidas y representantes de fuerzas provinciales. Incluso, el oficialismo logró sumar votos provenientes de sectores de Unión por la Patria, lo que resultó clave en el resultado final.
En contraste, la reforma encontró una fuerte oposición en gran parte del arco político. La mayoría de los legisladores de Unión por la Patria votó en contra, al igual que integrantes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios que cuestionaron los cambios propuestos.
Las abstenciones, por su parte, provinieron de representantes de bloques minoritarios, lo que terminó de configurar un resultado ajustado en términos políticos, aunque suficiente para la aprobación definitiva.
El debate en torno a la Ley de Glaciares tiene una larga trayectoria en el Congreso y suele generar tensiones entre sectores que priorizan el desarrollo productivo y aquellos que ponen el foco en la protección ambiental. En este caso, la discusión volvió a exponer esas diferencias.
Si bien durante la sesión se expusieron distintas posturas, uno de los ejes centrales del debate giró en torno al equilibrio entre la preservación de recursos naturales estratégicos y la posibilidad de impulsar actividades económicas en determinadas regiones.
La nueva normativa establece un marco actualizado que será clave para futuras decisiones vinculadas a proyectos productivos en zonas consideradas sensibles, aunque su implementación concreta y sus efectos serán materia de análisis en los próximos meses.
Con la sanción de esta reforma, el Congreso introduce modificaciones significativas en una de las leyes ambientales más relevantes del país, en un contexto donde las discusiones sobre recursos naturales, desarrollo y sustentabilidad continúan ocupando un lugar central en la agenda política.
INICIATIVA
CAROLINA LOSADA BUSCA QUE EL SENADO TRATE SU PROYECTO SOBRE FALSAS DENUNCIAS
La senadora nacional Carolina Losada volvió a defender el proyecto que impulsa para aumentar las penas por falsas denuncias y confirmó que la iniciativa será nuevamente dictaminada en el Senado, con la expectativa de alcanzar el recinto y obtener media sanción en las próximas semanas.
La propuesta, que la legisladora viene promoviendo desde 2022, busca modificar el marco penal vigente para endurecer las sanciones contra quienes realicen denuncias infundadas. Según explicó, el texto ya atravesó distintas instancias parlamentarias, pero perdió estado legislativo en una oportunidad y debió ser presentado nuevamente.
De acuerdo a lo detallado por Losada, el proyecto establece que las penas por falsas denuncias pasen del rango actual —de dos meses a un año— a una escala de entre uno y tres años en los casos generales. La iniciativa, además, contempla agravantes en situaciones específicas, particularmente aquellas vinculadas a denuncias en contextos de violencia.
En términos políticos, la senadora aseguró que la propuesta logró reunir apoyos de distintos espacios. Desde la Unión Cívica Radical, bloque al que pertenece, indicó que hubo acompañamiento unánime desde el inicio. También mencionó respaldo de legisladores del PRO y, más recientemente, de integrantes de La Libertad Avanza.
Ese consenso, según explicó, permitió avanzar con nuevos dictámenes y abrir la posibilidad de que el proyecto llegue finalmente al recinto. “Ya lo dictaminamos dos veces y esta sería la tercera”, señaló, en referencia al recorrido parlamentario de la iniciativa.
Durante una entrevista, Losada sostuvo que existe una percepción compartida entre senadores sobre la necesidad de legislar en esta materia, aunque admitió que no todos los respaldos se expresan públicamente. En ese marco, planteó que el debate trasciende las diferencias partidarias y responde a situaciones que, según describió, generan preocupación en distintos ámbitos.
Entre los argumentos que expuso, la legisladora mencionó testimonios de colegas y de trabajadores que manifestaron inquietudes sobre el impacto de denuncias que luego no prosperan judicialmente. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con herramientas legales que contemplen estos escenarios.
Asimismo, citó casos concretos que, según su relato, evidencian consecuencias graves derivadas de acusaciones que posteriormente fueron desestimadas por la Justicia. Uno de ellos fue el de un profesional que permaneció detenido y alejado de su familia durante años antes de ser absuelto.
En paralelo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. Losada señaló que algunos sectores políticos mantienen reservas respecto a la iniciativa, especialmente en relación con su posible impacto en denuncias vinculadas a temas de género. En ese contexto, mencionó diferencias dentro del Senado y atribuyó parte de la resistencia a posturas internas de otros bloques.
Pese a ese escenario, la senadora afirmó que el objetivo de la propuesta es equilibrar el sistema judicial, contemplando tanto la protección de las víctimas como la situación de quienes puedan resultar afectados por acusaciones sin sustento.
En relación a los datos estadísticos, Losada aclaró que evitó utilizar cifras no oficiales sobre la cantidad de denuncias falsas, al considerar que no existen registros concluyentes. En cambio, planteó que la discusión debe centrarse en la necesidad de adecuar la legislación vigente.
Con un nuevo dictamen en marcha y negociaciones abiertas entre bloques, el proyecto vuelve a posicionarse en la agenda legislativa. El próximo paso será definir si logra reunir los consensos necesarios para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.
CENSURA
EL GOBIERNO PROHÍBE EL INGRESO A PERIODISTAS EN CASA ROSADA POR PRESUNTA DESINFORMACIÓN
La medida se conoció en una jornada atravesada por la tensión dentro de la sede del Poder Ejecutivo, luego de que varios periodistas fueran notificados en el ingreso que no podrían continuar con sus tareas habituales. Según trascendió, la restricción alcanza a medios que estarían bajo investigación por supuestas operaciones de “guerra híbrida”, una categoría que incluye acciones de desinformación impulsadas desde el exterior.
Desde el entorno presidencial y la Secretaría de Comunicación explicaron que la decisión se apoya en informes de inteligencia que advierten sobre la existencia de una red de portales y comunicadores que habrían difundido contenido falso con financiamiento extranjero. En ese marco, sostienen que la medida apunta a resguardar la seguridad nacional y proteger los canales oficiales de comunicación.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la acreditación para cubrir actividades en Casa Rosada no constituye un derecho automático, sino un permiso sujeto a condiciones específicas. Bajo esa lógica, remarcaron que el acceso puede ser restringido si se detectan conductas que, según su interpretación, comprometen la veracidad de la información difundida o el normal funcionamiento institucional.
“No se trata de una restricción a la libertad de prensa”, señalaron desde el oficialismo, al tiempo que argumentaron que la decisión responde a la identificación de actores que operarían bajo directivas de agencias extranjeras. En esa línea, insistieron en que el objetivo sería evitar que la sede de Gobierno funcione como plataforma para campañas de desprestigio coordinadas.
La reacción no tardó en llegar. Asociaciones de prensa cuestionaron la medida al considerar que introduce un precedente delicado en el vínculo entre el Estado y los medios. Desde distintos sectores advirtieron que la exclusión de periodistas acreditados podría afectar el acceso a la información pública y limitar la cobertura independiente de la actividad gubernamental.
Por su parte, los comunicadores alcanzados por la decisión rechazaron de plano las acusaciones y negaron cualquier vínculo con redes internacionales de desinformación. Además, denunciaron que se trata de un acto de censura previa y reclamaron la revisión inmediata de la medida.
El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y parte de la prensa. En los últimos meses, ya se habían implementado cambios en los criterios de acreditación en Casa Rosada, con mayores exigencias vinculadas a la trayectoria y al alcance de los medios representados.
Ese antecedente había generado cuestionamientos en el sector, que ahora se profundizan con esta nueva decisión. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los periodistas que cubren la actividad oficial, en un escenario donde el acceso a la información y las condiciones de trabajo vuelven a quedar en debate.
GRIETA
CRISIS EN EL GOBIERNO: MILEI ACUSÓ A VILLARRUEL DE TRAICIÓN Y DINAMITÓ LA RELACIÓN
Desde España, el Presidente apuntó contra su vicepresidenta por supuestas maniobras en su contra y expuso una ruptura política que ya parece irreversible.
La tensión en la cúpula del Gobierno nacional alcanzó uno de sus picos más altos luego de que el presidente Javier Milei acusara públicamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de haber intentado perjudicarlo tanto en el país como en el exterior. Las declaraciones se dieron durante su participación en España, donde el mandatario no solo confirmó el quiebre político, sino que lo profundizó.
En una entrevista con el medio El Debate, Milei sostuvo que Villarruel habría desplegado acciones para “boicotearlo”, incluyendo supuestos intentos de cancelar actividades clave durante su agenda internacional. Según el jefe de Estado, este tipo de conductas no serían recientes, sino que tendrían antecedentes desde la etapa en la que ambos compartían espacio en el Congreso.
El episodio más reciente se dio en el marco del Madrid Economic Forum, donde el Presidente endureció su postura y dejó en claro que la relación institucional atraviesa un momento crítico. “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran”, afirmó, en una frase que expone el nivel de desconfianza dentro del oficialismo.
El conflicto, sin embargo, no se limita a este viaje. En su reconstrucción de los hechos, Milei ubicó un punto de quiebre en el fallido Pacto de Mayo, cuando Villarruel decidió no participar alegando problemas de salud. El mandatario cuestionó esa ausencia al señalar que, poco después, la vicepresidenta se mostró en actividades públicas en buen estado, lo que interpretó como una señal de distanciamiento político.
A partir de ese momento, según la visión del Presidente, comenzaron a evidenciarse movimientos que reforzaron la fractura interna. Entre ellos, mencionó el acercamiento de Villarruel a sectores que calificó como “complicados”, así como gestos de autonomía que, dentro del esquema de gobierno, fueron leídos como un intento de construir un posicionamiento propio.
Uno de los hechos que mayor impacto generó fue la reunión de la vicepresidenta con María Estela Martínez de Perón y el posterior homenaje realizado en el Senado. Para Milei, esa decisión representó una señal política que no pasó inadvertida y que profundizó las diferencias ideológicas dentro del espacio.
El Presidente también apuntó contra el entorno más cercano de Villarruel, al que responsabilizó por la difusión de críticas y ataques hacia su gestión. Según planteó, ese círculo habría contribuido a consolidar un clima de confrontación permanente en el seno del Gobierno.
En ese contexto, Milei fue más allá y deslizó la posibilidad de que exista una estrategia orientada a debilitar su figura. Incluso hizo referencia a versiones sobre un supuesto complot en el que podrían intervenir actores políticos externos, lo que suma un nuevo nivel de tensión al conflicto.
El trasfondo de esta disputa expone una dinámica interna compleja, donde la convivencia entre las dos principales figuras del Ejecutivo parece haber llegado a un punto límite. La falta de coordinación política, sumada a diferencias ideológicas y estratégicas, terminó por transformar una relación institucional en un enfrentamiento abierto.
Con este nuevo capítulo, el Gobierno enfrenta no solo un desafío de gestión, sino también una crisis interna que impacta directamente en su estabilidad. La evolución del vínculo entre Milei y Villarruel aparece ahora como una de las variables clave para entender el escenario político de los próximos meses.
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