INVERSIÓN
CIUDADANÍA POR INVERSIÓN: ARGENTINA OFRECERÁ DOS VÍAS PARA ACCEDER A LA NACIONALIDAD
El Gobierno argentino anunció la puesta en marcha de un Programa de Ciudadanía por Inversión destinado a extranjeros que realicen determinados aportes económicos al país. La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week que se desarrolla en París y, según la información oficial, estará operativo para recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa contempla dos mecanismos principales. La primera alternativa consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado específicamente para este programa. El Gobierno señaló que los recursos obtenidos serán destinados a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina.
El esquema también permite que determinados familiares del solicitante principal puedan acceder a la ciudadanía mediante aportes adicionales. Según la información publicada por el Gobierno, el cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitarla mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de US$25.000. De acuerdo con el ejemplo oficial, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al programa por un total de US$500.000.
La propuesta no establece un otorgamiento automático de la nacionalidad a partir del desembolso. Las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación que incluirá controles de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. También se contemplan verificaciones vinculadas con la seguridad nacional y los intereses del país.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad y de Interior, según informó el Poder Ejecutivo. Una vez finalizado el análisis, la Agencia elevará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo la decisión de aprobar o rechazar cada solicitud.
El marco para este tipo de ciudadanía ya había sido incorporado a la legislación argentina en 2025. La modificación de la Ley de Ciudadanía estableció que los extranjeros pueden acreditar una inversión relevante en el país para solicitar la ciudadanía por naturalización, mientras que el Ministerio de Economía quedó facultado para determinar qué inversiones serán consideradas relevantes y la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión fue creada para diseñar, gestionar y controlar estos programas.
El Gobierno informó además que el programa fue desarrollado con asesoramiento de firmas internacionales especializadas en migración por inversión y que incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el GAFI. Entre las firmas que confirmaron su participación en el proceso de asesoramiento se encuentra Latitude World.
La iniciativa apunta a atraer capital extranjero mediante un mecanismo que vincula una inversión económica con la posibilidad de acceder a la ciudadanía argentina. El anuncio se produce en el marco de la estrategia del Gobierno de promover la llegada de capitales internacionales y profundizar la apertura e integración del país con el exterior.
El nuevo esquema coloca a Argentina entre los países que ofrecen mecanismos de ciudadanía vinculados con inversiones económicas. La propuesta también aparece en un contexto internacional en el que distintos países desarrollaron programas destinados a atraer personas de alto patrimonio mediante inversiones, aportes o adquisición de determinados activos.
El programa argentino comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Antes de esa instancia, deberán quedar establecidos los procedimientos operativos y los mecanismos necesarios para la evaluación de los postulantes, el control de los fondos y la intervención de los organismos públicos previstos por la normativa.
VIOLENCIA
PIDEN A DIPUTADOS ANALIZAR LA EXCLUSIÓN DE GRABOIS POR DESORDEN DE CONDUCTA
Los diputados nacionales Silvana Giudici, de La Libertad Avanza (LLA), y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas (PU), presentaron iniciativas para avanzar con la exclusión de su par de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, luego de los cruces registrados durante un plenario conjunto de comisiones de la Cámara de Diputados. Las presentaciones se realizaron después de la reunión en la que comenzó el tratamiento del proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” y que terminó de manera abrupta tras los enfrentamientos verbales entre distintos legisladores.
El episodio ocurrió durante una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. De acuerdo con los fundamentos difundidos sobre las iniciativas, Grabois se dirigió a la diputada Juliana Santillán con la expresión “tontita” y al diputado Carlos Zapata con el insulto “facho de mierda”. También protagonizó cruces verbales con los diputados Jairo Guzmán y Gerardo Huesen. El intercambio derivó en la interrupción definitiva del plenario.
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A partir de lo ocurrido, Sergio Capozzi presentó una iniciativa para abrir un procedimiento disciplinario que permita analizar si corresponde avanzar con la exclusión de Grabois. Su propuesta se encuadra en el artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja y en las atribuciones previstas para el Congreso por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
El proyecto de Capozzi contempla la conformación de una comisión especial de cinco integrantes, que debería investigar los hechos, determinar su entidad y elaborar una recomendación fundada sobre la procedencia de la exclusión solicitada o de otra medida disciplinaria. El dictamen debería precisar los hechos que considere acreditados, su encuadre constitucional y reglamentario y la proporcionalidad de la medida recomendada. El plazo previsto para esa tarea es de 30 días corridos desde la constitución de la comisión.
Capozzi sostuvo que la gravedad de los episodios informados requiere una respuesta institucional fundada. En los fundamentos de su iniciativa también planteó que la potestad disciplinaria debe aplicarse sobre hechos concretos y acreditados y que el análisis debe concentrarse en la conducta desarrollada durante el episodio y sus efectos sobre el funcionamiento del trabajo parlamentario.
Por su parte, Silvana Giudici presentó una iniciativa para excluir a Grabois de la Cámara de Diputados por lo que definió en sus fundamentos como un “desorden de conducta” en el ejercicio de sus funciones. La diputada cuestionó las expresiones utilizadas durante el plenario y sostuvo que se produjeron agravios hacia autoridades y otros integrantes de la Cámara, además de situaciones que, según su presentación, derivaron en la interrupción de la reunión.
El proyecto presentado por Giudici invoca también el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece las facultades de cada Cámara para corregir o excluir a uno de sus integrantes por determinadas conductas. Para una exclusión, la Constitución establece una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
Las dos iniciativas tienen como punto de partida los mismos acontecimientos, aunque plantean mecanismos diferentes. Mientras Giudici impulsa directamente la exclusión por desorden de conducta, Capozzi propone previamente un procedimiento de análisis a través de una comisión especial que determine los hechos y evalúe la eventual sanción.
Hasta el momento, la presentación de los proyectos no implica la remoción de Grabois de su banca. La Cámara de Diputados no había resuelto ninguno de los pedidos y cualquier eventual exclusión requiere el tratamiento correspondiente y la mayoría constitucional prevista para este tipo de medidas.
El episodio se produjo en el marco del tratamiento del proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, en una reunión que quedó interrumpida luego de los cruces entre los legisladores. A partir de ese hecho, las iniciativas de Giudici y Capozzi trasladaron la discusión desde el intercambio ocurrido en las comisiones hacia el ámbito institucional y disciplinario de la Cámara baja.
VENDEPATRIAS
LA CORTE DEJÓ SIN EFECTO EL FALLO QUE HABÍA FRENADO LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE TIERRAS
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual fue derogada la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Con la decisión del máximo tribunal, queda sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado judicialmente esa derogación.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte rechazó la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata al considerar que la organización no contaba con legitimación para plantear el reclamo en los términos en que fue presentado.
El tribunal sostuvo que no estaba configurado un caso o controversia judicial porque no existía, en este planteo, un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo que habilitara la intervención de la asociación. En particular, los jueces señalaron que la soberanía territorial constituye un elemento del Estado y no encuadra como un bien colectivo en los términos previstos por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El origen del conflicto se remonta a la derogación de la Ley 26.737 a través del artículo 154 del DNU 70/2023. La norma de 2011 establecía un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y fijaba restricciones para la adquisición de esos terrenos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Tras la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo, el CECIM presentó un amparo para cuestionar la medida. Entre sus argumentos sostuvo que la eliminación de la Ley de Tierras podía favorecer la extranjerización del territorio y la concentración de grandes extensiones de campos.
El planteo tuvo inicialmente un rechazo en la Justicia Federal de La Plata. Luego, la Sala III de la Cámara Federal de esa ciudad revocó esa decisión y, en marzo de 2024, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. La Cámara también había dispuesto que el expediente fuera reinscripto como proceso colectivo. El Estado Nacional llevó posteriormente la discusión ante la Corte Suprema.
Al analizar el caso, el máximo tribunal cuestionó el reconocimiento de legitimación otorgado por la Cámara Federal al CECIM. Los jueces remarcaron que, ante la ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no podía considerarse configurado un caso judicial que habilitara el tratamiento del planteo.
La Corte también hizo referencia a la actuación de tribunales inferiores y señaló que, pese a la existencia de jurisprudencia reiterada sobre los requisitos constitucionales necesarios para configurar un caso judicial, continúan existiendo decisiones que reconocen legitimaciones que, según el tribunal, se encuentran alejadas de esos criterios.
Sin embargo, el alcance del fallo tiene un punto central: la Corte aclaró expresamente que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023. Es decir, el máximo tribunal no resolvió en esta causa si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional, sino que determinó que el planteo presentado por el CECIM no reunía las condiciones procesales necesarias para ser tratado judicialmente.
La consecuencia inmediata de la resolución es que queda sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. De este modo, vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023, aunque el fallo de la Corte no constituye una definición de fondo sobre la constitucionalidad de esa decisión normativa.
ES LEY
DÓLARES, GANANCIAS Y ARCA: LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE INOCENCIA FISCAL II
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas que el Gobierno Nacional considera clave para intentar que los dólares que permanecen fuera del circuito financiero vuelvan al sistema formal.
El proyecto obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. La sanción representa un logro legislativo para el oficialismo, que buscaba recuperar la iniciativa parlamentaria, aunque debió aceptar pedidos de sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.
Uno de los principales objetivos de la reforma es incentivar el ingreso de ahorros en dólares al circuito financiero formal mediante cambios en el régimen simplificado de Ganancias y en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
La nueva ley elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias vinculadas al patrimonio. Hasta ahora, podían acceder quienes tuvieran un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
A su vez, establece restricciones específicas para quienes ocupan cargos públicos. Legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado. La prohibición también alcanza a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos de ese tipo durante los cinco años anteriores.
Otro de los cambios centrales está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”, que establece en qué situaciones ARCA puede impugnar una declaración realizada bajo el régimen simplificado.
De acuerdo con la iniciativa, una diferencia será considerada significativa cuando implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza llevó a muchos ciudadanos a sacar sus ahorros del circuito formal y planteó que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema financiero.
Bullrich afirmó que “el enemigo de los ahorristas ha sido el Estado” y mencionó entre los mecanismos que, según su planteo, llevaron a los ciudadanos a retirar sus ahorros del circuito formal a la hiperinflación, la inflación y el cepo.
La senadora también destacó las restricciones incorporadas para los funcionarios públicos y sostuvo que podrán utilizar el mecanismo de simplificación, pero no acceder a sus beneficios.
Cruces entre el oficialismo y el peronismo
El proyecto generó fuertes cruces durante la sesión. Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente la reforma y aseguró que es “un desastre”, además de compararla con la ley aprobada en diciembre.
Mayans sostuvo que se trata de una norma que beneficia a evasores y narcotraficantes y apuntó contra distintos integrantes del oficialismo. En tanto, el debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero, quien defendió la iniciativa y sostuvo que busca generar confianza entre los contribuyentes.
“Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores”, afirmó el senador, quien cuestionó el trato que, según su mirada, recibieron los contribuyentes durante el kirchnerismo.
Por su parte, el senador peronista Fernando Salino reclamó ampliar las restricciones para incluir a las “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de funcionarios públicos contemplada en el proyecto. La sesión había comenzado a las 11:23, con un quórum estricto de 37 senadores aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Antes del tratamiento de Inocencia Fiscal II, el peronismo utilizó las cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Las acusaciones fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria y rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.
Además, el radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional ante la situación de la educación y el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluaciones PISA.
Luego de las cuestiones de privilegio, el Senado tenía previsto avanzar con el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
PRESUPUESTO
EL GOBIERNO ENVIARÁ ESTE MARTES EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 AL CONGRESO
El Gobierno nacional enviará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que contendrá las principales proyecciones económicas oficiales para el próximo ejercicio. La iniciativa llegará al Congreso en un año atravesado por las elecciones presidenciales de octubre y será debatida junto con otras propuestas consideradas prioritarias para el oficialismo.
A diferencia de años anteriores, el proyecto no será presentado por Javier Milei en cadena nacional ni mediante una exposición ante el Congreso. El texto ingresará directamente a la Cámara baja durante la jornada, de acuerdo con los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera.
El Presupuesto funcionará como la hoja de ruta económica del Ejecutivo para 2027 y estará atravesado por un escenario político marcado por las elecciones. Milei ya anticipó su intención de competir por la reelección, por lo que el tratamiento de las principales variables económicas se dará en paralelo con el proceso electoral.
Entre las previsiones incluidas en el proyecto aparece una desaceleración significativa de la inflación, junto con una recuperación de los salarios y una reducción de la pobreza. Este último indicador había vuelto a superar el 30% durante el primer semestre del año, según la información difundida.
En materia de crecimiento, el Gobierno proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá durante 2027 un impulso principalmente asociado a una mejora de la inversión. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esa mayor inversión permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos.
A esa variable se sumarían una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo. La combinación de esos factores forma parte de las expectativas del Ejecutivo para la evolución de la actividad económica durante el próximo año.
El mercado laboral también ocupa un lugar dentro de las proyecciones. El Gobierno estima que continuará una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo que acompañaría el crecimiento de la actividad.
Antes del envío del proyecto, Milei reunió en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Durante el encuentro, el Presidente planteó a sus legisladores una serie de lineamientos para defender el modelo económico de su gestión durante el debate político que acompañará el tratamiento del Presupuesto.
Entre otros puntos, pidió “cuidar la reputación económica” que, según sostuvo, la Argentina reconstruyó durante los últimos años y “sostener el rumbo frente a las interpretaciones del statu quo”. También remarcó la necesidad de contrastar los datos económicos con las interpretaciones que circulan públicamente y afirmó que el país atraviesa un proceso sostenido de crecimiento.
El tratamiento del Presupuesto coincidirá además con el debate de otras iniciativas que el oficialismo considera relevantes, entre ellas la reforma política y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
De esta manera, el proyecto que ingresará este martes a Diputados concentrará las previsiones oficiales sobre inflación, actividad, inversión, consumo y empleo para 2027, en un año en el que la discusión económica estará atravesada por las elecciones presidenciales.
El Congreso deberá analizar esas proyecciones y debatir la asignación de los recursos para el próximo ejercicio, mientras el Gobierno buscará utilizar el Presupuesto como respaldo de su programa económico y de las metas planteadas para el año próximo.
CADENA
MILEI SUBIÓ LA APUESTA POR MALVINAS: SANCIONES, PETRÓLEO Y UNA NUEVA BASE NAVAL
El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional una serie de medidas vinculadas con la política argentina sobre las Islas Malvinas, entre ellas el envío de un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades de explotación de recursos en el territorio disputado y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Durante su mensaje, el mandatario sostuvo que el Estado argentino utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender el reclamo de soberanía y los recursos naturales vinculados con las islas.
Uno de los principales puntos del anuncio estuvo relacionado con la actividad petrolera en la denominada Cuenca Malvinas Norte. Milei cuestionó particularmente el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y advirtió sobre el avance de la explotación de hidrocarburos en esa zona.
Según planteó el Presidente, se trata de un escenario diferente al de anteriores actividades desarrolladas en el área porque implica la extracción de un recurso no renovable que la Argentina considera propio.
En ese marco, Milei afirmó que las empresas que desarrollen operaciones vinculadas con las islas deberán optar entre continuar con una actividad que el Gobierno argentino considera ilegal en un territorio en disputa o desarrollar sus negocios en la Argentina continental.
El Gobierno anunció que enviará al Congreso el denominado Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla modificaciones a la Ley 26.659, norma que establece el régimen aplicable a actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
De acuerdo con lo informado durante el discurso, la iniciativa buscará ampliar las consecuencias penales y administrativas para las empresas involucradas en esas actividades. El alcance también incluiría a compañías que presten servicios a las petroleras que operen en el área.
La propuesta contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dentro de un esquema que el Gobierno presentó como parte de una estrategia más amplia para reforzar los instrumentos disponibles en materia de soberanía.
A las medidas legislativas se suma una decisión vinculada con la estructura militar argentina. Milei anunció que, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se ampliarán los recursos del Ministerio de Defensa destinados a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
El proyecto apunta a fortalecer la presencia argentina en el extremo sur del país y, según explicó el Presidente, convertir a la provincia en un punto logístico estratégico para las operaciones vinculadas con el Atlántico Sur.
La iniciativa se enmarca en la política de defensa que el Gobierno viene planteando para la región austral y en la intención de incrementar la capacidad logística y la presencia argentina en una zona considerada estratégica por su ubicación geográfica.
Durante el mensaje, Milei también hizo referencia al escenario internacional en torno a la disputa por las islas. El Presidente cuestionó la posición del Reino Unido y sostuvo que ese país atraviesa un proceso de declive, mientras presentó a la Argentina como un país con perspectivas de crecimiento.
También destacó lo que definió como una revisión de la posición histórica de Estados Unidos respecto de la cuestión Malvinas. Según Milei, Washington estaría evaluando cambios en su postura a partir de la relación que mantiene actualmente con la Argentina.
El mandatario vinculó además esta cuestión con la relación bilateral con Estados Unidos y sostuvo que la Argentina constituye un socio confiable para ese país.
El anuncio presidencial se produjo en el marco de una nueva etapa de la política oficial sobre Malvinas, con especial atención sobre la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas.
Uno de los focos está puesto en el proyecto Sea Lion, que contempla el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Para el Gobierno argentino, esas operaciones se desarrollan sin autorización de las autoridades nacionales en un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
La administración Milei busca ahora ampliar las herramientas disponibles para sancionar a las compañías que participen directa o indirectamente de esas actividades.
El proyecto de modificación de la Ley 26.659 deberá ser tratado por el Congreso si el Ejecutivo avanza con su envío. En paralelo, el DNU anunciado para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa permitirá avanzar con la planificación de la nueva instalación naval en Tierra del Fuego.
La Base Naval Integrada fue presentada como una obra destinada a fortalecer la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur. El Gobierno sostiene que su ubicación permitirá mejorar la proyección estratégica del país y reforzar la presencia en el extremo austral.
Hacia el cierre de su discurso, Milei volvió a plantear que la cuestión Malvinas debe ser considerada una política de Estado y no una cuestión vinculada exclusivamente con una administración o un espacio político.
“El reclamo por Malvinas es una causa nacional”, sostuvo el Presidente, en un mensaje que combinó los anuncios sobre defensa, las medidas contra empresas vinculadas con la explotación petrolera y el posicionamiento internacional de la Argentina frente a la disputa de soberanía.
Con estas medidas, el Gobierno busca responder al avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas mediante una combinación de herramientas legislativas, sanciones económicas y administrativas y un mayor despliegue de infraestructura de defensa en Tierra del Fuego.
URNAS
EL GOBIERNO DEFINE SU ESTRATEGIA PARA IMPULSAR LA REFORMA ELECTORAL EN EL CONGRESO
La reforma electoral volvió a ocupar el centro de la agenda del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde se analizaron los próximos movimientos del Gobierno en el Congreso y las estrategias para avanzar con distintos proyectos.
El encuentro duró poco más de dos horas y reunió a los principales integrantes del espacio político. Entre los temas analizados estuvieron la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.
El primer objetivo que aparece en el calendario legislativo es la reforma electoral. El oficialismo se prepara para impulsar su tratamiento en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, aunque todavía quedan algunas fechas por definir.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO, cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos y la denominada Ficha Limpia.
La discusión sobre las primarias abiertas vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia oficialista de cara a las elecciones de 2027. En el Gobierno consideran que la eliminación de las PASO tendría impacto sobre la organización interna de los distintos espacios políticos y, particularmente, sobre el peronismo.
La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ya había anticipado que el oficialismo volvería a impulsar la discusión. También planteó la necesidad de avanzar sobre el funcionamiento y la cantidad de partidos políticos, además de modificar mecanismos vinculados con la afiliación y el financiamiento.
“Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital”, señaló Bullrich al referirse a los cambios que busca impulsar el oficialismo.
La senadora también había planteado días atrás que la discusión sobre las PASO está directamente vinculada con el sistema electoral que se utilizará el próximo año. “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo”, había señalado, en referencia al debate sobre su continuidad.
Mientras el oficialismo organiza su agenda, la oposición prepara una convocatoria en la Cámara de Diputados para el miércoles 9 de septiembre. Entre los temas que busca llevar al recinto aparecen la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles de mora.
Los dos asuntos representan una agenda diferente a la que impulsa el Gobierno y plantean nuevos cruces en el Congreso. Sin embargo, desde Casa Rosada relativizaron el resultado obtenido por la oposición durante la última sesión de la Cámara Baja y evitaron considerar ese escenario como una señal definitiva sobre la relación de fuerzas legislativa.
La mesa política también abordó otro tema de agenda nacional: la cadena nacional que protagonizará el presidente Javier Milei por Malvinas.
Según lo analizado durante el encuentro, el Presidente grabará el mensaje este jueves a las 16 y la comunicación será emitida a las 21 del mismo día.
La cadena se producirá luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anticipó que “revisará” la posición de su país respecto del conflicto por las Islas Malvinas.
Además de Karina Milei, participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; los primos Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
La composición del encuentro se mantuvo dentro del esquema habitual de la mesa política del oficialismo y no contó en esta oportunidad con participantes externos.
Con la reforma electoral como principal prioridad para la segunda quincena de septiembre, el oficialismo comenzó a delinear una agenda que también incluye los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II.
La discusión en el Congreso tendrá como primer punto de atención el avance de la reforma electoral y, dentro de ella, el futuro de las PASO, el financiamiento de los partidos y la implementación de la Ficha Limpia.
ACTUALIZACIÓN
SALARIO MÍNIMO: EL GOBIERNO ESTABLECIÓ LOS NUEVOS VALORES HASTA ABRIL DE 2027
El Gobierno nacional oficializó este miércoles una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que no se alcanzara un acuerdo entre representantes de los gremios y empresarios. La nueva escala establece un piso de $383.800 desde el 1° de septiembre y fija los valores que regirán durante los próximos meses, hasta abril de 2027.
La medida fue establecida a través de la Resolución 4/26, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La disposición lleva la firma de Claudia Testa, titular del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, dependiente de la Secretaría de Trabajo.
A partir del 1° de septiembre, el salario mínimo para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo será de $383.800. Para los trabajadores jornalizados, el nuevo piso quedó establecido en $1.919 por hora.
La actualización también alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario, a la Administración Pública Nacional y a las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores.
El esquema definido por el Gobierno contempla nuevos incrementos mensuales. Después de los $383.800 establecidos para septiembre, el salario mínimo pasará a $391.200 en octubre y a $398.800 en noviembre.
En diciembre, el monto llegará a $406.400.
La actualización continuará durante los primeros meses de 2027. En enero, el salario mínimo será de $414.200; en febrero ascenderá a $422.000 y en marzo llegará a $429.600.
El último valor establecido en la resolución corresponde a abril de 2027, cuando el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcanzará los $437.000.
De esta manera, la resolución establece una escala completa de valores para ocho meses consecutivos, desde septiembre de 2026 hasta abril del año próximo.
CUÁNTO SERÁ EL SALARIO MÍNIMO MES POR MES
Septiembre 2026: $383.800
Octubre 2026: $391.200
Noviembre 2026: $398.800
Diciembre 2026: $406.400
Enero 2027: $414.200
Febrero 2027: $422.000
Marzo 2027: $429.600
Abril 2027: $437.000
La misma resolución establece además las condiciones para la Prestación por Desempleo, prevista en el artículo 118 de la Ley 24.013.
Según la normativa, la prestación será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese de la relación laboral.
El monto de la Prestación por Desempleo tendrá además un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. No podrá ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% del mismo monto.
Con la nueva resolución, el Gobierno dejó establecidos tanto el nuevo piso salarial para septiembre como los valores que se aplicarán de manera progresiva hasta abril de 2027, luego de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzara un acuerdo entre las partes.
INOCENCIA FISCAL
NOCENCIA FISCAL: EL OFICIALISMO LOGRÓ 139 VOTOS Y ENVIÓ EL PROYECTO AL SENADO
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el oficialismo que modifica distintos aspectos de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y amplía el universo de contribuyentes que podrán optar por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratado por el Senado. La votación se produjo durante una extensa sesión en la que el oficialismo también consiguió avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La iniciativa contó con el acompañamiento de los bloques que habitualmente respaldan al Gobierno, entre ellos el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En tanto, Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de distintos espacios, entre ellos sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, votaron en contra.
Tras la aprobación en Diputados, el presidente Javier Milei celebró el resultado a través de sus redes sociales y calificó la votación como un nuevo paso en el camino que plantea su gobierno.
El proyecto modifica las condiciones de acceso al régimen simplificado. Según la iniciativa aprobada, podrán optar por esta modalidad todas las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, sin establecer topes de ingresos ni de patrimonio para ingresar.
Ese punto representa una ampliación respecto de las condiciones actualmente vigentes. El esquema original alcanzaba a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La propuesta también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios previstos por el régimen.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el mecanismo mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá cuestionar una declaración jurada presentada bajo el sistema simplificado.
La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización del organismo sobre los contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. Al mismo tiempo, redefine el concepto de "discrepancia significativa", que funciona como uno de los criterios para que ARCA pueda impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar con una revisión de las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
De acuerdo con el texto aprobado, existirá una discrepancia significativa cuando la impugnación produzca un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto del monto declarado originalmente por el contribuyente.
El proyecto también establece condiciones para las operaciones realizadas por quienes adhieran al régimen simplificado. En ese sentido, deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, mediante los medios de pago autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Otro de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo está vinculado con las sanciones a pequeñas y medianas empresas.
Según lo acordado en el dictamen que llegó al recinto, las multas correspondientes a infracciones formales cometidas por PyMEs tendrán una reducción del 25%.
La iniciativa busca modificar el esquema de fiscalización y determinación del Impuesto a las Ganancias mediante un régimen simplificado que reduzca la carga administrativa para los contribuyentes que opten por utilizarlo, aunque mantiene herramientas de control para ARCA.
La aprobación en Diputados no implica todavía la entrada en vigencia de los cambios. El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado, donde necesitará obtener la aprobación correspondiente para convertirse en ley.
El resultado de la votación representó otro avance legislativo para La Libertad Avanza durante la sesión, en la que el oficialismo logró reunir los votos necesarios junto con sus aliados para avanzar con distintas iniciativas vinculadas a la política económica y financiera del Gobierno.
DIPUTADOS
REFORMA ELECTORAL EN SANTA FE: DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN Y EL PROYECTO PASA AL SENADO
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de reforma electoral que modifica distintos aspectos del sistema vigente. La iniciativa obtuvo 43 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias y ahora deberá ser analizada por el Senado provincial, donde tiene preferencia para el próximo jueves.
Uno de los cambios previstos mantiene las elecciones Primarias Abiertas como obligatorias, pero modifica el porcentaje necesario para acceder a las elecciones generales. El piso baja del 1,5% al 1% del padrón.
El proyecto también introduce cambios en la utilización de la Boleta Única. En las PASO se mantendrían cinco boletas por categoría, mientras que en las elecciones generales pasarían a ser tres.
En ese esquema, una boleta correspondería a gobernador y diputados, otra a senador departamental y una tercera a intendente y concejales. En aquellas que agrupen dos categorías se podrá marcar la opción de “lista completa”.
Otro de los puntos de la reforma está relacionado con las candidaturas a gobernador. En las elecciones primarias, un mismo candidato a gobernador podrá competir acompañado por hasta tres candidatos a vicegobernador distintos.
Sin embargo, los votos obtenidos por cada una de esas fórmulas no se sumarían entre sí.
También se modifica el piso para participar del reparto de bancas en la Cámara de Diputados provincial. El proyecto establece que, en la elección general, ese porcentaje pase del 3% al 4% del padrón.
La iniciativa incorpora además mayor autonomía para la conformación de las listas. En caso de aprobarse, no será obligatorio presentar un candidato a gobernador para competir por bancas de diputados provinciales.
La misma lógica se aplicará a las elecciones municipales: no será necesario presentar un candidato a intendente para poder presentar una lista de concejales.
De esta manera, el proyecto aprobado en la Cámara baja plantea modificaciones tanto en las condiciones de acceso a las elecciones generales como en la organización de las candidaturas y el sistema de Boleta Única.
La reforma deberá ahora ser tratada por la Cámara de Senadores de Santa Fe, que tiene prevista una preferencia para abordar el proyecto el próximo jueves. Hasta entonces, los cambios cuentan con media sanción y todavía deben completar el tratamiento legislativo.
VOTACIÓN
EL SENADO VOTÓ Y EL PROYECTO DE PROPIEDAD PRIVADA SIGUE SU TRATAMIENTO EN EL RECINTO
El Gobierno nacional dio este jueves un paso decisivo en el Senado para sostener el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los votos necesarios para impedir que la iniciativa regresara a comisión.
La votación representó el primer gran test parlamentario de la jornada y permitió a La Libertad Avanza consolidar el respaldo de bloques dialoguistas para mantener vivo uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.
La propuesta para frenar el debate fue presentada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien solicitó que el expediente volviera a las comisiones luego de la exposición del senador libertario Agustín Coto, encargado de explicar las modificaciones incorporadas al texto oficial.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por 38 votos contra 31, lo que permitió que la discusión continuara directamente en el recinto.
https://inforoldan.com.ar/n-2717-marcha-atras-el-gobierno-tuvo-que-bajar-el-capitulo-mas-polemico-de-la-ley
El Gobierno nacional dio este jueves un paso decisivo en el Senado para sostener el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los votos necesarios para impedir que la iniciativa regresara a comisión.
La votación representó el primer gran test parlamentario de la jornada y permitió a La Libertad Avanza consolidar el respaldo de bloques dialoguistas para mantener vivo uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.
La propuesta para frenar el debate fue presentada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien solicitó que el expediente volviera a las comisiones luego de la exposición del senador libertario Agustín Coto, encargado de explicar las modificaciones incorporadas al texto oficial.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por 38 votos contra 31, lo que permitió que la discusión continuara directamente en el recinto.
El Gobierno nacional dio este jueves un paso decisivo en el Senado para sostener el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los votos necesarios para impedir que la iniciativa regresara a comisión.
La votación representó el primer gran test parlamentario de la jornada y permitió a La Libertad Avanza consolidar el respaldo de bloques dialoguistas para mantener vivo uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.
La propuesta para frenar el debate fue presentada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien solicitó que el expediente volviera a las comisiones luego de la exposición del senador libertario Agustín Coto, encargado de explicar las modificaciones incorporadas al texto oficial.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por 38 votos contra 31, lo que permitió que la discusión continuara directamente en el recinto.
El resultado volvió a mostrar el esquema de alianzas que viene construyendo el oficialismo en la Cámara alta. Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la continuidad del tratamiento senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Del lado de la oposición votaron los integrantes del interbloque peronista, junto a legisladores de Convicción Federal y algunos representantes provinciales que respaldaron la moción para devolver el proyecto a comisión.
Con esta primera votación superada, el Gobierno consiguió mantener en discusión una iniciativa que plantea modificaciones en distintos aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Entre los puntos que permanecen en el proyecto se encuentran los cambios para agilizar los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, nuevas disposiciones sobre expropiaciones y reformas en la Ley de Manejo del Fuego.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras, que había generado fuertes diferencias políticas durante las últimas semanas, fue retirado previamente por el oficialismo con el objetivo de facilitar la construcción de consensos y evitar una derrota legislativa.
La estrategia permitió destrabar el debate y concentrar la discusión en el resto del articulado, considerado prioritario por la Casa Rosada.
Tras la votación inicial comenzaron las exposiciones de los distintos senadores. Los primeros en tomar la palabra fueron los legisladores peronistas Jorge Capitanich, Daniel Bensusán y Ana Marks, mientras que el listado de oradores supera las tres decenas.
Se prevé que la sesión se extienda durante varias horas y que la definición sobre el proyecto llegue recién durante la madrugada, en una jornada que aparece como una de las más importantes del actual período legislativo.
El resultado final determinará si el oficialismo logra convertir en ley una de las reformas impulsadas dentro de su agenda parlamentaria o si la oposición consigue bloquear algunos de sus principales artículos.
El resultado volvió a mostrar el esquema de alianzas que viene construyendo el oficialismo en la Cámara alta. Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la continuidad del tratamiento senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Del lado de la oposición votaron los integrantes del interbloque peronista, junto a legisladores de Convicción Federal y algunos representantes provinciales que respaldaron la moción para devolver el proyecto a comisión.
Con esta primera votación superada, el Gobierno consiguió mantener en discusión una iniciativa que plantea modificaciones en distintos aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Entre los puntos que permanecen en el proyecto se encuentran los cambios para agilizar los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, nuevas disposiciones sobre expropiaciones y reformas en la Ley de Manejo del Fuego.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras, que había generado fuertes diferencias políticas durante las últimas semanas, fue retirado previamente por el oficialismo con el objetivo de facilitar la construcción de consensos y evitar una derrota legislativa.
La estrategia permitió destrabar el debate y concentrar la discusión en el resto del articulado, considerado prioritario por la Casa Rosada.
Tras la votación inicial comenzaron las exposiciones de los distintos senadores. Los primeros en tomar la palabra fueron los legisladores peronistas Jorge Capitanich, Daniel Bensusán y Ana Marks, mientras que el listado de oradores supera las tres decenas.
Se prevé que la sesión se extienda durante varias horas y que la definición sobre el proyecto llegue recién durante la madrugada, en una jornada que aparece como una de las más importantes del actual período legislativo.
El resultado final determinará si el oficialismo logra convertir en ley una de las reformas impulsadas dentro de su agenda parlamentaria o si la oposición consigue bloquear algunos de sus principales artículos.
El Gobierno nacional dio este jueves un paso decisivo en el Senado para sostener el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los votos necesarios para impedir que la iniciativa regresara a comisión.
La votación representó el primer gran test parlamentario de la jornada y permitió a La Libertad Avanza consolidar el respaldo de bloques dialoguistas para mantener vivo uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.
La propuesta para frenar el debate fue presentada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien solicitó que el expediente volviera a las comisiones luego de la exposición del senador libertario Agustín Coto, encargado de explicar las modificaciones incorporadas al texto oficial.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por 38 votos contra 31, lo que permitió que la discusión continuara directamente en el recinto.
El resultado volvió a mostrar el esquema de alianzas que viene construyendo el oficialismo en la Cámara alta. Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la continuidad del tratamiento senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Del lado de la oposición votaron los integrantes del interbloque peronista, junto a legisladores de Convicción Federal y algunos representantes provinciales que respaldaron la moción para devolver el proyecto a comisión.
Con esta primera votación superada, el Gobierno consiguió mantener en discusión una iniciativa que plantea modificaciones en distintos aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Entre los puntos que permanecen en el proyecto se encuentran los cambios para agilizar los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, nuevas disposiciones sobre expropiaciones y reformas en la Ley de Manejo del Fuego.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras, que había generado fuertes diferencias políticas durante las últimas semanas, fue retirado previamente por el oficialismo con el objetivo de facilitar la construcción de consensos y evitar una derrota legislativa.
La estrategia permitió destrabar el debate y concentrar la discusión en el resto del articulado, considerado prioritario por la Casa Rosada.
Tras la votación inicial comenzaron las exposiciones de los distintos senadores. Los primeros en tomar la palabra fueron los legisladores peronistas Jorge Capitanich, Daniel Bensusán y Ana Marks, mientras que el listado de oradores supera las tres decenas.
Se prevé que la sesión se extienda durante varias horas y que la definición sobre el proyecto llegue recién durante la madrugada, en una jornada que aparece como una de las más importantes del actual período legislativo.
El resultado final determinará si el oficialismo logra convertir en ley una de las reformas impulsadas dentro de su agenda parlamentaria o si la oposición consigue bloquear algunos de sus principales artículos.
El Gobierno nacional dio este jueves un paso decisivo en el Senado para sostener el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los votos necesarios para impedir que la iniciativa regresara a comisión.
La votación representó el primer gran test parlamentario de la jornada y permitió a La Libertad Avanza consolidar el respaldo de bloques dialoguistas para mantener vivo uno de los proyectos más importantes impulsados por la administración de Javier Milei.
La propuesta para frenar el debate fue presentada por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien solicitó que el expediente volviera a las comisiones luego de la exposición del senador libertario Agustín Coto, encargado de explicar las modificaciones incorporadas al texto oficial.
Sin embargo, el planteo fue rechazado por 38 votos contra 31, lo que permitió que la discusión continuara directamente en el recinto.
El resultado volvió a mostrar el esquema de alianzas que viene construyendo el oficialismo en la Cámara alta. Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la continuidad del tratamiento senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Del lado de la oposición votaron los integrantes del interbloque peronista, junto a legisladores de Convicción Federal y algunos representantes provinciales que respaldaron la moción para devolver el proyecto a comisión.
Con esta primera votación superada, el Gobierno consiguió mantener en discusión una iniciativa que plantea modificaciones en distintos aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Entre los puntos que permanecen en el proyecto se encuentran los cambios para agilizar los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, nuevas disposiciones sobre expropiaciones y reformas en la Ley de Manejo del Fuego.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras, que había generado fuertes diferencias políticas durante las últimas semanas, fue retirado previamente por el oficialismo con el objetivo de facilitar la construcción de consensos y evitar una derrota legislativa.
La estrategia permitió destrabar el debate y concentrar la discusión en el resto del articulado, considerado prioritario por la Casa Rosada.
Tras la votación inicial comenzaron las exposiciones de los distintos senadores. Los primeros en tomar la palabra fueron los legisladores peronistas Jorge Capitanich, Daniel Bensusán y Ana Marks, mientras que el listado de oradores supera las tres decenas.
Se prevé que la sesión se extienda durante varias horas y que la definición sobre el proyecto llegue recién durante la madrugada, en una jornada que aparece como una de las más importantes del actual período legislativo.
El resultado final determinará si el oficialismo logra convertir en ley una de las reformas impulsadas dentro de su agenda parlamentaria o si la oposición consigue bloquear algunos de sus principales artículos.
El resultado volvió a mostrar el esquema de alianzas que viene construyendo el oficialismo en la Cámara alta. Además de los legisladores de La Libertad Avanza, acompañaron la continuidad del tratamiento senadores de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de distintos bloques provinciales.
Del lado de la oposición votaron los integrantes del interbloque peronista, junto a legisladores de Convicción Federal y algunos representantes provinciales que respaldaron la moción para devolver el proyecto a comisión.
Con esta primera votación superada, el Gobierno consiguió mantener en discusión una iniciativa que plantea modificaciones en distintos aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.
Entre los puntos que permanecen en el proyecto se encuentran los cambios para agilizar los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, nuevas disposiciones sobre expropiaciones y reformas en la Ley de Manejo del Fuego.
El capítulo referido a la extranjerización de tierras, que había generado fuertes diferencias políticas durante las últimas semanas, fue retirado previamente por el oficialismo con el objetivo de facilitar la construcción de consensos y evitar una derrota legislativa.
La estrategia permitió destrabar el debate y concentrar la discusión en el resto del articulado, considerado prioritario por la Casa Rosada.
Tras la votación inicial comenzaron las exposiciones de los distintos senadores. Los primeros en tomar la palabra fueron los legisladores peronistas Jorge Capitanich, Daniel Bensusán y Ana Marks, mientras que el listado de oradores supera las tres decenas.
Se prevé que la sesión se extienda durante varias horas y que la definición sobre el proyecto llegue recién durante la madrugada, en una jornada que aparece como una de las más importantes del actual período legislativo.
El resultado final determinará si el oficialismo logra convertir en ley una de las reformas impulsadas dentro de su agenda parlamentaria o si la oposición consigue bloquear algunos de sus principales artículos.
LANZAMIENTO
RAÍS: NACIÓ UNA NUEVA CORRIENTE DEL PERONISMO SANTAFESINO CON REPRESENTACIÓN PROVINCIAL
El peronismo santafesino comenzó a mover sus piezas en un escenario de fuerte reconfiguración política. En un contexto marcado por la falta de una conducción provincial consolidada y la necesidad de reorganizar al espacio tras los últimos procesos electorales, más de 200 dirigentes participaron del lanzamiento de RAÍS (Red de Acción e Identidad Santafesina), una nueva construcción impulsada por intendentes, presidentes comunales y referentes de distintos departamentos de Santa Fe.
El encuentro se realizó en la ciudad de Santa Fe y reunió a representantes de prácticamente toda la provincia, con el objetivo de comenzar a delinear una agenda común basada en la gestión local, el desarrollo regional y la construcción de una alternativa política con identidad santafesina.
Entre los principales participantes estuvieron los intendentes Roly Santacroce (Funes), Jorge Berti (Villa Constitución), Enri Vallejos (Reconquista), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Rubén Cuello (Calchaquí), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal) y Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), además de presidentes comunales, concejales, representantes del sector productivo y dirigentes provenientes de los distintos departamentos santafesinos.
La convocatoria representa uno de los movimientos políticos más importantes que surgieron dentro del peronismo provincial en los últimos meses y busca construir un ámbito de debate que trascienda las estructuras tradicionales del partido, apoyándose en la experiencia de quienes actualmente gobiernan municipios y comunas.
Durante la jornada se abordaron temas vinculados al desarrollo productivo, la generación de empleo, la infraestructura, las economías regionales, la educación, la seguridad y el fortalecimiento del federalismo provincial. El objetivo fue comenzar a elaborar propuestas que reflejen las distintas realidades territoriales y que puedan convertirse en una plataforma política para los próximos años.
Desde el espacio sostienen que la experiencia de los gobiernos locales constituye una herramienta clave para diseñar políticas públicas con mayor conocimiento de las problemáticas cotidianas de cada comunidad.
Uno de los principales conceptos que atravesó el encuentro fue la necesidad de reconstruir el vínculo entre la política y la ciudadanía. Los organizadores coincidieron en que los gobiernos locales son hoy el nivel del Estado con mayor contacto directo con los vecinos y, por lo tanto, quienes reciben de manera inmediata las demandas sociales.
En ese marco, plantearon que muchas de las respuestas que necesita Santa Fe pueden surgir desde esa experiencia territorial, con una mirada menos centralizada y más vinculada a las necesidades concretas de cada localidad.
La creación de RAÍS también aparece como una señal del proceso de reorganización que atraviesa el justicialismo santafesino. Tras varios años de divisiones internas y resultados electorales adversos, distintos sectores comenzaron a impulsar nuevos espacios de discusión con la intención de recuperar protagonismo político y construir una propuesta competitiva de cara al futuro.
Aunque el encuentro tuvo un fuerte componente institucional, también dejó entrever la intención de conformar un ámbito de articulación política permanente entre dirigentes que actualmente tienen responsabilidades de gestión en diferentes puntos de la provincia.
Los impulsores del espacio remarcaron que la propuesta no pretende limitarse exclusivamente a los dirigentes del peronismo tradicional, sino abrir la participación a referentes sociales, empresarios, profesionales, jóvenes y actores de distintos sectores que quieran aportar ideas para una agenda de desarrollo provincial.
En ese sentido, señalaron que la construcción buscará incorporar nuevas voces y ampliar la participación mediante encuentros que se desarrollarán en distintas regiones de Santa Fe durante los próximos meses.
Uno de los referentes presentes fue el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien sostuvo que RAÍS busca reunir la experiencia de quienes gestionan diariamente en contacto con los vecinos para transformarla en propuestas concretas para la provincia. Además, planteó la necesidad de renovar la política, fortalecer la unidad del espacio y generar una alternativa que tenga como eje los problemas cotidianos de los santafesinos.
La intención de los organizadores es que este primer encuentro sea el punto de partida de una serie de reuniones regionales que permitan consolidar una agenda común y ampliar la base de participación de un espacio que comienza a posicionarse dentro del escenario político santafesino.
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