CENSURA
EL GOBIERNO PROHÍBE EL INGRESO A PERIODISTAS EN CASA ROSADA POR PRESUNTA DESINFORMACIÓN
La medida se conoció en una jornada atravesada por la tensión dentro de la sede del Poder Ejecutivo, luego de que varios periodistas fueran notificados en el ingreso que no podrían continuar con sus tareas habituales. Según trascendió, la restricción alcanza a medios que estarían bajo investigación por supuestas operaciones de “guerra híbrida”, una categoría que incluye acciones de desinformación impulsadas desde el exterior.
Desde el entorno presidencial y la Secretaría de Comunicación explicaron que la decisión se apoya en informes de inteligencia que advierten sobre la existencia de una red de portales y comunicadores que habrían difundido contenido falso con financiamiento extranjero. En ese marco, sostienen que la medida apunta a resguardar la seguridad nacional y proteger los canales oficiales de comunicación.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que la acreditación para cubrir actividades en Casa Rosada no constituye un derecho automático, sino un permiso sujeto a condiciones específicas. Bajo esa lógica, remarcaron que el acceso puede ser restringido si se detectan conductas que, según su interpretación, comprometen la veracidad de la información difundida o el normal funcionamiento institucional.
“No se trata de una restricción a la libertad de prensa”, señalaron desde el oficialismo, al tiempo que argumentaron que la decisión responde a la identificación de actores que operarían bajo directivas de agencias extranjeras. En esa línea, insistieron en que el objetivo sería evitar que la sede de Gobierno funcione como plataforma para campañas de desprestigio coordinadas.
La reacción no tardó en llegar. Asociaciones de prensa cuestionaron la medida al considerar que introduce un precedente delicado en el vínculo entre el Estado y los medios. Desde distintos sectores advirtieron que la exclusión de periodistas acreditados podría afectar el acceso a la información pública y limitar la cobertura independiente de la actividad gubernamental.
Por su parte, los comunicadores alcanzados por la decisión rechazaron de plano las acusaciones y negaron cualquier vínculo con redes internacionales de desinformación. Además, denunciaron que se trata de un acto de censura previa y reclamaron la revisión inmediata de la medida.
El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y parte de la prensa. En los últimos meses, ya se habían implementado cambios en los criterios de acreditación en Casa Rosada, con mayores exigencias vinculadas a la trayectoria y al alcance de los medios representados.
Ese antecedente había generado cuestionamientos en el sector, que ahora se profundizan con esta nueva decisión. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los periodistas que cubren la actividad oficial, en un escenario donde el acceso a la información y las condiciones de trabajo vuelven a quedar en debate.
GRIETA
CRISIS EN EL GOBIERNO: MILEI ACUSÓ A VILLARRUEL DE TRAICIÓN Y DINAMITÓ LA RELACIÓN
Desde España, el Presidente apuntó contra su vicepresidenta por supuestas maniobras en su contra y expuso una ruptura política que ya parece irreversible.
La tensión en la cúpula del Gobierno nacional alcanzó uno de sus picos más altos luego de que el presidente Javier Milei acusara públicamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de haber intentado perjudicarlo tanto en el país como en el exterior. Las declaraciones se dieron durante su participación en España, donde el mandatario no solo confirmó el quiebre político, sino que lo profundizó.
En una entrevista con el medio El Debate, Milei sostuvo que Villarruel habría desplegado acciones para “boicotearlo”, incluyendo supuestos intentos de cancelar actividades clave durante su agenda internacional. Según el jefe de Estado, este tipo de conductas no serían recientes, sino que tendrían antecedentes desde la etapa en la que ambos compartían espacio en el Congreso.
El episodio más reciente se dio en el marco del Madrid Economic Forum, donde el Presidente endureció su postura y dejó en claro que la relación institucional atraviesa un momento crítico. “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran”, afirmó, en una frase que expone el nivel de desconfianza dentro del oficialismo.
El conflicto, sin embargo, no se limita a este viaje. En su reconstrucción de los hechos, Milei ubicó un punto de quiebre en el fallido Pacto de Mayo, cuando Villarruel decidió no participar alegando problemas de salud. El mandatario cuestionó esa ausencia al señalar que, poco después, la vicepresidenta se mostró en actividades públicas en buen estado, lo que interpretó como una señal de distanciamiento político.
A partir de ese momento, según la visión del Presidente, comenzaron a evidenciarse movimientos que reforzaron la fractura interna. Entre ellos, mencionó el acercamiento de Villarruel a sectores que calificó como “complicados”, así como gestos de autonomía que, dentro del esquema de gobierno, fueron leídos como un intento de construir un posicionamiento propio.
Uno de los hechos que mayor impacto generó fue la reunión de la vicepresidenta con María Estela Martínez de Perón y el posterior homenaje realizado en el Senado. Para Milei, esa decisión representó una señal política que no pasó inadvertida y que profundizó las diferencias ideológicas dentro del espacio.
El Presidente también apuntó contra el entorno más cercano de Villarruel, al que responsabilizó por la difusión de críticas y ataques hacia su gestión. Según planteó, ese círculo habría contribuido a consolidar un clima de confrontación permanente en el seno del Gobierno.
En ese contexto, Milei fue más allá y deslizó la posibilidad de que exista una estrategia orientada a debilitar su figura. Incluso hizo referencia a versiones sobre un supuesto complot en el que podrían intervenir actores políticos externos, lo que suma un nuevo nivel de tensión al conflicto.
El trasfondo de esta disputa expone una dinámica interna compleja, donde la convivencia entre las dos principales figuras del Ejecutivo parece haber llegado a un punto límite. La falta de coordinación política, sumada a diferencias ideológicas y estratégicas, terminó por transformar una relación institucional en un enfrentamiento abierto.
Con este nuevo capítulo, el Gobierno enfrenta no solo un desafío de gestión, sino también una crisis interna que impacta directamente en su estabilidad. La evolución del vínculo entre Milei y Villarruel aparece ahora como una de las variables clave para entender el escenario político de los próximos meses.
ACTUALIZACIÓN
DELITOS MODERNOS EN LA LEY: EL PLAN DEL GOBIERNO PARA ACTUALIZAR EL CÓDIGO PENAL
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanza en una reforma del Código Penal con el objetivo de actualizar la normativa vigente, incorporar nuevas figuras delictivas y endurecer penas en distintos casos. La iniciativa fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con el mandatario, y será enviada al Congreso mediante un esquema de proyectos parciales.
Según explicaron desde el Ejecutivo, la estrategia apunta a avanzar con modificaciones inmediatas sin esperar la sanción de un nuevo Código Penal integral que reemplace al actual, vigente desde 1921. En paralelo, se trabaja en la redacción de un texto completo adaptado a las nuevas modalidades delictivas.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de delitos que actualmente no cuentan con una tipificación específica o presentan vacíos legales. En ese marco, el Gobierno busca incluir figuras como estafas piramidales, delitos migratorios, las denominadas “viudas negras”, salideras bancarias, entraderas y robos cometidos por “motochorros”.
También se propone avanzar sobre otras conductas como el maltrato animal, el ingreso de armas en cárceles y la organización de picadas ilegales en la vía pública. Desde el oficialismo sostienen que estas prácticas son recurrentes, pero su encuadre legal actual dificulta tanto la investigación judicial como la aplicación de sanciones proporcionales.
La iniciativa también contempla un endurecimiento de penas en delitos ya existentes. Si bien no se detallaron todos los cambios específicos, el enfoque estará puesto en aumentar los años de prisión y revisar los criterios para otorgar beneficios como la libertad condicional en determinados casos.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que el proyecto tendrá como eje reforzar el sistema penal frente a delitos que generan alto impacto social. La intención oficial es que las penas reflejen con mayor precisión la gravedad de los hechos.
El plan actual retoma antecedentes recientes. Durante la gestión del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se había impulsado un proyecto integral de reforma del Código Penal junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese borrador incluía una reestructuración completa del sistema, con ampliación de artículos y nuevas tipificaciones.
Sin embargo, esa iniciativa no llegó a ser tratada en el Congreso y quedó en suspenso tras cambios en el gabinete nacional. A pesar de ello, el documento será utilizado como base técnica para la nueva propuesta, con ajustes en su enfoque.
Actualmente, el Ministerio de Justicia trabaja en una estrategia de doble vía. Por un lado, se enviarán proyectos parciales para modificar aspectos puntuales del Código vigente, permitiendo su aplicación en el corto plazo. Por otro, se continuará con la elaboración de un nuevo Código Penal completo.
Este esquema busca evitar demoras legislativas prolongadas y acelerar la implementación de cambios considerados prioritarios por el Ejecutivo. En ese marco, se prevé que en las próximas semanas comiencen a ingresar los primeros proyectos al Congreso.
Mientras tanto, continúan las reuniones entre funcionarios para definir los detalles de la reforma y coordinar su tratamiento legislativo, en un proceso que apunta a introducir cambios progresivos en el sistema penal argentino.
DESGASTE
INTERNA LIBERTARIA: VILLARRUEL HABLÓ DE MANIOBRAS PARA DESPLAZARLA
La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que dentro de La Libertad Avanza existen sectores que le están pidiendo la renuncia y denunció maniobras internas para desplazarla. Las declaraciones, realizadas durante la madrugada, reavivaron las tensiones en el oficialismo y generaron repercusiones inmediatas en el escenario político nacional.
El conflicto se desató luego de que Villarruel cuestionara públicamente al diputado y exministro de Defensa Luis Petri, a quien calificó de manera irónica como “vecina chusma”. El comentario dejó expuesto el nivel de desgaste en la relación entre referentes libertarios y funcionarios aliados al Gobierno.
Respuesta a Milei y acusaciones internas
La vicepresidenta también respondió a críticas que, según trascendió, provinieron del entorno del presidente Javier Milei. En los últimos días circularon versiones sobre una supuesta actitud “golpista” atribuida a Villarruel, interpretación que ella rechazó de manera tajante.
Sin mencionarlo de forma directa, la titular del Senado desestimó esas acusaciones y defendió su rol institucional. Remarcó que actúa dentro de las atribuciones constitucionales que le corresponden y cuestionó a dirigentes que, según sostuvo, buscan debilitar su posición dentro del espacio gobernante.
En el sistema político argentino, la vicepresidencia ocupa un lugar estratégico: además de integrar la fórmula presidencial, preside el Senado y forma parte de la línea de sucesión. Por eso, cualquier señal de ruptura interna adquiere relevancia tanto en el Congreso como en los mercados y en la oposición.
Tensiones en el oficialismo
El episodio se suma a otros desacuerdos recientes dentro del oficialismo, donde distintos sectores disputan influencia en áreas clave como el Congreso, el Gabinete y los organismos vinculados a la seguridad.
La figura de Villarruel ya había quedado en el centro de debates internos por diferencias en temas sensibles, entre ellos políticas de seguridad, memoria y el rol de las Fuerzas Armadas. La exposición pública de esta nueva controversia profundiza la percepción de reacomodamientos en la coalición gobernante.
Desde la Casa Rosada evitaron ampliar el cruce y señalaron que la prioridad del Ejecutivo continúa siendo la agenda económica. Sin embargo, en el ámbito legislativo el episodio fue leído como un nuevo capítulo en la relación entre el presidente y su vicepresidenta.
Un escenario abierto
La escalada verbal ocurre en un contexto de negociaciones legislativas complejas y de intentos del Gobierno por avanzar con reformas estructurales en un Congreso fragmentado. En ese marco, la cohesión interna resulta clave para sostener acuerdos y mayorías circunstanciales.
Por el momento, Villarruel dejó en claro que no tiene intención de dar un paso al costado. La tensión, sin embargo, instala interrogantes sobre la dinámica interna de La Libertad Avanza y el impacto que estos cruces puedan tener en la gobernabilidad hacia adelante.
AGRESIVO
APERTURA DE SESIONES: ANUNCIAN UN PAQUETE MASIVO DE CAMBIOS ESTRUCTURALES
El presidente Javier Milei anunció desde el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación que enviará al Congreso un paquete de 90 reformas estructurales, con el objetivo de tratar 10 iniciativas por mes hasta fin de año. El anuncio se realizó durante la apertura de sesiones ordinarias y marca el inicio de un calendario legislativo recargado que anticipa meses de negociación intensa y confrontación política.
El mandatario no detalló uno por uno los proyectos, pero en la Casa Rosada confirmaron que abarcarán áreas económicas, laborales, institucionales y del funcionamiento del Estado, con eje en la desregulación y la reducción del gasto público.
Un plan de reformas con ritmo acelerado
La estrategia oficial plantea un esquema de envíos periódicos al Parlamento para sostener un flujo constante de iniciativas. El Gobierno busca mostrar capacidad de gestión y continuidad en su programa de ajuste, en un contexto de desaceleración inflacionaria, actividad económica con altibajos y debate abierto sobre el rumbo productivo.
En el plano económico, se prevén propuestas vinculadas a privatizaciones de empresas públicas, modificaciones en subsidios y cambios regulatorios en sectores considerados estratégicos. El Ejecutivo apuesta a dar señales de previsibilidad a inversores y mercados, al tiempo que acelera transformaciones que, según su diagnóstico, requieren rapidez para consolidarse.
También se anticipan proyectos en materia laboral y tributaria, aunque aún no se precisaron alcances ni plazos de tratamiento.
Cambios políticos e institucionales
Uno de los ejes que generó mayor expectativa fue la referencia presidencial a la necesidad de revisar la “arquitectura institucional”. Si bien no profundizó, mencionó reformas en legislación electoral, sistema penal y organización judicial.
El Gobierno impulsa además modificaciones en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, junto con cambios en organismos de control. Desde sectores opositores interpretan estas iniciativas como intentos de reconfigurar equilibrios de poder, lo que anticipa debates intensos en comisiones y en el recinto.
La falta de mayoría propia en ambas cámaras obliga al oficialismo a negociar con bloques dialoguistas y gobernadores. Cada proyecto deberá reunir consensos específicos, en un escenario donde el respaldo parlamentario no está garantizado.
Un discurso con fuerte tono político
Durante su exposición, Milei combinó la presentación de su agenda legislativa con críticas directas a la oposición, en especial al kirchnerismo. Definió su programa económico en términos morales y atribuyó a gobiernos anteriores la situación heredada.
El discurso, que se extendió por una hora y cuarenta minutos en cadena nacional, alternó la lectura de un texto titulado “La moral como política de Estado” con intercambios verbales con legisladores opositores. El tono confrontativo marcó el clima de la apertura de sesiones y dejó planteado un escenario de polarización en el Congreso.
En su intervención también apuntó contra empresarios a quienes cuestionó públicamente, replicando expresiones que ya había utilizado en redes sociales. La escena trasladó al recinto parlamentario una dinámica discursiva habitual en plataformas digitales.
Negociaciones y posible judicialización
Analistas políticos señalan que un cronograma con 90 proyectos en pocos meses podría derivar en sesiones extensas, movilizaciones sociales y eventuales planteos judiciales sobre normas sensibles.
Sindicatos y bloques opositores ya anticiparon que revisarán el alcance de las reformas, en especial aquellas vinculadas a empleo, regulación económica y funcionamiento institucional.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el Congreso será el principal escenario de debate en 2026 y que la aprobación de las iniciativas definirá el rumbo de mediano plazo.
Impacto en la gestión
De cara a los próximos meses, el efecto de las reformas en variables como inflación, actividad económica y poder adquisitivo será observado con atención. El Ejecutivo busca consolidar su narrativa de transformación estructural mientras enfrenta un contexto económico todavía frágil.
El anuncio de un paquete de 90 proyectos redefine la agenda parlamentaria y anticipa un período de alta intensidad política. Con el Congreso como epicentro, oficialismo y oposición medirán fuerzas en cada votación.
ES LEY
CON 44 VOTOS A FAVOR, SE SANCIONÓ LA REFORMA DE LA LEY PENAL JUVENIL
El Senado aprobó esta tarde la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco de la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación terminó con 44 votos positivos y 27 negativos, otorgándole al oficialismo un nuevo triunfo legislativo en el período de sesiones extraordinarias.
La iniciativa fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza y acompañada por distintos sectores aliados. Durante el debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio por las víctimas de hechos de inseguridad y defendió el proyecto en el recinto.
Qué establece la nueva ley
La norma crea un sistema penal juvenil especializado destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años. El objetivo, según el texto aprobado, es establecer un régimen judicial adaptado a la edad de los imputados, con procedimientos específicos y garantías acordes a su condición.
Entre los puntos centrales, la ley incorpora la presunción favorable a la minoría de edad, lo que implica que ante dudas sobre la edad del acusado debe prevalecer la interpretación más beneficiosa. Además, dispone que los menores de 18 años no podrán compartir espacios judiciales ni penitenciarios con adultos.
El nuevo régimen contempla instancias procesales diferenciadas y establece que las medidas adoptadas deberán tener en cuenta la situación personal, familiar y social del adolescente involucrado.
El debate en el recinto
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Desde el bloque de La Libertad Avanza defendieron la necesidad de actualizar la legislación vigente, al considerar que el sistema actual no responde a la realidad delictiva ni brinda respuestas suficientes a las víctimas.
“Vinimos a poner orden”, expresó Patricia Bullrich durante su intervención, en la que también planteó que el eje del debate debe centrarse en el delito y no en la edad del autor.
Desde los bloques opositores, en cambio, se cuestionó el enfoque de la reforma y se advirtió sobre el impacto que podría tener en términos de política criminal y derechos de los adolescentes. Algunos legisladores señalaron que la discusión debería estar acompañada por políticas sociales y preventivas más amplias.
El proyecto había atravesado instancias de tratamiento previo y modificaciones en comisión antes de llegar al recinto para su votación definitiva.
Un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo
Con esta aprobación, el Gobierno suma otra iniciativa clave sancionada durante las sesiones extraordinarias. La baja de la edad de imputabilidad fue uno de los ejes de campaña del oficialismo y formó parte de la agenda de reformas en materia de seguridad y justicia penal.
La ley ahora deberá ser promulgada para su entrada en vigencia. A partir de allí, se abrirá una nueva etapa de implementación del régimen penal juvenil especializado, que implicará adecuaciones en el ámbito judicial y penitenciario.
El alcance real de la norma y su impacto en el sistema judicial serán parte del debate que continuará en los próximos meses, tanto en el plano político como en el jurídico.
EN VIVO
EN VIVO - SESIÓN CLAVE EN EL SENADO CON DEFINICIONES SOBRE REFORMA LABORAL
Bullrich descartó cambios en licencias médicas antes del debate de la reforma laboral
La jefa del bloque oficialista confirmó que el Gobierno no insistirá con el artículo eliminado en Diputados. El Senado sesiona desde las 11.
https://www.youtube.com/watch?v=4qJfYLZEjUM
Minutos antes de ingresar al recinto del Senado de la Nación Argentina, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que el Gobierno no volverá a impulsar modificaciones en el régimen de licencias médicas dentro del proyecto de modernización laboral que se debate en sesión especial.
La definición se produjo en la previa de una jornada clave para el oficialismo, que busca convertir en ley la reforma laboral y avanzar también con la aprobación definitiva del nuevo régimen penal juvenil.
El artículo que generó polémica
El punto en discusión había sido incorporado durante el primer tratamiento del proyecto en el Senado. La modificación establecía que, en casos de enfermedades no laborales, el trabajador percibiera el 50% del sueldo básico durante al menos tres meses —o seis si tenía personas a cargo—.
Además, preveía que, si la imposibilidad de trabajar no derivaba de una conducta voluntaria y consciente respecto del riesgo para la salud, el empleado cobrara el 75% de su remuneración.
Ese esquema fue defendido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero finalmente fue eliminado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados.
El retorno al Senado y la definición oficial
Con el proyecto de regreso en la Cámara alta, el oficialismo optó por aceptar los cambios introducidos para asegurar la sanción definitiva. Sin embargo, en los días previos algunos legisladores de La Libertad Avanza habían dejado abierta la posibilidad de retomar el debate sobre las licencias médicas durante el período ordinario.
Ese escenario generó interrogantes políticos, especialmente a pocas horas del inicio formal de las sesiones ordinarias, que serán inauguradas este domingo por el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.
Consultada por la prensa en el ingreso al Congreso, Bullrich fue contundente. Ante la pregunta sobre si el oficialismo volvería a presentar una iniciativa similar, respondió: “No”.
Una sesión con mayoría prevista
Desde las 11, el Senado debate en sesión especial la modernización laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda extraordinaria impulsada por el Poder Ejecutivo.
Según estimaciones parlamentarias, el oficialismo contaría con los votos necesarios para su aprobación. El respaldo provendría de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
En paralelo, la Cámara alta también se prepara para sancionar el proyecto de Ley Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un nuevo régimen de sanciones para menores involucrados en delitos.
Contexto político
La reforma laboral atravesó distintas instancias de negociación entre ambas cámaras. La eliminación del artículo vinculado a licencias médicas fue uno de los cambios más significativos introducidos por Diputados.
La decisión de no insistir con ese punto busca despejar tensiones internas y externas en un momento en que el oficialismo necesita consolidar apoyos legislativos para avanzar con su agenda.
La jornada en el Senado marca así el cierre del período de sesiones extraordinarias con definiciones en dos temas de alto impacto político y social.
FLANCOS
EL GOBIERNO BUSCA DOS NUEVAS LEYES ANTES DEL CIERRE DE EXTRAORDINARIAS
El Senado debate reforma laboral y baja de imputabilidad en una jornada clave para el Gobierno
El oficialismo busca convertir en ley dos proyectos centrales antes del cierre de las sesiones extraordinarias. La CGT anticipó que irá a la Justicia.
El Senado de la Nación debatirá este viernes desde las 11 dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La sesión se desarrolla en el recinto del Senado de la Nación Argentina, en el marco del cierre del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo.
Tras la sanción de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el oficialismo —encabezado por La Libertad Avanza— busca sumar dos nuevos respaldos legislativos antes de que finalice la agenda extraordinaria.
Reforma laboral: vuelve al recinto con cambios
El proyecto de modernización laboral ya había sido tratado por el Senado, pero regresó tras las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. El cambio más relevante fue la eliminación del artículo 44, que proponía alterar el régimen de licencias por enfermedad y había generado cuestionamientos en distintos sectores.
Con esa corrección incorporada, el oficialismo estaría en condiciones de reunir los votos necesarios para su aprobación. Según anticiparon fuentes parlamentarias, acompañarían la iniciativa bloques del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. El peronismo, en cambio, mantendría una postura unificada en rechazo, pese a sus diferencias internas.
El proyecto incluye cambios en distintos aspectos de la legislación laboral vigente, con el argumento oficial de promover mayor flexibilidad en las relaciones de trabajo y fomentar la formalización del empleo. Desde la oposición sostienen que algunos puntos podrían afectar derechos adquiridos.
La CGT anticipa una ofensiva judicial
Más allá de la votación en el Senado, la discusión no concluirá en el recinto. La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que el próximo lunes presentará ante la Justicia una demanda para solicitar la inconstitucionalidad de la ley en caso de ser sancionada.
Ese mismo día, la central obrera convocó a una movilización frente a Tribunales. La dirigencia sindical adelantó que cuestionará aspectos centrales de la reforma, aunque no precisó aún el alcance completo de la presentación judicial.
Baja de la edad de imputabilidad
En la misma sesión, el Senado también debatirá el proyecto que modifica el régimen penal juvenil. La iniciativa propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establecer un nuevo esquema de sanciones para menores involucrados en delitos.
El texto contempla un sistema escalonado de respuestas. Para delitos con penas inferiores a tres años, se descartan sanciones de prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas alternativas con enfoque social y educativo.
Para delitos graves, el régimen prevé penas de hasta 15 años de prisión. El proyecto establece además que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos y que deberán aplicarse programas de resocialización y acompañamiento.
La propuesta forma parte de un debate que se reabre periódicamente en el Congreso y que suele generar fuertes posicionamientos políticos y sociales.
Jornada de definiciones
La sesión se presenta como una instancia clave para el oficialismo, que busca consolidar su agenda legislativa antes del cierre de las extraordinarias. El resultado de las votaciones marcará no solo el rumbo inmediato de ambas reformas, sino también el nivel de respaldo parlamentario que logra sostener el Gobierno en temas sensibles.
Mientras tanto, tanto en el plano laboral como en el penal juvenil, la discusión promete continuar fuera del recinto.
ES LEY
EL SENADO APROBÓ EL ACUERDO ENTRE MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, una iniciativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación se resolvió con 69 votos afirmativos y tres negativos, y fue celebrada por el Gobierno nacional tras conocerse el resultado.
La aprobación parlamentaria formaliza la adhesión argentina a uno de los tratados de libre comercio más relevantes negociados por el bloque regional en las últimas décadas, cuyo objetivo es reducir barreras arancelarias y facilitar el intercambio entre ambos mercados.
Qué establece el acuerdo
Según se informó oficialmente, el entendimiento prevé la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur con destino a la Unión Europea. El esquema incluye una reducción progresiva en distintos plazos, dependiendo del tipo de producto y del sector involucrado.
Desde la Presidencia señalaron que la medida podría generar un impacto significativo en la economía argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en un horizonte de diez años. Entre los rubros mencionados como potencialmente beneficiados se encuentran energía, minería, agroindustria e industria manufacturera.
El acuerdo también contempla compromisos en materia de normas sanitarias, propiedad intelectual, compras públicas y estándares técnicos, con el objetivo de armonizar reglas y facilitar el acceso a mercados.
El posicionamiento del Gobierno
Tras la votación en el Senado, el Ejecutivo nacional destacó que la ratificación representa un paso hacia una mayor integración internacional. En el comunicado difundido luego de la sanción, se afirmó que la decisión reafirma la voluntad de avanzar hacia una economía más abierta y competitiva.
El Gobierno sostiene que el tratado contribuirá a mejorar las condiciones de inserción del país en el comercio global, atraer inversiones y ampliar oportunidades para el sector productivo. Además, plantea que el acceso preferencial al mercado europeo permitirá diversificar destinos de exportación y fortalecer cadenas de valor estratégicas.
Un proceso de larga negociación
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue negociado durante más de dos décadas y atravesó distintas etapas de revisión y ajustes técnicos. Si bien el entendimiento político se alcanzó en 2019, su implementación requirió la ratificación parlamentaria en cada uno de los países miembros.
La conversión en ley por parte del Senado argentino constituye un paso clave en ese proceso, aunque la entrada en vigor plena del tratado depende también de la aprobación en el resto de los Estados involucrados.
En el plano interno, el debate legislativo se centró en los posibles efectos sobre la estructura productiva local y la competitividad de distintos sectores frente a la apertura comercial. La amplia mayoría obtenida en la votación reflejó un respaldo significativo al texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Con la sanción definitiva, la Argentina formaliza su adhesión al acuerdo y se integra al esquema comercial previsto entre ambos bloques, en un escenario internacional marcado por reconfiguraciones en el comercio y búsqueda de nuevos mercados.
TRAMO FINAL
EL SENADO DEBATE EL ACUERDO MERCOSUR-UE Y CAMBIOS EN LA LEY DE GLACIARES
El Senado define el acuerdo Mercosur-UE y la reforma de Glaciares en el cierre de extraordinarias
La Libertad Avanza acelera el tratamiento de proyectos clave antes del 1° de marzo. Hay negociaciones abiertas y posibles divisiones en la oposición.
La Libertad Avanza buscará en las próximas 48 horas aprobar en el Senado el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y una reforma a la Ley de Glaciares. La sesión está convocada para este jueves desde las 11, en el tramo final de las sesiones extraordinarias, antes de que el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Además de esos dos ejes centrales, el temario incluye el análisis del pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El acuerdo Mercosur-UE, adelantado en la agenda
El tratamiento del acuerdo Mercosur-UE estaba previsto inicialmente para el viernes, pero el Gobierno decidió anticiparlo. La medida se adoptó luego de conocerse que el Parlamento de Uruguay podría avanzar con su ratificación en las próximas horas.
En la Casa Rosada consideran estratégico que la Argentina sea el primer socio del bloque en convalidar el tratado. La expectativa oficial es que una ratificación temprana permita mejorar la posición del país en el esquema comercial que se abriría con la Unión Europea, en un contexto de competencia regional por mercados y condiciones de acceso.
El acuerdo, negociado durante años, contempla reducciones arancelarias y un marco regulatorio común para bienes y servicios. Su aprobación requiere mayoría simple en el Senado.
Reforma a la Ley de Glaciares y contrapropuesta radical
El otro punto central de la sesión es la modificación de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El oficialismo impulsa cambios orientados a revisar criterios de delimitación y competencias en la gestión de áreas protegidas.
Sin embargo, en la antesala del debate, la Unión Cívica Radical presentó una iniciativa alternativa que introduce diferencias en el rol que tendrían las provincias en la determinación de las zonas alcanzadas por la normativa.
La discusión se da en un contexto de intensas negociaciones entre bloques. Según fuentes parlamentarias, los contactos buscan garantizar que alguna versión del proyecto obtenga los votos necesarios y evitar que la iniciativa quede trabada en el recinto.
La reforma responde a compromisos asumidos por el Ejecutivo con gobernadores de provincias cordilleranas que promueven una actualización del marco vigente para facilitar inversiones vinculadas a la minería y los hidrocarburos.
Escenario político y posibles divisiones
En ambas votaciones se anticipa un panorama fragmentado dentro del peronismo, principal fuerza opositora, que podría votar dividido. Las diferencias internas del bloque podrían incidir en el resultado final, especialmente en una sesión donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.
El cierre de extraordinarias también incluye otros debates previstos para el viernes, entre ellos la reforma de la ley penal juvenil y un proyecto de modernización laboral.
Con este cronograma, el Gobierno apunta a llegar al 1° de marzo con nuevas leyes aprobadas y una agenda legislativa activa en el inicio del período ordinario.
RIDÍCULO
BULLRICH APUNTÓ CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PARTIDOS POR LA CAUSA EN LA AFA
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, criticó públicamente el paro impulsado en el fútbol argentino en el marco de la causa judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La dirigente calificó la medida como “ridícula” y sostuvo que paralizar la actividad implica confundir la institución con las conductas individuales de quienes la conducen. El planteo se dio en medio del avance del expediente judicial y de la suspensión de partidos en distintas categorías.
Según expresó, las investigaciones deben enfocarse en determinar responsabilidades personales sin trasladar el conflicto al desarrollo normal de los torneos. En esa línea, remarcó que la AFA es una entidad que excede a sus autoridades actuales y que una causa en trámite no debería derivar en la interrupción del calendario deportivo.
https://inforoldan.com.ar/n-1972-la-afa-convoco-a-un-paro-y-pone-en-duda-la-fecha-9-del-apertura
El paro abrió una nueva instancia de tensión en un escenario donde el fútbol, la política y la justicia suelen cruzarse con frecuencia. La causa que salpica a la conducción de la AFA volvió a colocar en primer plano la discusión sobre los límites entre las decisiones institucionales y las medidas de presión adoptadas frente a investigaciones judiciales.
El impacto en la actividad y en el entorno económico
Desde el espacio libertario señalaron que eventuales irregularidades deben investigarse en sede judicial sin poner en riesgo el funcionamiento de las competencias. La suspensión de partidos no solo afecta a los clubes y jugadores, sino también a una amplia red de trabajadores vinculados a cada jornada deportiva.
Personal de seguridad, empleados de estadios, transportistas, vendedores ambulantes y proveedores de servicios forman parte de la estructura económica que se activa cada fin de semana. La interrupción de la fecha impacta de manera directa en esos sectores, que dependen del normal desarrollo de los encuentros.
En paralelo, los hinchas también quedaron en el centro de la discusión. La organización del fin de semana alrededor de los partidos, la compra anticipada de entradas y los compromisos asumidos por los clubes forman parte de una dinámica que se ve alterada cuando se decide suspender la actividad.
Un conflicto que excede lo deportivo
El episodio se suma a un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos actores del deporte argentino. La discusión no se limita a la coyuntura de la causa judicial, sino que vuelve a poner sobre la mesa el rol del Estado en el control y la supervisión de las asociaciones deportivas.
Especialistas en derecho deportivo coinciden en que las investigaciones por presuntas irregularidades deben avanzar en los tribunales correspondientes. En ese marco, señalan que la continuidad o no de los torneos suele evaluarse en función de la gravedad institucional y del impacto que una eventual intervención pueda generar en el sistema deportivo.
Organizaciones de hinchas y sectores vinculados a la transparencia en la gestión deportiva, por su parte, insisten en la necesidad de mayor claridad en el manejo de recursos y en los procesos de toma de decisiones. El debate se amplía así más allá de la coyuntura inmediata y abarca la estructura de gobernanza del fútbol argentino.
Mientras la causa continúa su curso en la Justicia, el paro abrió un frente adicional de discusión pública. La postura expresada por Bullrich refleja una mirada que busca separar el funcionamiento institucional de las responsabilidades individuales, en un escenario donde cada decisión tiene repercusiones deportivas, económicas y políticas.
El desarrollo del expediente y las definiciones que adopten los actores involucrados marcarán los próximos pasos en un conflicto que volvió a ubicar al fútbol en el centro de la escena nacional.
APROBADA
DIPUTADOS APROBÓ LA REFORMA LABORAL Y EL PROYECTO VOLVERÁ AL SENADO
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de modernización laboral impulsado por el oficialismo, que ya contaba con media sanción del Senado. La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, pero sufrió una modificación clave —la eliminación del artículo referido a licencias médicas— por lo que deberá regresar a la Cámara alta para su aprobación definitiva. El objetivo de Javier Milei es convertirla en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el Presidente encabezará la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El tratamiento estuvo marcado por negociaciones previas, tensiones en el recinto y un quórum ajustado. El oficialismo reunió 130 diputados presentes —uno más del mínimo necesario— gracias al respaldo de bloques aliados y legisladores provinciales. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron representantes del PRO, la UCR, el MID y espacios provinciales.
En el recinto también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, quienes presenciaron la sesión desde uno de los palcos.
Un quórum ajustado y apoyos cruzados
La previa estuvo atravesada por el “poroteo” de votos. Desde Unión por la Patria intentaron impedir el inicio del debate dejando la sesión sin quórum, pero el oficialismo logró habilitar el tratamiento con respaldo de legisladores que responden a gobernadores provinciales.
Entre los apoyos estuvieron diputados vinculados a mandatarios como Mario Pasalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Marcelo Orrego, entre otros.
Algunos legisladores que dieron quórum luego votaron en contra del proyecto, lo que generó críticas desde la oposición. Durante el debate, referentes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda cuestionaron el contenido de la reforma y anticiparon que, en caso de volver al gobierno, buscarían derogarla.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cerca de las 22, cuando la oposición intentó forzar una votación para devolver el proyecto a comisión al advertir que parte del oficialismo se había retirado momentáneamente del recinto. Tras una serie de cruces y mociones contrapuestas, el debate continuó y se avanzó hacia la votación general.
La modificación clave
El cambio central introducido en Diputados fue la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades o accidentes no laborales. Ese punto había generado cuestionamientos y presión de bloques aliados, lo que derivó en su retiro para ampliar consensos.
Al haber sido modificado, el texto deberá volver al Senado para su revisión final.
Los principales puntos de la reforma
El proyecto propone cambios estructurales en distintos aspectos del régimen laboral:
Convenios colectivos: prioriza acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y elimina la ultraactividad automática de convenios vencidos.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): crea un fondo financiado con aportes empresariales obligatorios destinado a cubrir indemnizaciones.
Indemnizaciones: mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero excluye del cálculo conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios. También habilita el pago en cuotas en determinados casos.
Vacaciones: permite fraccionarlas en períodos no menores a siete días y establece nuevas pautas para su otorgamiento.
Banco de horas: habilita la compensación de horas extras mediante acuerdos escritos, con límites de jornada y descanso.
Trabajadores de plataformas: crea la figura del repartidor independiente y establece que ese vínculo no constituye relación laboral.
Derecho a huelga: amplía el listado de servicios esenciales y fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante medidas de fuerza.
Blanqueo laboral: prevé reducciones de deudas por aportes para regularizar trabajadores informales e incentivos fiscales para nuevas registraciones.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el oficialismo apuesta ahora a una rápida revisión en el Senado para intentar convertir la reforma en ley antes del inicio formal del período legislativo.
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