SIN VEDA
MENOS RESTRICCIONES PARA EL DÓLAR MEP EN UN NUEVO AJUSTE CAMBIARIO
El Gobierno nacional dispuso una flexibilización en las restricciones cambiarias que permitirá a beneficiarios de subsidios y planes sociales acceder al dólar MEP y al Contado con Liquidación (CCL), una posibilidad que hasta ahora tenían vedada.
La medida fue instrumentada a través del Ministerio de Economía y el Banco Central, e incluye además una reducción en los plazos de “parking”, el tiempo mínimo que los bonos deben permanecer en cartera antes de poder venderse en moneda extranjera.
El cambio impacta directamente sobre un universo amplio de usuarios que, por recibir asistencia estatal o subsidios en tarifas, se encontraban excluidos del mercado financiero legal para dolarizarse. Con esta modificación, podrán operar nuevamente en la bolsa bajo las condiciones vigentes.
Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó la medida como parte de una estrategia para desmontar regulaciones. Según explicó, se trata de avanzar en la eliminación de restricciones que, en su visión, dificultaban el funcionamiento del sistema financiero.
El eje de la decisión apunta a modificar el flujo de demanda de dólares. La intención oficial es que quienes antes quedaban fuera del circuito formal y recurrían a canales informales, ahora puedan canalizar esas operaciones dentro del mercado regulado.
En paralelo, la reducción del “parking” busca acelerar las operaciones financieras. Este plazo funcionaba como un mecanismo de control para limitar movimientos especulativos, pero también generaba demoras en la operatoria. Su flexibilización apunta a darle mayor dinamismo al mercado de capitales.
Sin embargo, el alcance de la medida es observado con cautela por analistas. Si bien reconocen que amplía el acceso y simplifica procedimientos, advierten que no modifica el esquema general de controles cambiarios que sigue vigente en la economía argentina.
En ese sentido, la flexibilización convive con restricciones estructurales que continúan afectando el acceso al mercado oficial, especialmente en áreas como importaciones o giro de utilidades. Esto mantiene segmentado el sistema cambiario, con múltiples tipos de dólar y regulaciones cruzadas.
Desde el equipo económico sostienen que el objetivo es reducir la presión sobre la brecha cambiaria. La lógica detrás de la medida es ampliar la oferta y canalizar la demanda hacia mercados legales, en un contexto donde la estabilidad financiera sigue siendo una variable sensible.
No obstante, especialistas advierten que el impacto real dependerá de factores como la confianza de los inversores y la evolución de las reservas. También señalan que una mayor apertura podría generar tensiones si no está acompañada por un fortalecimiento del frente externo.
El Gobierno evitó dar definiciones concretas sobre una eventual eliminación total del cepo cambiario, aunque reiteró que la meta de largo plazo es avanzar hacia una unificación del tipo de cambio. Por ahora, la estrategia oficial apunta a una apertura gradual, con medidas puntuales como la anunciada.
De este modo, el nuevo esquema marca un ajuste en la administración de divisas: menos restricciones para algunos sectores, pero sin cambios estructurales en el sistema en su conjunto.
RESPONSABLES
SALTA APROBÓ SANCIONES PARA PADRES POR CASOS DE BULLYING ESCOLAR
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma del Código Contravencional que establece sanciones para los padres de alumnos involucrados en casos de bullying escolar. La normativa contempla multas económicas y hasta 30 días de arresto para aquellos adultos que no colaboren con las medidas destinadas a frenar estas situaciones.
La iniciativa introduce un cambio de enfoque en la forma de abordar el acoso escolar: ya no se limita únicamente al ámbito educativo, sino que incorpora de manera directa la responsabilidad de las familias en la prevención y resolución de los conflictos.
Según se explicó durante el debate legislativo, la sanción no apunta a aplicar castigos de manera automática, sino a garantizar la participación activa de los adultos responsables cuando las instituciones educativas detectan situaciones de violencia entre estudiantes.
En ese sentido, la diputada Socorro Villamayor aclaró que el arresto es una instancia extrema y que la prioridad es lograr que los tutores se involucren. La normativa prevé un esquema progresivo de medidas que puede incluir comparecencias ante la Justicia, tareas comunitarias o asistencia a tratamientos psicológicos.
El texto aprobado establece que, ante una denuncia o notificación formal por parte de la escuela, los padres deberán presentarse ante un juez y cumplir con las disposiciones que se dicten para abordar el caso. Solo en situaciones de incumplimiento reiterado se avanzaría con sanciones más severas.
La reforma se enmarca en una creciente preocupación por el aumento de episodios de violencia en entornos escolares. Durante la discusión parlamentaria, varios legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar las herramientas legales para dar respuesta a conflictos que, en algunos casos, escalan a situaciones graves.
El proyecto había sido impulsado originalmente por la senadora Bettina Navarro y fue modificado durante su tratamiento en Diputados antes de obtener la aprobación definitiva. Ahora, el texto fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es evitar que las advertencias de las escuelas queden sin respuesta. Según se planteó en el recinto, existen situaciones en las que los adultos no intervienen pese a las notificaciones, lo que dificulta la contención de los conflictos y la protección de los estudiantes.
El debate también estuvo atravesado por casos recientes que reavivaron la discusión a nivel nacional. Entre ellos, se mencionó el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, donde un adolescente armado mató a un compañero de 13 años.
Ese episodio, que continúa bajo investigación, fue utilizado como referencia para exponer los riesgos de no intervenir a tiempo ante situaciones de violencia o aislamiento en el ámbito escolar. Legisladores remarcaron la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento desde el entorno familiar.
En paralelo, la normativa busca consolidar un esquema de corresponsabilidad entre el sistema educativo y las familias. La intención es que las medidas no recaigan exclusivamente en las instituciones, sino que exista una articulación más directa con los adultos responsables.
La aprobación de la ley abre ahora una nueva etapa en la gestión de los conflictos escolares en Salta, donde la aplicación concreta de estas herramientas será clave para evaluar su impacto en la prevención del bullying.
CASTA
CASO ADORNI: UNA ESCRIBANA NEGÓ QUE HUBO PRÉSTAMOS EN LA COMPRA DE INMUEBLES
La escribana Adriana Nechevenko de Schuster declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que “no hubo un préstamo” en la adquisición de los inmuebles bajo análisis judicial.
La declaración se extendió durante más de dos horas y se centró en la modalidad de financiamiento utilizada en las operaciones inmobiliarias. Según trascendió, la escribana sostuvo que se trató de una compra-venta con hipoteca por saldo de precio, un esquema que —según explicó— difiere de un préstamo tradicional.
https://inforoldan.com.ar/n-2200-investigan-los-prestamos-declarados-por-adorni-para-comprar-propiedades
De esta manera, buscó aclarar uno de los puntos clave de la investigación: la naturaleza de los fondos utilizados para la adquisición de las propiedades. En el expediente se analizan inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario, especialmente en lo referido a deudas con particulares.
Nechevenko también detalló que mantiene desde hace años un vínculo profesional tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti, lo que derivó en su intervención en las escrituras de los inmuebles.
Las propiedades en cuestión se encuentran ubicadas en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ambos bienes forman parte del patrimonio que actualmente está bajo análisis judicial.
Antes de presentarse en la fiscalía, la escribana había evitado hacer declaraciones públicas. Sin embargo, luego de su exposición, indicó que respondió a todas las preguntas formuladas por el fiscal, en el marco de una causa que continúa incorporando pruebas y testimonios.
En paralelo, la investigación avanza con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía. Entre ellas, se dispuso la citación de cuatro mujeres que figuran como acreedoras en las operaciones inmobiliarias declaradas por el funcionario.
Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían participado en la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, donde reside Adorni. Ambas fueron convocadas a declarar este jueves.
Por otro lado, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio fueron señaladas como otorgantes de una hipoteca privada para otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, también en el mismo barrio. Estas últimas deberán presentarse ante la Justicia el próximo lunes.
Las testimoniales son consideradas relevantes para determinar si las personas involucradas contaban con la capacidad económica necesaria para otorgar los montos declarados, así como para verificar la existencia efectiva de las operaciones financieras.
Además, la fiscalía analiza otros aspectos vinculados a la trayectoria profesional de la escribana, a partir de reportes que la relacionan con servicios prestados en contextos que también están bajo revisión.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo investigación y se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, donde los testimonios y la documentación resultan determinantes para avanzar en la reconstrucción de los hechos.
En ese marco, las próximas semanas serán clave para definir el rumbo del expediente, a partir del análisis de los vínculos entre los actores involucrados y la verificación de la información presentada ante los organismos de control.
https://inforoldan.com.ar/n-2174-patrimonio-y-gestion-adorni-debera-responder-5000-preguntas-en-diputados
CASTA
INVESTIGAN LOS PRÉSTAMOS DECLARADOS POR ADORNI PARA COMPRAR PROPIEDADES
La Justicia Federal citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como acreedoras en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue ordenada por el fiscal González y apunta a esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de propiedades.
La investigación se centra en una serie de préstamos privados que el funcionario declaró como parte de su evolución patrimonial. Según la fiscalía, el eje del análisis está puesto en determinar si las personas que figuran como prestamistas contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar los montos consignados.
En ese contexto, las cuatro mujeres fueron convocadas a prestar declaración testimonial en los tribunales federales de Comodoro Py. Deberán aportar documentación que respalde su situación financiera al momento de realizar los supuestos préstamos, así como detalles sobre las condiciones en que se concretaron las operaciones.
El expediente también incluye la declaración de un exfutbolista, cuya identidad aparece vinculada a movimientos financieros bajo análisis. Su testimonio busca aportar elementos sobre la existencia real de transferencias de dinero hacia el patrimonio del actual jefe de Gabinete.
Las medidas forman parte de una etapa clave del proceso, en la que la fiscalía intenta reconstruir el circuito de fondos que permitió la adquisición de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Las propiedades en cuestión habrían sido incorporadas al patrimonio del funcionario en un período que generó observaciones por inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El origen de la causa está vinculado precisamente a esas diferencias detectadas en la evolución patrimonial declarada. En particular, se puso el foco en deudas contraídas con particulares que, según consta en los registros oficiales, habrían sido utilizadas para financiar la compra de inmuebles.
Desde el entorno de Adorni sostienen que todas las operaciones fueron debidamente informadas ante los organismos de control y que no existen irregularidades. En esa línea, consideran que la causa carece de sustento y remarcan que los préstamos declarados responden a mecanismos legales habituales.
Sin embargo, para la fiscalía resulta clave corroborar no solo la existencia formal de esos créditos, sino también su respaldo económico real. Por eso, uno de los puntos centrales de las citaciones es la presentación de documentación que permita acreditar la capacidad contributiva de las personas involucradas.
El avance de estas testimoniales podría definir el rumbo de la investigación, que busca determinar si hubo inconsistencias administrativas o si se configura algún tipo de delito vinculado al manejo patrimonial de un funcionario público.
Mientras se esperan los resultados de las declaraciones y el análisis de la documentación, la causa continúa su curso en el ámbito federal, con foco en la trazabilidad de los fondos y en la verificación de los vínculos financieros declarados.
OBSENO
INVESTIGAN PRÉSTAMOS MILLONARIOS A FUNCIONARIOS Y CRECE LA POLÉMICA
La controversia por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del oficialismo sumó este lunes un nuevo capítulo judicial: tras el sorteo en Comodoro Py, la causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de tres denuncias que investigan posibles delitos contra la administración pública.
Las presentaciones judiciales, que fueron unificadas tras el sorteo, apuntan a una serie de funcionarios nacionales, legisladores y directivos de organismos públicos que habrían accedido a créditos hipotecarios de alto monto en condiciones que ahora están bajo análisis.
Una de las denuncias fue impulsada por el diputado santafesino Esteban Paulón junto a la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade. En ese escrito se menciona a integrantes del Poder Ejecutivo, a un director de YPF y a varios diputados del bloque oficialista de La Libertad Avanza.
Entre los nombres señalados aparece el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni, quien accedió a un crédito hipotecario para vivienda por aproximadamente 255 millones de pesos en enero de este año. El legislador, que ingresó al Congreso por el PRO y luego se sumó a La Libertad Avanza, quedó bajo la lupa junto a otros dirigentes.
También fueron mencionados Daniel Tillard, Emiliano Mongilardi, Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Pedro Núñez. A su vez, la denuncia alcanza a los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde.
En paralelo, otra presentación judicial, realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, incorpora además al dirigente Juan Ernesto Curuchet. En conjunto, las denuncias plantean posibles delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Mientras la causa comienza a tomar forma en los tribunales federales, desde el Gobierno nacional salieron a respaldar a los funcionarios involucrados. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los créditos otorgados no presentan irregularidades y que se ajustan a los mecanismos habituales del sistema bancario.
“El proceso fue el mismo para todos”, aseguró el funcionario, quien además promovió el acceso a este tipo de préstamos al considerar que representan una oportunidad en el actual contexto económico. En esa línea, remarcó que no hubo trato diferencial en la asignación de los créditos y que su otorgamiento es “totalmente legal y moral”.
Por su parte, Bongiovanni también defendió su situación y aseguró que cumplió con todos los requisitos exigidos por la entidad. Según explicó, el préstamo fue tramitado de manera regular y dentro de las condiciones establecidas por el banco para créditos UVA destinados a primera vivienda.
El diputado argumentó que su decisión respondió a un contexto favorable para el acceso al financiamiento hipotecario, en un escenario de desaceleración inflacionaria. Además, rechazó cualquier insinuación de privilegios y sostuvo que toda la documentación está disponible para ser revisada.
En medio de la polémica, el caso tuvo una consecuencia directa en el ámbito del Ejecutivo: Leandro Massaccesi fue desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humano tras conocerse que también había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. En su descargo, afirmó que no cometió ninguna irregularidad y que el trámite se realizó de manera transparente.
Con múltiples actores involucrados y posiciones enfrentadas, la investigación judicial buscará determinar si existieron beneficios indebidos en el acceso a estos créditos o si, como sostiene el oficialismo, se trató de operaciones regulares dentro del sistema financiero público.
DEBATE
REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES: EL CONGRESO DEFINE UN TEMA SENSIBLE
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina fue convocada para sesionar este miércoles 8 de abril con un tema central en agenda: el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa propone cambios en los criterios de protección ambiental y podría habilitar actividades mineras en regiones actualmente limitadas por la normativa vigente.
El debate llega en un contexto de creciente interés por recursos estratégicos como el litio y el cobre, lo que posicionó a la legislación ambiental en el centro de la discusión política y económica. La convocatoria se concretó tras acuerdos parlamentarios alcanzados en las últimas horas, en medio de posiciones divididas incluso dentro de los bloques que suelen acompañar al oficialismo.
El punto más sensible del proyecto es la redefinición de las áreas consideradas “periglaciares”. Este concepto, clave dentro de la ley actual, establece zonas de protección que no solo incluyen glaciares visibles, sino también sectores que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica.
Desde los sectores que impulsan la reforma sostienen que la definición vigente es demasiado amplia y limita el desarrollo de proyectos productivos. En ese sentido, argumentan que una revisión permitiría generar condiciones más previsibles para inversiones de largo plazo, especialmente en regiones cordilleranas con alto potencial extractivo.
En contrapartida, especialistas en ambiente y organizaciones científicas advierten que cualquier modificación podría comprometer reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que las zonas periglaciares cumplen un rol fundamental en el equilibrio ecológico y en el abastecimiento hídrico, especialmente en escenarios de cambio climático.
La discusión también tiene un fuerte componente económico. Desde el ámbito empresarial, distintas cámaras vinculadas a la actividad minera consideran que la reforma podría destrabar proyectos que permanecen paralizados. En paralelo, plantean que el desarrollo de estos recursos es clave para incrementar el ingreso de divisas y fortalecer economías regionales.
Sin embargo, el avance del proyecto generó una reacción inmediata de sectores ambientales, que convocaron a una movilización frente al Congreso para el mismo día de la sesión. Las organizaciones cuestionan el enfoque de la reforma y advierten sobre posibles impactos irreversibles en ecosistemas de alta fragilidad.
En el plano político, el escenario aparece abierto. Las posturas dentro del Congreso no están completamente alineadas y se espera una sesión extensa, con negociaciones en tiempo real. El resultado de la votación, según anticipan fuentes legislativas, podría definirse recién en la madrugada.
El trasfondo del debate expone una tensión estructural: cómo compatibilizar el desarrollo de recursos naturales con la preservación ambiental. En ese equilibrio, la definición sobre las áreas protegidas se convierte en el eje central de una discusión que trasciende lo técnico y se proyecta sobre el modelo productivo del país.
PAÑITOS FRIOS
YPF CONGELA LOS COMBUSTIBLES EN MEDIO DE LA SUBA GLOBAL DEL PETRÓLEO
YPF congela los combustibles en plena suba del petróleo y busca evitar un impacto inmediato en el consumo
La petrolera estatal mantendrá los precios por 45 días pese al salto del crudo a nivel global. Apunta a contener la demanda y amortiguar la volatilidad internacional.
En medio de un escenario global marcado por la fuerte suba del petróleo, YPF decidió mantener sin cambios los precios de los combustibles en Argentina durante los próximos 45 días. La medida fue defendida por su presidente y CEO, Horacio Marín, quien explicó que el objetivo es evitar un traslado inmediato del aumento de costos al consumidor.
La decisión se produce en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y restricciones en puntos estratégicos para el comercio energético, como el estrecho de Ormuz. Ese escenario provocó una suba abrupta del barril de petróleo, que pasó de valores cercanos a los 70 dólares a picos de 120 en pocas semanas.
Frente a ese salto, la empresa optó por desacoplar temporalmente los precios locales de la dinámica global. Según detalló Marín, aplicar ese incremento de manera directa en los surtidores habría generado un impacto significativo en la demanda, en un momento donde el consumo ya muestra signos de sensibilidad.
La estrategia se apoya en una lógica de gradualidad. Desde la conducción de la compañía sostienen que los precios deben reflejar los costos reales, pero sin reaccionar de forma automática a cada variación internacional. En ese sentido, la política busca sostener previsibilidad y evitar movimientos bruscos en el mercado interno.
“Miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos. No vamos a hacer especulaciones”, afirmó el ejecutivo al explicar el criterio adoptado. En esa línea, remarcó que la empresa trasladará los aumentos solo cuando estén consolidados y no ante fluctuaciones transitorias.
Este enfoque posiciona a YPF como un actor que intenta amortiguar el impacto externo. La compañía absorbe parte de la suba internacional para evitar efectos inmediatos en la economía doméstica, donde los combustibles tienen incidencia directa en costos logísticos, transporte y precios finales de bienes y servicios.
Sin embargo, no todos los segmentos lograron contener el impacto. Marín señaló que en el mercado de combustibles para aviación las subas fueron más pronunciadas debido a restricciones en la oferta global, lo que refleja la presión existente sobre el sector energético a nivel internacional.
La política de precios también contempla un escenario inverso. Según explicó el CEO, la empresa no solo acompañará eventuales subas, sino también posibles bajas en el mercado global, manteniendo un criterio de ajuste en ambas direcciones.
En paralelo, el titular de la petrolera se refirió al frente judicial que involucra a la compañía. Destacó el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, y lo definió como un punto de inflexión en un proceso que hasta 2023 había sido adverso.
En ese marco, valoró la estrategia impulsada por el gobierno de Javier Milei frente al reclamo del fondo Burford Capital, al considerar que permitió revertir un escenario judicial complejo.
Mientras tanto, la evolución del precio internacional del petróleo seguirá siendo determinante. Si la tendencia alcista se sostiene, la compañía deberá evaluar cómo y cuándo trasladar ese impacto al mercado local, en un equilibrio que combina costos, demanda y contexto económico.
TENSIÓN
DESPLAZAN A FUNCIONARIO CLAVE POR ESCÁNDALO DE CRÉDITOS DEL BANCO NACIÓN
La salida del jefe de Gabinete de Capital Humano se da en medio de cuestionamientos por préstamos a integrantes del oficialismo y suma tensión política dentro del Gobierno.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar de su cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras quedar envuelto en la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos.
La medida se conoció luego de que se difundieran listados con beneficiarios de esos préstamos, donde Massaccesi figuraba con un crédito cercano a los 420 millones de pesos, uno de los montos más elevados dentro del grupo de funcionarios alcanzados por el esquema.
Desde el entorno de la ministra aclararon que la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del crédito, sino a su impacto político. Según explicaron, el acceso al financiamiento generó una exposición innecesaria y no fue previamente informado dentro del área, lo que derivó en tensiones internas y aceleró su salida.
El caso no se limita a un episodio aislado. Forma parte de una controversia más amplia que involucra a distintos dirigentes del oficialismo que accedieron a líneas de crédito del Banco Nación, muchas de ellas bajo condiciones que ahora están siendo observadas por la oposición.
En ese marco, la diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal, lo que sumó presión institucional al conflicto y amplificó su impacto en el escenario político nacional.
La decisión de Pettovello también es leída como un mensaje hacia el interior del Gobierno. En momentos en que la administración enfrenta cuestionamientos por supuestos privilegios en un contexto de ajuste económico, desde el Ministerio buscan reforzar una línea de austeridad y menor exposición pública de sus funcionarios.
El episodio se da además en un clima de creciente tensión política, donde otras figuras del oficialismo quedaron bajo la lupa por su situación patrimonial. Entre ellas aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionado en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que aún se encuentran en etapa de investigación.
Massaccesi había asumido su cargo en agosto de 2024 y su desplazamiento se concretó de manera inmediata, sin transición. Su salida se convierte así en uno de los primeros movimientos concretos dentro del Gobierno directamente asociados al escándalo por los créditos.
Mientras tanto, el foco sigue puesto en el alcance real de estos beneficios, las condiciones en que fueron otorgados y el impacto político que podría tener la continuidad de las investigaciones. La polémica, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos y mantiene en agenda el debate sobre el acceso al financiamiento por parte de funcionarios públicos.
SERÁ
CAMPAÑA ENCUBIERTA: REVELAN UNA OPERACIÓN RUSA PARA INFLUIR EN MEDIOS ARGENTINOS
Una investigación periodística internacional reveló la existencia de una estructura que habría financiado la publicación de contenidos en medios digitales argentinos con el objetivo de incidir en la opinión pública y afectar la imagen del presidente Javier Milei. El caso se conoció tras el análisis de documentación vinculada a servicios de inteligencia rusos, lo que derivó en un pronunciamiento del propio mandatario, quien planteó la necesidad de identificar a todos los responsables.
El informe se construyó a partir de más de mil páginas de archivos filtrados y apunta a una organización denominada “La Compañía”, señalada como el núcleo operativo de la maniobra. Según los datos relevados, el esquema habría destinado cerca de 283.000 dólares para insertar más de 250 artículos en al menos 23 portales informativos del país, en una estrategia sostenida durante varios meses.
Lejos de tratarse de publicaciones aisladas, la operatoria se habría basado en un sistema de intermediación. Para lograr la difusión, se utilizaron agencias publicitarias, consultoras privadas y voceros externos que facilitaban la llegada de los contenidos a los sitios web. En muchos casos, los textos no tenían firma o aparecían atribuidos a identidades inexistentes, con indicios de haber sido generados mediante herramientas automatizadas.
El despliegue comenzó en abril de 2024 y se extendió por al menos seis meses. Ese período coincide con el posicionamiento internacional del Gobierno argentino en favor de Ucrania en el conflicto con Rusia, un dato que los investigadores consideran clave para entender el trasfondo de la operación.
De acuerdo con el informe, el objetivo no se limitaba a la difusión de contenidos, sino que buscaba moldear la percepción social mediante información alineada con intereses geopolíticos. Para amplificar ese impacto, la red habría desplegado una estructura paralela en redes sociales, con decenas de cuentas dedicadas a replicar y viralizar los artículos.
La estrategia también incluyó intervenciones fuera del ámbito digital. Entre las acciones detectadas, se mencionan pagos a grupos de simpatizantes para exhibir mensajes en eventos masivos. Uno de los casos señalados ocurrió durante un partido de la Copa Argentina, donde se desplegó una bandera con consignas vinculadas al conflicto internacional.
El trabajo fue impulsado inicialmente por el medio africano The Continent y contó con la colaboración de organizaciones como openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories. En Argentina, el análisis de la documentación fue realizado por el sitio Filtraleaks, que profundizó en el alcance local de la maniobra.
En paralelo, la Secretaría de Inteligencia de Estado ya había detectado movimientos compatibles con este tipo de operaciones y había emitido alertas institucionales hacia fines de 2025. Según se informó, la información fue puesta a disposición de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado.
Los registros incluidos en los documentos indican que los pagos por cada publicación oscilaban entre los 550 y los 1.100 dólares, lo que permitió sostener una producción constante de contenido durante el período analizado.
El informe también advierte que Argentina no habría sido el único país alcanzado por este tipo de estrategias. Entre los casos mencionados figuran acciones orientadas a respaldar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al presidente Luis Arce en Bolivia, lo que sugiere un despliegue regional más amplio.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento de contenidos, la trazabilidad de la información que circula en plataformas digitales y el alcance de posibles injerencias externas en la agenda mediática.
EN CAIDA
EL SALARIO MÍNIMO SE DERRUMBÓ: YA PERDIÓ 38% Y RINDE MENOS QUE EN 2001
El salario mínimo en Argentina perdió cerca de un 38% de su poder de compra desde noviembre de 2023 y hoy se ubica por debajo de los niveles registrados en 2001, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que analiza la evolución real de los ingresos.
El dato central del estudio marca un deterioro acelerado en los últimos meses. Medido en términos reales —es decir, descontando el impacto de la inflación— el ingreso mínimo muestra una caída profunda que lo posiciona entre los más bajos de las últimas décadas.
El análisis toma como punto de comparación distintos momentos económicos del país y concluye que el nivel actual quedó por debajo incluso de uno de los períodos más críticos de la historia reciente. En ese marco, los economistas advierten que el salario perdió capacidad de compra a un ritmo más veloz que en otras etapas.
El informe ubica el inicio de esta caída más pronunciada en el comienzo de la gestión de Javier Milei. Desde entonces, la suba de precios avanzó por encima de las actualizaciones del salario mínimo, generando una brecha que impacta directamente en los ingresos de los trabajadores que dependen de ese piso salarial.
En paralelo, el trabajo incorpora otro indicador que refuerza el escenario: el empleo formal acumula ocho meses consecutivos de retroceso. La disminución de puestos registrados se observa tanto en el sector privado como en algunas áreas del sector público.
Esta tendencia se vincula con una combinación de factores económicos, entre ellos la caída de la actividad, la retracción del consumo y la postergación de inversiones. En ese contexto, el mercado laboral muestra señales de fragilidad que se trasladan a los ingresos de los hogares.
La combinación de ambos fenómenos —menor poder adquisitivo y menos empleo formal— genera un efecto directo en la vida cotidiana. Los trabajadores que perciben ingresos cercanos al salario mínimo destinan una porción cada vez mayor de su dinero a cubrir gastos básicos.
Este cambio en la estructura del gasto impacta también en la economía en general. La reducción del consumo interno repercute en comercios, pymes y prestadores de servicios, que enfrentan una menor demanda y ajustan su funcionamiento en consecuencia.
El informe también advierte sobre efectos indirectos del retroceso del empleo registrado. La caída en los aportes a la seguridad social, el crecimiento de la informalidad y la mayor incertidumbre laboral aparecen como consecuencias asociadas a este proceso.
En este escenario, la evolución del salario mínimo y del empleo formal se consolida como una de las variables clave para entender el rumbo económico y social en los próximos meses.
NO LO SÉ RICK
INFORME OFICIAL: LA POBREZA BAJÓ AL 28,2% EN ARGENTINA SEGÚN EL INDEC
El INDEC informó que la pobreza alcanzó al 28,2% de los hogares en Argentina durante el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 4,8%, según el último informe oficial difundido este martes.
De acuerdo con los datos publicados, en los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza reside el 21% de las personas. En tanto, los niveles de indigencia —que reflejan la imposibilidad de cubrir la canasta básica alimentaria— abarcan al 6,3% de la población.
El informe también marca una baja en comparación con el primer semestre de 2025. En ese período, la pobreza alcanzaba al 31,6% de las personas, mientras que la indigencia se ubicaba en el 6,9%. Esto implica un descenso de 3,4 puntos porcentuales en ambos indicadores.
La medición se realiza a partir de la comparación entre los ingresos de los hogares y el valor de las canastas básicas que define el organismo. En ese esquema, se considera pobre a quien no logra cubrir la canasta básica total, e indigente a quien no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria.
Los datos forman parte de uno de los indicadores sociales más relevantes para analizar la situación económica del país. La evolución de estos números suele estar vinculada a variables como el nivel de ingresos, la inflación y el empleo.
El informe del INDEC se publica de manera semestral y permite observar la dinámica de la pobreza e indigencia en distintos períodos del año. En este caso, los resultados reflejan una mejora respecto a los meses anteriores, aunque el nivel de hogares afectados continúa siendo significativo.
En términos metodológicos, el organismo releva información en los principales aglomerados urbanos del país, lo que permite construir una estimación representativa de la situación a nivel nacional.
La difusión de estos datos se da en un contexto donde los indicadores sociales siguen siendo un eje central del debate público y de las políticas económicas.
EL GOBIERNO APELARÁ EL FALLO QUE SUSPENDIÓ LA REFORMA LABORAL
El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que suspendió de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral, tras
FRENO JUDICIAL A LA REFORMA LABORAL: SUSPENDEN ARTÍCULOS CLAVE
Un juzgado nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende de manera provisoria artículos centrales de la reforma laboral impulsada por
AUMENTO DEL GAS DESDE ABRIL: EL GOBIERNO OFICIALIZÓ LAS NUEVAS TARIFAS
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo aumento en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1° de abril en toda la Argentina.
CRECE LA TENSIÓN: ADORNI BAJO LA LUPA POR PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La Justicia federal abrió una investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. La causa f
SUBA NACIONAL DE COMBUSTIBLES: PRECIOS POR ENCIMA DE LOS $2.000
Los precios de los combustibles registraron nuevas subas en distintas provincias del país en las últimas horas, consolidando una tendencia alcista q
ARCA REFUERZA EL SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS PROPIAS
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará con un esquema de control más estricto sobre transferencias entre cuentas del mismo ti
ADORNI VUELVE A HABLAR EN MEDIO DEL ESCÁNDALO POR SU VIAJE Y LAS DENUNCIAS
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá este miércoles a las 11 a enfrentar a la prensa en la Casa Rosada, tras varios días sin apariciones pú
A 50 AÑOS DEL GOLPE MILITAR: LA FECHA QUE MARCÓ A LA ARGENTINA
La fecha recuerda el golpe de Estado de 1976 y se cumplen 50 años de aquel hecho histórico. Hay actos y actividades en todo el país.
Cada 24 de ma
CRECE EL ENDEUDAMIENTO EN ARGENTINA POR LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO
Más del 56% de los hogares argentinos se vio obligado a endeudarse en los últimos seis meses para afrontar gastos cotidianos, según un relevamiento
DENUNCIAN A MANUEL ADORNI POR LICITACIONES Y LA CONCESIÓN DE TECNÓPOLIS
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregu
EL DESEMPLEO EN ARGENTINA SUBE AL 7,5% EN 2025 Y AFECTA A 1,7 MILLONES
La desocupación en Argentina alcanzó el 7,5% durante 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato refleja l
LA CAUSA CUADERNOS ENTRA EN ETAPA DE INDAGATORIAS CON LA DECLARACIÓN DE CFK
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes 17 de marzo a las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 en el mar
