SALARIOS
LOS SALARIOS AUMENTARON 2,9% EN JUNIO Y ACUMULAN UNA SUBA DEL 18,5% EN 2026
Los salarios registrados en Argentina tuvieron en junio una suba mensual del 2,9%, por encima del 1,9% de inflación registrado durante el mismo mes. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de salarios acumuló además un incremento del 18,5% respecto de diciembre de 2025.
En la comparación interanual, el índice mostró un aumento del 35,7%. La evolución estuvo marcada por comportamientos diferentes entre los distintos sectores de la economía.
El sector privado registrado tuvo una suba mensual del 1,9%, mientras que los salarios del sector público aumentaron 3,4%. En tanto, el sector privado no registrado registró el mayor incremento del mes, con un 4,4%.
Dentro del sector público, los salarios nacionales aumentaron 1,1% durante junio, mientras que los correspondientes al ámbito provincial tuvieron una suba del 2%.
Según la información difundida, la diferencia dentro del sector público se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se encuentra incluido en el sector público total, pero no en los subsectores nacional y provincial mencionados.
El comportamiento acumulado durante el año también muestra diferencias entre los sectores. El índice general de salarios registró hasta junio una suba del 18,5% respecto de diciembre de 2025.
En términos interanuales, el sector privado registrado acumuló un aumento del 29,6%, mientras que el sector público tuvo una suba del 30,1%.
El mayor incremento interanual correspondió nuevamente al sector privado no registrado, cuyos salarios aumentaron 59,5% en comparación con junio del año anterior.
De esta manera, el informe del INDEC muestra que durante junio los salarios tuvieron una variación mensual superior a la inflación del período, aunque la evolución acumulada e interanual presenta diferencias significativas según la situación laboral de cada trabajador.
CARNICO
EL CONSUMO DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA CAYÓ A SU NIVEL MÁS BAJO EN DOS DÉCADAS
El consumo interno de carne vacuna en Argentina registró durante los primeros siete meses de 2026 una fuerte caída y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. Según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la disponibilidad de carne para el mercado interno se redujo 12% en comparación con el mismo período del año anterior.
El promedio móvil interanual del consumo llegó en julio a 46,3 kilos por habitante al año. La cifra representa una reducción de casi cinco kilos respecto del mismo período de 2025.
Entre enero y julio, el volumen de carne vacuna destinado al mercado interno fue de 1,202 millones de toneladas, reflejando el menor abastecimiento disponible para los hogares argentinos.
Una de las principales razones se encuentra en la situación que atraviesa actualmente el ciclo ganadero. Durante los primeros siete meses del año se procesaron 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que en 2025.
La menor faena está relacionada con una etapa de retención de hembras que apunta a reconstruir el stock ganadero después de varios años de liquidación de vientres. Aunque el peso promedio por animal aumentó y llegó a 244 kilos, ese incremento no alcanzó para compensar la caída en la cantidad de animales procesados.
Como resultado, la producción total de carne vacuna se redujo 6,8% durante el período analizado.
Mientras el abastecimiento interno se contrajo, el mercado externo mostró un comportamiento inverso. Las exportaciones de carne vacuna alcanzaron las 487.200 toneladas entre enero y julio, un crecimiento interanual del 8,8%.
El aumento de los envíos estuvo impulsado principalmente por la demanda de Estados Unidos, que amplió su participación, además del sostenimiento de las compras de China e Israel.
La diferencia entre ambos mercados también se reflejó en los ingresos generados por las ventas externas. Durante junio, las exportaciones alcanzaron los 427,8 millones de dólares, un 40,4% más que en el mismo mes del año anterior.
El escenario combina así una menor disponibilidad de carne para el mercado interno con una mayor participación de las exportaciones, en un contexto de precios internacionales en crecimiento.
Frente a esta situación, dentro de la industria comenzó a plantearse una posible modificación del esquema de comercialización. Una de las alternativas que se analiza apunta hacia un modelo similar al de Uruguay, con importación de cortes más económicos desde Brasil para abastecer el consumo interno.
Al mismo tiempo, bajo ese esquema, la producción nacional podría orientarse en mayor medida hacia los mercados externos, donde actualmente se obtienen valores más elevados.
Se trata, por ahora, de un escenario que comienza a ser analizado dentro del sector y que refleja los cambios que atraviesa la cadena de la carne vacuna, con una producción local en descenso, menor disponibilidad para el mercado interno y un crecimiento de las ventas al exterior.
INFLACIÓN
EL INDEC INFORMÓ QUE LA INFLACIÓN DE JULIO FUE DEL 2,1% Y ACUMULA UN 33,8% EN 12 MESES
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hizo públicos los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a julio, revelando que la inflación del mes se ubicó en el 2,1%. De esta manera, el indicador de precios acumuló una variación del 33,8% en el cotejo interanual de los últimos doce meses.
El informe oficial detalló que el rubro que experimentó el mayor incremento mensual a nivel nacional fue Recreación y cultura, con una suba del 5,0%. Este comportamiento estuvo fuertemente traccionado por los aumentos en los paquetes turísticos y en los servicios culturales, impulsados por la demanda de la temporada invernal. En segundo lugar se ubicó la división de Restaurantes y hoteles, que anotó un avance del 2,8% en el mismo período.
Al analizar el impacto por regiones geográficas, el INDEC remarcó que en las zonas GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, el rubro con mayor incidencia sobre la variación general mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de este sector crucial para el consumo cotidiano de las familias, las principales subas se registraron en las categorías de Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales.
Por el contrario, la región de Cuyo mostró una dinámica diferente, donde la división de mayor peso en la suba mensual de precios correspondió a Transporte. En esta zona geográfica, los incrementos estuvieron motivados principalmente por ajustes en el costo del transporte público de pasajeros y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.
RESOLUCIÓN
EL GOBIERNO REGULÓ EL COBRO DE ATENCIÓN MÉDICA A EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN HOSPITALE NACIONALES
El Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento el esquema administrativo que regula el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes que utilicen los servicios de salud en establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1066 de la mencionada cartera nacional, mediante la cual se aprobó el denominado "Procedimiento Operativo para la Atención Sanitaria de Personas Extranjeras en Establecimientos Sanitarios Administrados por el Estado Nacional".
Esta normativa reglamenta las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones a partir del Decreto 366 dictado el año pasado, estableciendo pautas administrativas precisas para la facturación, el recupero de costos o la exigencia de seguros médicos privados a los ciudadanos extranjeros que no tengan residencia fija en el país.
El texto oficial fija criterios diferenciados según la condición migratoria del usuario. Para aquellos ciudadanos extranjeros que revistan la condición de residentes permanentes en el territorio argentino, se establece que mantendrán el acceso a la red de salud pública nacional en igualdad absoluta de condiciones respecto de los ciudadanos argentinos, acreditando dicho estatus mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
En contraposición, para los extranjeros catalogados como no residentes, el marco legal determina la obligación de contar con un seguro de salud con cobertura válida en el país o, en su defecto, abonar el costo de la prestación médica correspondiente de forma previa a su realización.
Para llevar a cabo la percepción de estos servicios, la reglamentación contempla dos vías operativas bien delimitadas. En los casos donde la persona posea un seguro médico, el centro hospitalario nacional deberá conformar el expediente administrativo con el legajo del paciente, notificar a la compañía aseguradora en un plazo no mayor a las 24 horas y emitir la factura electrónica correspondiente para gestionar el reintegro de las sumas involucradas. En cambio, si el paciente carece de cobertura privada o seguro de viaje, el establecimiento sanitario tendrá la obligación de confeccionar un presupuesto estimado y percibir el pago total de la práctica médica antes de proceder a la realización del estudio o tratamiento.
A pesar del esquema de cobro fijado, la resolución estipula una excepción obligatoria de cumplimiento universal: la atención médica en situaciones de emergencia no podrá ser negada, condicionada ni demorada bajo ninguna circunstancia administrativa ni por motivos vinculados a la condición migratoria del asistido.
A los fines de evitar superposiciones o dudas en las guardias médicas, la norma especifica de manera precisa qué cuadros clínicos son catalogados como emergencias. Dentro de este grupo se consideran únicamente las situaciones que supongan un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente, tales como paros cardiorrespiratorios, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras de alta extensión y emergencias de carácter obstétrico, pediátrico o neonatal.
Desde la cartera sanitaria conducida por el ministro Mario Lugones destacaron que el objetivo de la norma es unificar los criterios de cobro en la red nacional, dar previsibilidad económica a los hospitales públicos y resguardar los recursos del Estado, garantizando al mismo tiempo la atención primaria e inmediata ante eventos de gravedad extrema que pongan en peligro la vida humana.
RUTAS
ORDEAN AL GOBIERNO NACIONAL REPARAR DE URGENCIA TRES RUTAS NACIONALES EN EL SUR DE SANTA FE
Un fallo de la Justicia Federal dispuso que el Gobierno de la Nación ejecute trabajos urgentes de conservación, mantenimiento y reparación en tres corredores viales estratégicos que atraviesan el sur de la provincia de Santa Fe. La medida busca garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y asegurar la libre circulación en trayectos que presentan serias deficiencias estructurales e importantes riesgos para quienes los transitan a diario.
La resolución judicial recayó sobre las Rutas Nacionales 33, 7 y 8, luego de que el magistrado a cargo de la causa considerara plenamente acreditado el incumplimiento de los deberes básicos de conservación por parte de los organismos y empresas responsables de su gestión. La acción legal que derivó en esta sentencia fue impulsada mediante un recurso de amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Entre los argumentos expuestos en la sentencia, el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa hizo un diagnóstico detallado sobre las condiciones edilicias y de rodaje que presentan los diferentes trazados. El análisis sobre la Ruta Nacional 33 reflejó una situación de extrema peligrosidad, constatándose la presencia de importantes grietas, hundimientos, baches profundos y ahuellamientos acumulados a lo largo del trayecto. Según se advirtió en el escrito, estos deterioros representan un elevado peligro para la seguridad física e integridad de los automovilistas y transportistas.
El propio organismo vial del Estado Nacional había admitido previamente la gravedad del panorama. En las actuaciones que constan dentro del expediente judicial, la Dirección Nacional de Vialidad dejó asentado mediante una nota interna que el estado del trazado de la Ruta 33 requería de manera urgente una intervención de fondo para evitar un mayor colapso.
A pesar de que con anterioridad se había avanzado en la licitación de una obra adjudicada a la firma Rovial S.A. para abordar la problemática, los trabajos terminaron limitándose a intervenciones de bacheo parcial. Posteriormente, las tareas quedaron paralizadas de forma definitiva debido a la falta de partidas presupuestarias para sostener la continuidad de los trabajos en la zona.
Paralelamente, las acciones paliativas ejecutadas en otros tramos tampoco lograron revertir el deterioro generalizado. En el trayecto de la Ruta 33 comprendido entre las localidades de Venado Tuerto y Murphy se llevaron a cabo tareas de bacheo en frío, aunque el juzgado las consideró notoriamente insuficientes frente a las dimensiones del daño estructural que presenta la calzada.
Por otra parte, el fallo judicial cuestionó severamente la falta de mantenimiento adecuado en las Rutas Nacionales 7 y 8, orientando los señalamientos hacia la firma Corredores Viales S.A., empresa concesionaria a cargo de la administración y cuidado de ambos trazados.
Respecto a la Ruta Nacional 7, el magistrado sostuvo que dentro de la causa no se logró acreditar la realización de obras o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo ubicado dentro del departamento General López. En tanto, la situación observada sobre la Ruta Nacional 8 también fue catalogada como deficiente, confirmando un patrón generalizado de desatención en la red vial nacional que atraviesa la región sur santafesina.
RECLAMOS
UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS PARAN EN RECLAMO POR SALARIOS Y FINANCIAMIENTO
Las universidades de todo el país atraviesan una jornada de paro de 24 horas convocada por los gremios docentes y no docentes, que reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial frente a la inflación.
La medida alcanza las actividades académicas y administrativas de las instituciones de educación superior. En Rosario, el gremio de trabajadores no docentes Apur confirmó su adhesión, por lo que la protesta tendrá impacto tanto en las cursadas como en distintos servicios que funcionan en las facultades.
El reclamo sindical se concentra en la situación presupuestaria de las universidades y en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Desde las federaciones sostienen que los recursos actuales no resultan suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y que los salarios quedaron muy por debajo de la evolución del costo de vida.
La aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario constituye uno de los principales pedidos de los gremios. Las organizaciones consideran que contar con mayores recursos resulta necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades y sostener sus actividades.
El otro eje de la protesta es salarial. Docentes y no docentes reclaman una recomposición frente al impacto de la inflación y sostienen que los ingresos del sector se encuentran por debajo de los niveles necesarios para afrontar los gastos cotidianos.
La adhesión del personal no docente implica además que el impacto del paro no se limite a las clases. Durante la jornada pueden verse afectados trámites, atención administrativa y otros servicios habituales de las facultades.
Desde el Gobierno nacional cuestionaron la medida y la calificaron como “prematura”. Funcionarios nacionales sostienen que se cumplieron los compromisos asumidos en las paritarias con los distintos gremios universitarios.
La posición oficial también plantea que el diálogo con las organizaciones sindicales continúa abierto y que se desarrollan reuniones técnicas para analizar las partidas presupuestarias y las escalas salariales.
Para los gremios, sin embargo, esas instancias no produjeron avances suficientes para resolver los reclamos. Por ese motivo se decidió avanzar con la medida de fuerza nacional.
El paro vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la educación superior pública y la situación salarial de quienes trabajan en las universidades.
La jornada se desarrolla mientras estudiantes y familias deben reorganizar sus actividades ante la suspensión de clases y las posibles modificaciones en el funcionamiento habitual de las facultades.
El conflicto queda así abierto entre los gremios, que reclaman mayores recursos y una recomposición de los salarios, y el Gobierno nacional, que sostiene que los acuerdos paritarios fueron cumplidos y que las conversaciones continúan.
En Rosario, la adhesión de Apur suma al reclamo nacional el impacto sobre el funcionamiento administrativo de las facultades, mientras las organizaciones sindicales mantienen el pedido de respuestas concretas sobre el financiamiento universitario y los ingresos de docentes y no docentes.
ENFRENTAMIENTOS
INCIDENTES FRENTE AL CONGRESO EN MEDIO DEL DEBATE POR LA LEY DE PROPIEDAD PRIVADA
La discusión del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado tuvo este jueves un fuerte correlato en las calles. Mientras el oficialismo buscaba avanzar con la iniciativa dentro del recinto, miles de personas se concentraron frente al Congreso para rechazar la propuesta y denunciar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
La convocatoria reunió a la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, ambientales, campesinas e indígenas, además de numerosos movimientos políticos y sindicales. Bajo la consigna "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja", la protesta se desarrolló durante varias horas sin incidentes.
La situación cambió poco después de las 17, cuando las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad comenzaron a aplicar el protocolo antipiquetes para despejar los accesos al Congreso.
El operativo movilizó a más de 820 efectivos pertenecientes a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de la Ciudad. Según informaron las autoridades, se utilizaron camiones hidrantes, gas pimienta, gases lacrimógenos y balas de goma para avanzar sobre los manifestantes y desplazar la concentración hacia la avenida 9 de Julio.
Como consecuencia de la intervención policial, 12 personas fueron detenidas. Tres de ellas quedaron a disposición de la Justicia Federal bajo la acusación de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que las otras nueve fueron arrestadas por la Policía de la Ciudad durante el operativo de desconcentración.
La jornada también dejó varios heridos.
Uno de los casos más delicados fue el de una fotoperiodista, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante los incidentes. Según se informó, presentaba sangrado en los oídos y fue asistida inicialmente por personal médico en el lugar antes de ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich para una evaluación de mayor complejidad.
Del lado de las fuerzas de seguridad, cinco efectivos resultaron con distintas contusiones y fueron derivados al Hospital Churruca para recibir atención médica.
El amplio despliegue de seguridad también generó importantes complicaciones en la circulación del centro porteño. El perímetro comprendido entre las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy y 9 de Julio permaneció parcialmente restringido durante buena parte de la tarde, mientras que 22 líneas de colectivos modificaron sus recorridos y la estación Congreso de la Línea A de subte permaneció cerrada por razones de seguridad.
La movilización se desarrolló en simultáneo con el debate parlamentario del proyecto oficial, que propone modificaciones al régimen de desalojos, expropiaciones y a la Ley de Manejo del Fuego.
Las organizaciones convocantes sostienen que la iniciativa favorece los desalojos acelerados, flexibiliza normas de protección territorial y representa un retroceso en materia de acceso a la tierra y derechos sociales.
En paralelo, el oficialismo defendió la necesidad de fortalecer la protección de la propiedad privada y avanzar con un marco legal que, según argumenta, otorgue mayor seguridad jurídica.
Las protestas no se limitaron a la Ciudad de Buenos Aires. También hubo movilizaciones en distintos puntos del país, con concentraciones en ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza y Salta, donde organizaciones sindicales y sociales replicaron el rechazo al proyecto que continúa siendo debatido en el Senado.
La sesión parlamentaria, que se extendió durante varias horas, mantuvo un intenso intercambio entre oficialismo y oposición mientras, puertas afuera del Congreso, la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad marcó otra jornada de fuerte conflictividad política y social.
REFORMA
DESALOJOS, ALQUILERES Y USURPACIONES: LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO QUE LLEGA AL SENADO
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional llegará este jueves al Senado con cambios de último momento. Luego de retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras por falta de consenso político, el eje de la discusión quedó concentrado en las modificaciones que afectan a propietarios e inquilinos, especialmente en lo relacionado con los desalojos.
La iniciativa propone acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente y también establece nuevos procedimientos para los casos de incumplimiento en el pago de alquileres.
Uno de los cambios más relevantes contempla la posibilidad de aplicar desalojos exprés en situaciones de usurpación o cuando existan ocupantes considerados tenedores precarios. Según el texto, un juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho invocado por el propietario y este presenta la documentación que acredita la titularidad.
En esos casos, la devolución del inmueble podría concretarse en un plazo de hasta 72 horas, siempre que el propietario lo solicite y acompañe la prueba correspondiente.
https://inforoldan.com.ar/admin/noticias_editar.php?id=2717&page=1
El proyecto también incorpora modificaciones para los contratos de alquiler cuando el inquilino deja de pagar.
La propuesta establece que el propietario deberá intimar previamente al locatario mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. La notificación deberá indicar además el lugar donde debe efectuarse el pago.
Si vencido ese plazo el incumplimiento continúa, el dueño del inmueble podrá iniciar el proceso judicial de desalojo, que, de aprobarse la reforma, podría ejecutarse en un plazo de diez días hábiles.
El texto también contempla situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble residan menores de edad o personas en condición de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar para gestionar una solución habitacional transitoria. Esa intervención no podrá extenderse por más de diez días y no suspenderá el avance del proceso judicial.
Las modificaciones generaron una fuerte reacción de organizaciones que representan a los inquilinos.
Desde la Federación de Inquilinos Nacional advirtieron que la reforma podría dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes alquilan de manera informal, especialmente en aquellos casos donde no existen contratos escritos o comprobantes de pago.
Su presidente, Gervasio Muñoz, sostuvo que muchas familias podrían enfrentar dificultades para acreditar la relación locativa si surge un conflicto judicial, ya que una parte importante del mercado de alquileres funciona sin la documentación correspondiente.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad y agilizar procesos que actualmente pueden extenderse durante meses o incluso años.
La sesión está prevista para este jueves desde las 14 y el oficialismo intentará reunir los votos necesarios para avanzar con un proyecto que, pese a la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, continúa generando un fuerte debate entre el Ejecutivo, la oposición y las organizaciones sociales.
TIERRAS
MARCHA ATRÁS: EL GOBIERNO TUVO QUE BAJAR EL CAPÍTULO MÁS POLÉMICO DE LA LEY
A menos de 24 horas del debate previsto en el Senado, el Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la extranjerización de tierras rurales. La decisión fue adoptada luego de que varios gobernadores y bloques aliados anticiparan que no acompañarían ese punto, poniendo en riesgo la aprobación de la iniciativa.
El oficialismo buscó así destrabar la sesión prevista para este jueves y concentrar los apoyos en el resto del proyecto, que mantiene modificaciones sobre desalojos, expropiaciones, escrituración de tierras y la Ley de Manejo del Fuego.
La determinación fue tomada durante una reunión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a senadores de La Libertad Avanza y legisladores de espacios aliados. Entre ellos participaron representantes de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos bloques provinciales.
En un comunicado conjunto, los bloques oficialistas y aliados informaron que resolvieron por consenso postergar el tratamiento del capítulo vinculado al régimen de tierras rurales. Según explicaron, el objetivo es continuar trabajando sobre esa parte del proyecto para alcanzar una mayor cantidad de acuerdos antes de volver a llevarla al recinto.
Desde el espacio aclararon que la decisión no implica el retiro definitivo de la propuesta, sino que responde a la necesidad de revisar su redacción y sumar nuevos aportes para lograr un mayor respaldo político.
El capítulo eliminado del debate proponía modificar el régimen vigente sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones previas, el Gobierno había planteado un límite del 25% a nivel provincial, una propuesta que igualmente encontró resistencia entre gobernadores y sectores de la oposición dialoguista.
Con ese obstáculo fuera del temario, La Libertad Avanza intentará avanzar con el resto del proyecto, que incorpora cambios considerados estratégicos por el Ejecutivo.
Entre ellos figuran modificaciones al Código Civil y Comercial para agilizar los procesos de desalojo, reformas en el régimen de escrituración de inmuebles, cambios en la Ley de Expropiaciones y una revisión de la Ley de Manejo del Fuego.
Este último punto continúa generando cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y sectores de la oposición. Los críticos advierten que la reforma elimina restricciones vigentes sobre el uso y la venta de tierras afectadas por incendios, una modificación que, sostienen, podría facilitar futuros desarrollos inmobiliarios u otros emprendimientos sobre superficies que actualmente cuentan con protección legal.
La sesión está convocada para este jueves a las 14 en el Senado. Para avanzar con el proyecto, el oficialismo necesita reunir al menos 37 votos, una mayoría que todavía depende del acompañamiento de bloques aliados y legisladores provinciales.
La marcha atrás con el capítulo sobre tierras refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para construir consensos en una de las iniciativas más relevantes del período legislativo, aunque el resto de las reformas continuará su camino parlamentario.
TIERRAS
EL GOBIERNO REESCRIBIÓ EL PROYECTO DE LEY DE TIERRAS PARA EVITAR UNA DERROTA EN EL SENADO
El Gobierno nacional modificó uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Ley de Tierras a pocos días de su tratamiento en el Senado. La decisión llegó luego de que el oficialismo detectara dificultades para reunir los votos necesarios y tras semanas de negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, que reclamaban mantener algún tipo de límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La nueva versión del texto, que será presentada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, establece un tope del 25% para la extranjerización de tierras a nivel provincial, una modificación respecto del proyecto original, que eliminaba por completo las restricciones vigentes.
Actualmente, la legislación nacional fija un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y ese porcentaje se aplica de manera simultánea a nivel nacional, provincial y municipal.
El cambio representa una concesión del Ejecutivo frente a las críticas recibidas desde distintos bloques políticos y organizaciones sociales, que advertían que la eliminación total de los límites podía facilitar una mayor concentración de tierras estratégicas en manos de particulares extranjeros.
Sin embargo, la nueva redacción también generó cuestionamientos. Al establecer el límite únicamente sobre el total de tierras de cada provincia, quedarían sin restricciones los porcentajes correspondientes a municipios y comunas, una situación que, según sectores opositores, podría permitir que determinadas localidades alcancen niveles mucho más elevados de extranjerización.
Uno de los casos que volvió a instalar el debate es el de Puerto Libertad, en Misiones, ubicado a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Allí, una empresa chilena posee alrededor de 62.000 hectáreas, equivalentes al 82% de las tierras rurales del municipio. Según trascendió, desde hace dos años el gobierno local intenta adquirir una pequeña fracción para desarrollar un parque industrial, aunque la operación no logró concretarse porque las decisiones dependen del directorio de la firma radicado en Chile.
Además del nuevo límite provincial, el oficialismo incorporó otro cambio al proyecto. Las compras de tierras realizadas por empresas con participación de Estados extranjeros deberán contar con un sistema de doble autorización, que incluirá tanto el aval del Gobierno nacional como el de la provincia donde se ubique el inmueble.
Pese a estas modificaciones, el escenario parlamentario continúa abierto. El peronismo anunció que concentrará su estrategia en impedir la aprobación del capítulo referido a la extranjerización de tierras y mantiene conversaciones con senadores de bloques provinciales, radicales y otros espacios dialoguistas para intentar reunir los votos necesarios.
En paralelo, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, indígenas y ambientales convocaron a una movilización frente al Congreso durante la jornada en que se debatirá la iniciativa, con el objetivo de presionar a los legisladores que aún no definieron su postura.
Dentro del interbloque de Unión por la Patria consideran que todavía existen posibilidades de bloquear ese apartado del proyecto si logran reunir 37 votos en contra, una cifra que dependerá especialmente de la posición que adopten representantes de la UCR, bloques provinciales y legisladores de Misiones.
Para La Libertad Avanza, en cambio, la incorporación del límite provincial busca recuperar parte del respaldo perdido y garantizar el acompañamiento de sectores aliados, principalmente del PRO, parte del radicalismo y fuerzas provinciales.
El debate también tendrá un componente político adicional. Durante la sesión prevista para este jueves, el presidente Javier Milei se encontrará de viaje oficial, por lo que el Poder Ejecutivo quedará transitoriamente a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En caso de producirse un empate en la votación, quien tendría la responsabilidad de definir el resultado sería el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una posibilidad que el oficialismo observa como un eventual respaldo para destrabar uno de los capítulos más controvertidos del paquete legislativo.
PRESION
EL GOLPE AL BOLSILLO NO FRENA: UNA NUEVA SUBA EN LOS COMBUSTIBLES DESDE AGOSTO
Los combustibles volvieron a aumentar en todo el país desde este 1° de agosto como consecuencia de una nueva actualización de los impuestos nacionales que gravan las naftas y el gasoil. La medida, oficializada a través del Decreto 693/2026, ya comenzó a reflejarse en las estaciones de servicio con un incremento promedio del 0,75% en los precios de venta al público.
La actualización alcanza tanto a las naftas como al diésel y responde a la modificación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos componentes que forman parte del precio final que pagan los consumidores cada vez que cargan combustible.
En términos prácticos, el ajuste representa una suba aproximada de 11 pesos por litro en las naftas y de alrededor de 14 pesos por litro en el gasoil, aunque los valores finales pueden variar según la petrolera, la región y la política comercial de cada estación de servicio.
El incremento forma parte del esquema de actualizaciones impositivas que el Gobierno nacional viene aplicando de manera gradual. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo decidió volver a postergar parte de los aumentos pendientes con el objetivo de evitar un impacto mayor sobre los precios y mantener el sendero fiscal previsto por la administración nacional.
De esta manera, si bien los impuestos volvieron a ajustarse, una parte de las actualizaciones acumuladas continuará diferida y podría aplicarse en los próximos meses, dependiendo de las decisiones que adopte el Gobierno.
Como ocurre habitualmente, el aumento de los combustibles tiene un efecto que trasciende el costo de llenar un tanque. El transporte de cargas, la logística, la distribución de mercaderías y buena parte de las actividades económicas dependen directamente del precio del combustible, por lo que este tipo de incrementos suele trasladarse progresivamente a otros bienes y servicios.
El nuevo ajuste llega en un contexto en el que los combustibles registraron varias modificaciones durante el último año, tanto por la evolución de los impuestos nacionales como por las actualizaciones aplicadas por las empresas petroleras.
Si bien el porcentaje anunciado resulta menor respecto de otros incrementos registrados anteriormente, representa un nuevo impacto para automovilistas, transportistas y sectores productivos que utilizan combustibles como uno de sus principales insumos.
Con la entrada en vigencia del decreto, todas las estaciones de servicio del país comenzaron a aplicar los nuevos valores, que ya se encuentran reflejados en los surtidores desde las primeras horas de agosto.
NO SE VENDE
"ARGENTINA NO SE VENDE": FUERTE PROTESTA CONTRA LA REFORMA IMPULSADA POR MILEI
La discusión sobre el futuro de la regulación de las tierras rurales en Argentina comenzó a escalar antes de llegar al recinto del Senado. Este lunes, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, campesinas e indígenas se movilizaron frente al Congreso nacional para expresar su rechazo al proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que propone modificar uno de los principales límites establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La protesta reunió a referentes de distintos sectores bajo las consignas "Argentina no se vende" y "La soberanía no se negocia", en una manifestación que buscó visibilizar la preocupación por los cambios que plantea la iniciativa oficial.
El proyecto comenzará a ser debatido este jueves 6 de agosto en el Senado. Si obtiene media sanción, continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.
El punto que concentra la mayor controversia es la modificación del régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
Actualmente existe un límite nacional que establece que los inmuebles rurales en manos de extranjeros no pueden superar el 15% del territorio. La iniciativa del Ejecutivo propone eliminar ese tope nacional y trasladar la potestad de regular esa cuestión a cada provincia.
Para el Gobierno, la modificación apunta a fortalecer el derecho de propiedad y ampliar las posibilidades de inversión. Sin embargo, las organizaciones que participaron de la movilización consideran que la reforma podría generar escenarios muy diferentes según cada jurisdicción.
Advierten que aquellas provincias que no sancionen una legislación específica quedarían sin restricciones propias para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros privados.
Ese es uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes rechazan el proyecto.
Durante la concentración participaron representantes de la CGT, las dos CTA, movimientos campesinos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y agrupaciones sociales provenientes de distintas provincias.
Los manifestantes reclamaron mantener un marco regulatorio de alcance nacional que establezca criterios comunes para todo el país y sostuvieron que la regulación de la propiedad rural no debería quedar librada exclusivamente a decisiones provinciales.
Además, señalaron que la tierra constituye un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, el acceso al agua, los recursos naturales y la soberanía territorial.
En ese contexto, uno de los datos más mencionados durante la protesta surgió de un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET.
Según ese informe, actualmente más de 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, una superficie que representa cerca del 5% del territorio nacional.
Los sectores que rechazan la reforma sostienen que, si desaparece el límite nacional, esa proporción podría incrementarse en aquellas provincias que decidan no establecer nuevas restricciones.
Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa bajo el argumento de que cada distrito debe tener autonomía para definir sus propias reglas sobre el uso y la comercialización de la tierra, en función de sus necesidades productivas y económicas.
La discusión promete convertirse en uno de los debates más relevantes de las próximas semanas dentro del Congreso.
No solo porque involucra cuestiones vinculadas al régimen de propiedad privada, sino también porque vuelve a poner sobre la mesa el alcance de las facultades provinciales, la administración de los recursos naturales y el modelo de desarrollo que deberá adoptar el país en materia de inversiones rurales.
Con posiciones claramente enfrentadas, el Senado será el primer escenario donde comenzará a definirse el futuro de una reforma que ya genera un fuerte impacto político y social incluso antes de iniciar su tratamiento parlamentario.
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GOOGLE MAPS VOLVIÓ A MOSTRAR "ISLAS MALVINAS" Y EL TEMA SE HIZO VIRAL EN TODO EL PAÍS
En las últimas horas, Google Maps volvió a convertirse en tendencia en Argentina luego de que miles de usuarios compartieran capturas de pantalla do
LOS SENADORES RECIBIRÁN OTRA SUBA SALARIAL Y LAS DIETAS ROZARÁN LOS $12 MILLONES
Las dietas de los senadores nacionales volverán a actualizarse a partir de agosto y alcanzarán un salario bruto de $11.877.000 mensuales. El increme
CRECE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FERIADO NACIONAL TRAS EL REGRESO DE LA SELECCIÓN
La derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026 modificó el escenario previsto para el regreso del plantel al país y dejó en sus
IMPORTACIONES: LOS ENVÍOS DE HASTA 400 DÓLARES TENDRÁN BENEFICIOS IMPOSITIVOS
Las reglas para comprar productos en el exterior y recibirlos por correo cambiaron en Argentina. El Gobierno nacional oficializó una modificación de
BUSCAN ELIMINAR EL CONVENIO NACIONAL DE CAMIONEROS Y NEGOCIAR ACUERDOS PROVINCIALES
Un proyecto que podría modificar uno de los convenios laborales más importantes del país comenzará a debatirse formalmente en los próximos días.
LA CAUSA CONTRA ADORNI SUMÓ UNA PROHIBICIÓN PARA SALIR DEL PAÍS
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo este viernes luego de qu
MESSI MARCÓ UN DOBLETE Y ARGENTINA CLASIFICÓ A DIECISEISAVOS DEL MUNDIAL 2026
Con dos goles de Lionel Messi, la Selección derrotó 2 a 0 a Austria en Dallas y aseguró su clasificación a la próxima ronda con una fecha de anti
LA CAUSA CONTRA ADORNI SUMA NUEVOS INFORMES SOBRE BIENES, INGRESOS Y CRIPTOMONEDAS
El fiscal federal a cargo del expediente ordenó analizar ingresos, inversiones, bienes y movimientos económicos del jefe de Gabinete, su esposa y pa
