SUBSIDIOS
EL GOBIERNO DEFINIÓ LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS EN OCTUBRE
En octubre de 2026 continúan vigentes los subsidios de luz y gas para los hogares argentinos que reúnen los requisitos establecidos por el Gobierno nacional. La asistencia se gestiona a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que concentra la ayuda estatal en los grupos familiares que cumplen con determinados parámetros de ingresos y patrimonio.
El sistema contempla bonificaciones en las facturas de electricidad y gas natural por redes, además de reintegros por garrafas de 10 kilos, de acuerdo con las condiciones del programa.
CUÁL ES EL TOPE DE INGRESOS
Uno de los principales requisitos para acceder al beneficio es que los ingresos netos de todo el grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el Indec.
Para octubre, el monto de referencia informado es de $4.816.491 mensuales. Sin embargo, cumplir con ese límite no garantiza la aprobación de la solicitud, ya que también se evalúan los bienes y otras condiciones de quienes viven en el domicilio.
El régimen contempla, además, pautas específicas para hogares con integrantes que tengan Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
En los domicilios donde reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía evalúa la situación particular para determinar si corresponde otorgar el beneficio.
QUÉ BIENES PUEDEN IMPEDIR EL ACCESO
Además de los ingresos, el sistema considera la situación patrimonial del hogar. Entre los criterios de exclusión mencionados para el régimen figuran:
Tener un vehículo de hasta tres años de antigüedad, salvo las excepciones previstas para hogares con integrantes con CUD.
Ser titular de tres o más inmuebles.
Poseer una embarcación de lujo o una aeronave.
Contar con participación societaria en las condiciones establecidas por el programa.
Estos factores se analizan junto con los ingresos declarados para determinar si corresponde acceder a los subsidios.
CÓMO INSCRIBIRSE A LOS SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS
La gestión se realiza por internet a través del portal oficial de Subsidios Energéticos del Gobierno nacional. Para iniciar el trámite es necesario contar con una cuenta en Mi Argentina.
Antes de comenzar, se recomienda tener a mano el DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años, una dirección de correo electrónico y una factura de los servicios.
El procedimiento contempla tres pasos:
Verificar si ya existe una inscripción. Quienes estaban registrados en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) fueron incorporados automáticamente al nuevo sistema y no necesitan volver a anotarse.
Completar la declaración jurada. Se deben cargar los datos personales y la información solicitada sobre ingresos, situación laboral, bienes y servicios del grupo familiar.
Enviar la solicitud. Una vez presentado el trámite, se puede consultar si fue aprobado o rechazado a través de los canales oficiales.
El trámite y la consulta del estado de la solicitud están disponibles en el portal oficial de Subsidios Energéticos.
QUÉ DESCUENTOS SE APLICAN EN OCTUBRE
De acuerdo con la información proporcionada, el esquema previsto para octubre de 2026 contempla una bonificación adicional del 25% en electricidad y del 24,25% en gas natural por redes, que se suma al descuento general del 50% del mes.
Las bonificaciones se aplican sobre los consumos base establecidos por el régimen. Por eso, los porcentajes no necesariamente se traducen en una reducción equivalente sobre el total de cada factura.
DÓNDE CONSULTAR EL ESTADO DE LA SOLICITUD
Quienes hayan realizado el trámite pueden consultar su estado en el sitio oficial de Subsidios Energéticos: https://www.argentina.gob.ar/subsidios
Para realizar la consulta se solicita el número de gestión, el DNI y el correo electrónico declarado al momento de la inscripción. También se puede acceder a la información desde la aplicación Mi Argentina.
Antes de iniciar una nueva solicitud, es importante verificar si el hogar ya fue incorporado al sistema a partir del registro anterior, para evitar repetir un trámite que no sería necesario.
SIN EFECTO
LA JUSTICIA ORDENÓ AL ESTADO GARANTIZAR LOS FONDOS PREVISTOS POR LA LEY UNIVERSITARIA
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dejó sin efecto la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de manera inmediata la norma. La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo declaró inconstitucional la cláusula incorporada al Decreto 759/2025, mediante la cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la ley a que el Congreso determinara las fuentes presupuestarias necesarias para financiarla.
Para el magistrado, ese condicionamiento, basado en el artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera, constituyó un mecanismo que permitió paralizar una legislación que había sido ratificada por el Congreso con una mayoría especial de dos tercios luego del rechazo al veto presidencial.
La resolución también abordó los argumentos planteados por las áreas de Capital Humano y Educación respecto del impacto fiscal que tendría la aplicación de la norma. Según la posición del Gobierno incorporada al expediente, el costo superaría el billón de pesos y podría afectar la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, el juzgado señaló que la Ley 27.795 contempla herramientas para obtener financiamiento mediante la readecuación de partidas y los incrementos de recaudación. En ese sentido, rechazó que una ley posterior quede condicionada por restricciones establecidas previamente y sostuvo que el Poder Legislativo no queda vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones.
Los amparos fueron presentados en un contexto marcado por la prórroga de los presupuestos universitarios de 2023. En el caso de la UBA, la institución había denunciado una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, además de advertir sobre dificultades para sostener el funcionamiento de sus hospitales universitarios.
El expediente también incorporó informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calcularon el costo total de la norma en un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Con la decisión de primera instancia, el Estado nacional deberá dictar las medidas reglamentarias e instructivas necesarias para garantizar la transferencia efectiva de los fondos previstos por la ley.
El fallo, además, consolida resoluciones anteriores que habían ordenado actualizar los gastos de funcionamiento, reajustar los ingresos de los trabajadores universitarios y garantizar la cobertura de los programas de becas.
INFLACIÓN
CONSULTORAS PRIVADAS ESTIMAN QUE LA INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE RONDARÍA EL 2%
La inflación de septiembre podría haber vuelto a ubicarse en torno al 2%, de acuerdo con las estimaciones realizadas por distintas consultoras privadas. El dato oficial todavía no fue difundido y será dado a conocer por el INDEC el próximo martes.
Las proyecciones representan una posible aceleración respecto de agosto, cuando la inflación había registrado 1,66%. En las mediciones privadas, los alimentos aparecen como uno de los principales factores detrás del comportamiento de los precios durante el mes pasado.
Según LCG, los bienes básicos de alimentación habrían aumentado 1,7% durante la última semana de septiembre. En las últimas cuatro semanas, el incremento habría alcanzado el 2,7%.
Por su parte, Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2% para septiembre y señaló a los alimentos y bebidas no alcohólicas como uno de los principales impulsores. Para ese rubro, la consultora calculó una suba mensual del 3,2%.
EcoGo también proyectó una inflación del 2%. Según su estimación, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 puntos porcentuales por encima del registro de agosto, con un componente estacional liderando las subas. La consultora también identificó a alimentos y bebidas como el principal impulsor.
Analytica coincidió con una proyección del 2%, mientras que C&T Asesores estimó una suba de precios del 1,9%.
De esta manera, las distintas mediciones privadas ubican la inflación estimada de septiembre entre el 1,9% y el 2%. Sin embargo, se trata de proyecciones y no del resultado oficial del mes, que será informado por el INDEC.
A la espera de ese dato y también del registro de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, las estimaciones de las consultoras apuntan a que el costo general de vida habría mantenido una dinámica cercana al 2% mensual, con recurrentes subas y bajas durante los últimos meses.
En este contexto, Matías Surt, economista de Invecq, sostuvo durante su exposición en el Foro de IDEA que el proceso inflacionario atraviesa una etapa compleja para alcanzar una tasa anual del 10%. Según su diagnóstico, esto requiere paciencia y no necesariamente implica una falla del plan de estabilización.
En lo que va del año, la inflación acumula una suba del 21,3%. Además, durante los primeros ocho meses del año ya había duplicado la proyección oficial incluida en el Presupuesto.
El próximo martes, con la publicación del INDEC, se conocerá finalmente si las estimaciones privadas sobre la inflación de septiembre estuvieron cerca del resultado oficial.
OPERACIONES
ARGENTINA INICIÓ ACCIONES CONTRA THALES UK POR VUELOS ENTRE MALVINAS Y CHILE
El Gobierno argentino anunció nuevas acciones judiciales y diplomáticas vinculadas con las Islas Malvinas, luego de denunciar operaciones aéreas entre el archipiélago y la ciudad chilena de Punta Arenas y de avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Según informó oficialmente el Gobierno, fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido. La administración argentina sostuvo que esos vuelos se realizaron sin autorización de las autoridades argentinas y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía.
El Ejecutivo también instruyó a los organismos correspondientes a realizar las gestiones diplomáticas relacionadas con esas operaciones. De acuerdo con la información oficial, los vuelos estuvieron vinculados con el traslado de integrantes de una delegación empresarial británica que participó de actividades comerciales en Punta Arenas.
El episodio se produjo en paralelo con un nuevo capítulo de la disputa por las actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a suspender, en un plazo de dos semanas, las actividades de exploración y explotación relacionadas con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La administración nacional anunció además el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según la posición expresada por el Gobierno, el objetivo es avanzar por la vía internacional contra las actividades hidrocarburíferas que considera incompatibles con los derechos argentinos sobre la zona.
El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar ese procedimiento. El Gobierno advirtió que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
El proyecto Sea Lion es desarrollado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La iniciativa contempla la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido en relación con los recursos naturales de la zona.
La cuestión también tiene una dimensión judicial dentro de la Argentina. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a las empresas involucradas abstenerse de continuar con determinadas obras vinculadas al proyecto, según la información aportada en el marco del caso.
El Gobierno argentino sostiene su posición sobre la cuestión Malvinas en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. En su comunicado, la administración nacional volvió a rechazar la denominación británica de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modificó la existencia de la controversia de soberanía.
En las últimas semanas, la Cancillería también había cuestionado iniciativas británicas destinadas a promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas. El 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino había rechazado una guía del Gobierno británico denominada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas” y señalado que profundizaría las medidas destinadas a impedir, según su postura, la explotación de recursos en la zona.
El nuevo conflicto se extendió además al vínculo con Chile debido a las operaciones aéreas denunciadas por Argentina. La realización de vuelos entre Malvinas y Punta Arenas coincidió con actividades empresariales orientadas a fortalecer los vínculos comerciales entre el archipiélago y el sur chileno. El Gobierno argentino interpretó esas operaciones como parte de un intento de establecer una ruta comercial entre ambos puntos.
La empresa señalada por el Ejecutivo es THALES UK LIMITED. La denuncia oficial se refiere específicamente a las operaciones realizadas con una aeronave de matrícula británica y a la falta de autorización de las autoridades argentinas, según la versión difundida por el Gobierno.
En paralelo, el Reino Unido mantiene su posición sobre la soberanía de las islas y sobre el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. La disputa entre ambos países continúa abierta desde hace décadas y comprende tanto la cuestión territorial como las actividades económicas y la explotación de recursos naturales en las áreas circundantes.
Con las nuevas medidas anunciadas, Argentina abrió dos vías de actuación en forma simultánea: por un lado, procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas; por otro, el procedimiento de arbitraje internacional destinado a cuestionar las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Sea Lion.
El Gobierno fijó así un plazo de dos semanas para que el Reino Unido suspenda las actividades que cuestiona en la Cuenca Malvinas Norte. Si no obtiene la respuesta esperada, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.
CORRUPCION M
SECRETO FISCAL, BITCOIN Y DATOS LABORALES: LAS NUEVAS MEDIDAS EN LA CAUSA CONTRA ADORNI
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este lunes una nueva batería de medidas de prueba. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó avanzar sobre distintos aspectos de la situación patrimonial del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, luego del escrito presentado la semana pasada por la defensa para responder a los cuestionamientos surgidos durante la pesquisa.
Uno de los principales puntos del nuevo pedido es reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio desde el inicio de su vida económica activa. En el caso de Adorni, el período solicitado comienza el 28 de febrero de 1998, mientras que para Angeletti se estableció como punto de partida el 10 de octubre de 2000, fechas correspondientes a cuando alcanzaron la mayoría de edad. La investigación había comenzado con un período posterior y ahora se amplía hacia los años previos.
La medida está vinculada con una de las explicaciones presentadas por la defensa de Adorni. Según el planteo realizado ante la Justicia, el capital utilizado para adquirir criptomonedas a partir de 2014 habría surgido de ahorros familiares acumulados previamente mediante la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio. Por ese motivo, Pollicita pidió incorporar información que permita reconstruir los ingresos y el patrimonio de ambos durante ese período.
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Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo figura el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, se pidió abarcar el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, mientras que para Angeletti se solicitó información desde el 10 de octubre de 2000. La fiscalía requirió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros gravámenes, los regímenes en los que estuvieron inscriptos, las actividades declaradas y la información de terceros registrada en sus bases. También se pidió conocer eventuales adhesiones a blanqueos o moratorias y otras informaciones patrimoniales y tributarias.
La fiscalía también solicitó información sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas por ambos. A su vez, pidió a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo aportes registrados, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas en el sistema previsional y eventuales actividades como autónomos o monotributistas.
Otro de los ejes de la investigación está relacionado con las operaciones con bitcoin. En su presentación, la defensa de Adorni sostuvo que US$ 591.544,61 en efectivo que habían quedado bajo análisis provenían de operaciones con criptomonedas realizadas antes de su llegada a la función pública. Según esa explicación, los fondos estarían vinculados con ocho direcciones de bitcoin.
Para avanzar sobre ese punto, la defensa entregó un sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de acceso a las ocho direcciones. El fiscal convocó al abogado Matías Ledesma para que concurra junto con un perito de parte, el sobre y una computadora propia. El procedimiento previsto contempla que el especialista ingrese a las billeteras y firme un mensaje que será proporcionado por la fiscalía en el mismo acto.
Luego de esa instancia, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina realizará una verificación criptográfica de cada una de las ocho direcciones. El objetivo es comprobar técnicamente las firmas obtenidas durante el procedimiento y dejar constancia del resultado correspondiente a cada billetera. Según la información publicada, las claves privadas permanecerían bajo resguardo de la defensa y el procedimiento requeriría autorización judicial.
La batería de medidas también alcanza otros aspectos de la situación patrimonial del matrimonio. Pollicita pidió a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios información sobre los vehículos que hayan estado registrados a nombre de ambos durante el período investigado.
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Además, solicitó información para determinar si Adorni y Angeletti participaron en sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, integrantes de órganos de administración o fiscalización, o apoderados. El pedido incluye la identificación de las entidades, sus objetos, los porcentajes de participación y las fechas de ingreso y egreso.
También fueron requeridos datos vinculados con sus antecedentes laborales y profesionales. La información solicitada forma parte de la reconstrucción patrimonial que la fiscalía busca realizar a partir de las explicaciones presentadas por la defensa.
De esta manera, la causa continúa en etapa de investigación con nuevas medidas destinadas a contrastar la documentación y los argumentos aportados por Adorni. Entre los principales puntos que la fiscalía busca esclarecer se encuentran el origen de los fondos utilizados para las operaciones con criptomonedas, la titularidad de las ocho billeteras mencionadas por la defensa y la evolución de los ingresos y bienes del matrimonio desde fines de la década de 1990.
VISITA
EL GOBIERNO OFICIALIZÓ LOS FERIADOS POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV
El Gobierno nacional oficializó el esquema de feriados previsto con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma declaró de interés nacional la visita del Sumo Pontífice y todas las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su presencia en el país. El decreto también estableció jornadas especiales de feriado en las jurisdicciones alcanzadas por las actividades previstas.
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. La medida alcanza a todo el país y fue establecida con motivo de la visita de León XIV y de las actividades previstas durante esa jornada.
En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese día forma parte de las jornadas en las que el Papa desarrollará actividades vinculadas con su visita.
El miércoles 11 de noviembre, por su parte, será feriado exclusivamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El decreto establece que las medidas responden a las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación asociadas con la visita.
De esta manera, el esquema queda conformado por un feriado nacional el lunes 9 y otros dos de alcance territorial limitado: el martes 10 para Córdoba y CABA y el miércoles 11 para la provincia de Buenos Aires.
La visita oficial del papa León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. De acuerdo con el cronograma difundido, el Pontífice llegará al país el domingo 8 y desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de continuar su viaje hacia Perú.
El Gobierno justificó la adopción de las medidas en la magnitud de las actividades programadas y en los desplazamientos asociados con ellas, que requerirán operativos especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.
El decreto señala que la superposición de esas actividades con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil podría dificultar la organización de los operativos. Por ese motivo, se establecieron los feriados en las fechas y jurisdicciones directamente involucradas.
Además del esquema de feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. Su función será planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para organizar y llevar adelante la visita.
Entre sus objetivos se encuentra coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional relacionadas con la llegada del Papa, planificar las actividades, establecer prioridades y cronogramas y articular la intervención de los organismos nacionales que sean necesarios.
La unidad también tendrá a su cargo canalizar requerimientos vinculados con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales. Asimismo, deberá identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones vinculadas con la organización.
El decreto establece que esta estructura tendrá vigencia hasta el cumplimiento de sus objetivos, aunque su duración no podrá superar los 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.
Así, el Gobierno dejó formalizado tanto el reconocimiento de la visita del papa León XIV como el esquema de feriados y la estructura administrativa destinada a coordinar las distintas acciones necesarias para su realización.
MAS CARA
YPF AUMENTA 1% EL PRECIO DE SUS COMBUSTIBLES DESDE ESTE SÁBADO
YPF confirmó un aumento promedio del 1% en el precio de sus combustibles a partir de las 0 de este sábado 26 de septiembre. La actualización alcanza a las naftas y el gasoil y se aplicará en todo el país, en un contexto marcado por la suba internacional del petróleo y la extensión del conflicto en Medio Oriente.
La compañía informó que la decisión se toma en el marco del esquema de “buffer” de precios que mantiene desde abril. Según explicó YPF, este mecanismo busca evitar que las variaciones del mercado internacional se trasladen de manera inmediata a los precios locales y, al mismo tiempo, acompañar la evolución de la demanda.
La petrolera señaló que la tensión generada por el conflicto en Medio Oriente volvió a impulsar el valor internacional del crudo. Al momento de comunicarse la actualización, el Brent se encontraba por encima de los 100 dólares por barril, una referencia relevante para el mercado de combustibles.
El incremento de YPF se produjo después de los movimientos de otras empresas del sector. Durante la semana, Shell, Axion y Puma habían aplicado aumentos de entre el 2% y el 5%, según la compañía y el tipo de combustible.
Desde YPF remarcaron que la actualización del 1% se encuentra dentro de la estrategia de amortiguación de precios que viene aplicando la empresa. La compañía sostuvo que este esquema permite evitar trasladar toda la volatilidad internacional al mercado local y mantener una evolución gradual de los valores en los surtidores.
A la vez, YPF continuará utilizando su sistema de “micropricing”. Este mecanismo permite realizar ajustes específicos de acuerdo con distintas variables de cada mercado, entre ellas la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas.
Por este motivo, el aumento promedio del 1% no implica necesariamente que todos los surtidores tengan exactamente los mismos precios ni que la actualización sea idéntica en cada estación. Los valores pueden variar de acuerdo con las condiciones particulares contempladas por el sistema de precios de la compañía.
La petrolera también indicó que continuará monitoreando las principales variables del mercado para determinar si corresponde realizar nuevos ajustes específicos. De esta manera, la evolución del petróleo internacional, la demanda y las condiciones de cada mercado seguirán siendo parte de los factores considerados para definir los precios.
La actualización comenzó a regir desde la medianoche del sábado 26 de septiembre y representa el nuevo movimiento de precios de YPF en un escenario internacional de mayor presión sobre el valor del crudo.
REFORMA
ZONAS FRÍAS: EL SENADO CONVIRTIÓ EN LEY LA REFORMA QUE LIMITA LOS SUBSIDIOS AL GAS
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, una modificación que reduce el alcance del subsidio al consumo de gas y cambia los criterios para acceder al beneficio en buena parte del país. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra, y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
Con la nueva legislación, el beneficio automático determinado por criterio geográfico queda concentrado en la Patagonia, la región de la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. De esta manera, las localidades que habían sido incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021 dejan de contar con esa cobertura automática y pasan a un esquema focalizado. Entre las provincias alcanzadas por el cambio se encuentra Santa Fe.
La reforma modifica así el esquema que había ampliado la cobertura de las denominadas Zonas Frías a distintas localidades del país. El nuevo régimen establece que los usuarios de las zonas templadas e intermedias deberán cumplir determinadas condiciones para acceder a los subsidios energéticos focalizados, en lugar de recibir el beneficio únicamente por su ubicación geográfica.
Uno de los criterios establecidos es el nivel de ingresos del hogar. Según el texto informado, podrán acceder quienes acrediten ingresos mensuales inferiores al equivalente de tres Canastas Básicas Totales. También se mantienen condiciones específicas de acceso para determinados grupos, entre ellos veteranos de Malvinas, hogares registrados en el ReNaBaP y personas con Certificado Único de Discapacidad.
El cambio tendrá particular impacto en las localidades de Santa Fe que estaban comprendidas en la ampliación del régimen. En el caso de Rosario y otras ciudades del sur provincial, el beneficio automático por zona fría queda reemplazado por el esquema focalizado según las condiciones establecidas por la nueva normativa.
La sanción se produjo luego de un debate marcado por la decisión del bloque peronista de retirarse del recinto antes de la discusión del proyecto. El senador José Mayans había expresado que su espacio pretendía una postura que contemplara al conjunto de las provincias. Tras la salida de los legisladores peronistas, el oficialismo y sus aliados reunieron el quórum necesario para avanzar con el tratamiento y posteriormente aprobar la iniciativa.
La modificación también cambia la manera en que se aplica el descuento. El porcentaje de subsidio se calculará directamente sobre el componente correspondiente al precio del gas y no sobre el monto total de la factura emitida por las empresas distribuidoras.
Otro de los objetivos incluidos en la reforma es reducir el déficit energético. De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el Gobierno estimó un ahorro fiscal derivado de la modificación del régimen. La norma también incorpora disposiciones vinculadas con el funcionamiento del sistema energético y las obligaciones de las empresas distribuidoras.
Además, la ley extiende hasta 2045 el régimen de incentivos destinado al desarrollo de las energías renovables en todo el territorio nacional. La normativa establece también un mecanismo financiero para que las empresas distribuidoras del sector eléctrico puedan ordenar y regularizar las deudas que mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
El nuevo esquema modifica, de esta manera, el alcance de uno de los subsidios que impactan directamente sobre las facturas residenciales de gas. Para los usuarios de Santa Fe y de otras provincias que habían ingresado al régimen mediante la ampliación de 2021, la continuidad del beneficio ya no estará determinada exclusivamente por la ubicación geográfica, sino por las condiciones establecidas en el nuevo sistema de asistencia focalizada.
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS: CUÁNTO CAYÓ EL GASTO Y QUÉ PARTE DE LAS TARIFAS SIGUE CUBRIENDO EL ESTADO
El gasto destinado a subsidiar los servicios de energía y transporte se redujo de manera significativa en términos reales desde diciembre de 2023, aunque durante 2026 volvió a mostrar un incremento. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet (IIEP-UBA-Conicet), el gasto acumulado de los últimos doce meses es actualmente 59% inferior al registrado en diciembre de 2023.
Otro cálculo, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), ubica la reducción conjunta en 56,7% al comparar los primeros ocho meses de 2023 con el mismo período de 2026.
La evolución más reciente muestra, sin embargo, un cambio respecto de la tendencia de los años anteriores. Entre enero y agosto de 2026, el gasto total destinado a subsidios para energía y transporte alcanzó los $5,77 billones. El monto representó un incremento nominal del 39% y una suba real del 6% respecto del mismo período de 2025.
La evolución no fue igual para los dos sectores. Los subsidios destinados a la energía, que representan el 77% del gasto total, aumentaron un 21% en términos reales durante los primeros ocho meses del año. En el caso del transporte, en cambio, el gasto subsidiado se redujo un 24% real en la comparación interanual.
La reducción acumulada del gasto no significa que el Estado haya dejado de cubrir una parte de los costos de los servicios públicos. En agosto, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagaron, en promedio, el 55% del costo de los servicios, mientras que el Estado cubrió el 45% restante, de acuerdo con los datos del IIEP.
La proporción varía según el servicio. En electricidad, los usuarios residenciales afrontaron el 63% del costo total, mientras que el Estado cubrió el 37%. En gas natural, la cobertura de los hogares llegó al 57%, con un 43% restante a cargo de los subsidios. En transporte, los pasajeros cubrieron el 35% del costo, mientras que el Estado asumió el 65%. En agua, en cambio, la cobertura de los usuarios se acercó al 100%.
También existen diferencias importantes entre los hogares según reciban o no asistencia. En el caso de la electricidad, los usuarios que no tienen subsidios pagaron aproximadamente el 100% del costo del servicio, mientras que aquellos que reciben asistencia cubrieron alrededor del 33%.
Una situación similar se observa en el gas natural. Los hogares sin subsidios afrontaron cerca del 99% del costo, mientras que quienes reciben asistencia cubrieron aproximadamente el 25%.
Desde enero de 2026 funciona además un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el sistema anterior de segmentación en los niveles N1, N2 y N3. El nuevo mecanismo concentra la asistencia en los hogares considerados vulnerables.
El transporte mantiene una diferencia significativa entre el valor que abona el pasajero y el costo estimado de prestación del servicio. En agosto, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se ubicó en $743, mientras que el IIEP calculó una tarifa técnica sin subsidios de $2.082.
A su vez, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte por Automotor (Aaeta) estimó un costo de $2.428,71 para ese servicio. Las distintas mediciones reflejan que el valor abonado por el usuario se encuentra por debajo del costo técnico calculado.
El economista Alejandro Einstoss señaló que esa diferencia no puede trasladarse automáticamente a futuros aumentos, debido a que conviven usuarios que ya afrontan prácticamente el costo completo del servicio con otros que reciben bonificaciones.
La discusión sobre el esquema de subsidios también está vinculada con la evolución futura del gasto público. Entre las alternativas planteadas aparece la reducción del costo de abastecimiento y una focalización más precisa de la asistencia, mientras que la posibilidad de nuevos cambios en el gasto queda proyectada hacia 2027.
Así, los datos muestran dos tendencias simultáneas: por un lado, una reducción real cercana al 60% en el gasto destinado a subsidios de energía y transporte desde diciembre de 2023; por otro, un crecimiento durante 2026, mientras una parte de los costos de las tarifas continúa siendo cubierta por el Estado.
NO LLEGAN
FAMILIAS ENDEUDADAS: SUPERÓ EL 12% Y LLEGÓ A SU MÁXIMO EN MÁS DE DOS DÉCADAS
La morosidad de las familias volvió a aumentar en julio y quedó cerca del 13%, según los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El indicador alcanzó así su nivel más alto en más de 20 años y volvió a mostrar un incremento después de la estabilidad registrada durante junio.
Los atrasos en los pagos de las deudas familiares habían frenado en junio la escalada que acumulaban desde fines de 2024. Sin embargo, el dato correspondiente a julio volvió a mostrar un aumento y llevó el indicador a un nivel que marca una de las principales señales de deterioro dentro del sistema financiero.
En la comparación interanual, el crecimiento también fue significativo. La morosidad de las familias pasó del 5,6% registrado un año atrás al nivel alcanzado en julio, lo que representa un incremento de 7,3 puntos porcentuales.
El indicador refleja la proporción de los créditos que se encuentran en situación irregular dentro del financiamiento otorgado a los hogares. Su evolución es seguida por el sistema financiero debido a su relación con la capacidad de los deudores para afrontar los compromisos asumidos.
En el caso de las empresas, el comportamiento fue diferente. La morosidad de los préstamos destinados al sector empresario se ubicó en el 3,6% durante julio, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del registro de junio.
Al considerar en conjunto al sector privado, el ratio de irregularidad del crédito alcanzó el 7,7%, también con un incremento mensual de 0,1 puntos porcentuales.
Según explicó el Banco Central, la suba del indicador general estuvo relacionada con dos factores: una disminución del saldo real del financiamiento total, que funciona como denominador del cálculo, y un aumento real de la cartera en situación irregular, aunque a un ritmo que viene desacelerándose.
El informe también incorporó otro indicador relacionado con el comportamiento de las deudas: la probabilidad de default estimada (PDE). A nivel general, ese indicador registró una baja de 0,2 puntos porcentuales y quedó en el 2,4%.
Al observar los datos según el tipo de deudor, la probabilidad estimada de incumplimiento entre las familias se ubicó en el 3,9%, lo que representó una caída de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio.
Para las empresas, en tanto, la probabilidad de default estimada permaneció prácticamente sin cambios y se ubicó en el 1,1%.
Los datos muestran así dos indicadores con comportamientos diferentes. Mientras la morosidad de las familias alcanzó en julio un nivel máximo en más de dos décadas, la probabilidad estimada de default para ese mismo grupo registró una disminución mensual.
En el conjunto del sistema, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado continuó aumentando, aunque de manera moderada, y llegó al 7,7%. La evolución estuvo acompañada por un incremento de la cartera irregular y una reducción del saldo real del financiamiento total.
El dato de julio vuelve a poner el foco sobre el comportamiento de las deudas de los hogares, luego de que durante junio se hubiera registrado una pausa en la tendencia ascendente que se venía observando desde finales de 2024.
MENOS TRABAJO
LA TASA DE DESEMPLEO LLEGÓ AL 7,9% Y AUMENTÓ LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE BUSCAN TRABAJO
La tasa de desempleo llegó al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026 y registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado. En comparación con el primer trimestre de este año, la suba fue de 0,1 puntos, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El incremento de la desocupación se produjo en un contexto de mayor participación de la población en el mercado laboral. La tasa de actividad alcanzó el 48,9%, lo que representa una suba estadísticamente significativa de 0,8 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025.
La tasa de actividad mide la proporción de la población económicamente activa sobre el total de la población. El indicador incluye tanto a las personas que tienen una ocupación como a quienes no trabajan pero buscan empleo activamente y están disponibles para hacerlo.
Por su parte, la tasa de empleo se ubicó en 45%. Este indicador representa la proporción de personas ocupadas en relación con la población total.
La tasa de desocupación, en tanto, considera a las personas que no tienen una ocupación, están disponibles para trabajar y realizan una búsqueda activa de empleo como proporción de la población económicamente activa. En el período analizado alcanzó el 7,9%.
Los datos también mostraron un incremento de la informalidad laboral. Según el informe, la proporción de empleo informal registró una suba estadísticamente significativa de 1 punto porcentual en comparación con el segundo trimestre de 2025.
El comportamiento del mercado laboral presentó además diferencias según el área geográfica. En los aglomerados del interior del país, la tasa de desocupación alcanzó el 7,6%, con un aumento estadísticamente significativo de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.
En esos mismos aglomerados también aumentó la subocupación demandante. El indicador llegó al 9,1%, luego de registrar una suba de 0,9 puntos porcentuales interanuales.
La subocupación demandante comprende a personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan activamente otra ocupación o más horas de trabajo.
De esta manera, los principales indicadores del segundo trimestre muestran una tasa de actividad del 48,9%, una tasa de empleo del 45% y una tasa de desocupación del 7,9%.
En términos interanuales, el desempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales, mientras que la tasa de actividad registró un incremento de 0,8 puntos. A su vez, la informalidad laboral avanzó 1 punto porcentual.
La evolución de estos indicadores permite observar un mercado laboral en el que una mayor proporción de la población participa activamente en la búsqueda o realización de una ocupación, al tiempo que aumentaron tanto la desocupación como la informalidad respecto del segundo trimestre de 2025.
En el caso de los aglomerados del interior, el incremento de la desocupación fue mayor que el registrado en el conjunto informado para el período, con una variación interanual de 1,3 puntos porcentuales y una tasa que se ubicó en 7,6%.
Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y forman parte de los indicadores laborales relevados por el INDEC para ese período.
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