El proyecto ingresa al Congreso con cambios en las PASO, financiamiento político y nuevas reglas para los partidos.

Una frase directa desde el exterior vuelve a encender el debate político en Argentina y anticipa un movimiento legislativo de alto impacto: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, lanzó Javier Milei al confirmar que hoy enviará al Congreso una reforma electoral que incluye el regreso de Ficha Limpia.

El anuncio se concreta en un momento clave y con una estrategia distinta a la fallida en 2024, cuando el Senado rechazó la iniciativa. Esta vez, el oficialismo la integra dentro de un paquete más amplio que apunta a modificar reglas centrales del sistema político.

La propuesta de Ficha Limpia busca impedir que puedan ser candidatos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Según el esquema que impulsa el Ejecutivo, la restricción se aplicará si el fallo queda firme antes del 31 de diciembre previo al año electoral. En caso contrario, el impedimento regirá recién después de finalizado el proceso electoral.

Uno de los cambios más relevantes respecto al proyecto anterior es la ampliación del alcance. Ya no se limita a delitos contra la administración pública, sino que incluye otros delitos graves, en línea con planteos que sectores de la oposición vienen impulsando desde hace tiempo.

Pero más allá del contenido, el movimiento tiene una lectura política. En la Casa Rosada reconocen que la eliminación de las PASO —otro de los puntos del paquete— genera resistencias incluso entre aliados. En ese escenario, Ficha Limpia aparece como una herramienta para atraer apoyos y destrabar una negociación compleja.

La reforma se termina de delinear en reuniones internas del oficialismo, donde se define sumar este punto como un elemento de consenso frente a bloques que reclaman transparencia electoral pero rechazan eliminar las primarias.

El desafío no es menor. Para avanzar, el Gobierno necesita mayorías en ambas cámaras y, hasta ahora, ni siquiera cuenta con respaldo pleno de espacios cercanos como el PRO o sectores de la UCR.

En ese contexto, también se evalúa una jugada legislativa: enviar primero el proyecto al Senado, donde creen que existen mejores condiciones para negociar.

El paquete no se limita a Ficha Limpia. Incluye una serie de modificaciones estructurales, entre ellas la eliminación —o una nueva suspensión— de las PASO, uno de los puntos más sensibles del debate político actual.

También se prevén cambios en la creación y funcionamiento de los partidos políticos, con mayores exigencias en cantidad de afiliados y presencia territorial, además de un endurecimiento en los criterios para mantener la personería jurídica.

En paralelo, se propone modificar el sistema de financiamiento electoral. La iniciativa apunta a reducir el rol del Estado, eliminando aportes extraordinarios para campañas y manteniendo únicamente el Fondo Partidario Permanente para el funcionamiento básico de las fuerzas.

Con este esquema, el Gobierno busca reconfigurar el sistema político con una combinación de medidas que mezclan consenso y conflicto, en una discusión que promete tensiones dentro y fuera del Congreso.