La medida se conoció en una jornada atravesada por la tensión dentro de la sede del Poder Ejecutivo, luego de que varios periodistas fueran notificados en el ingreso que no podrían continuar con sus tareas habituales. Según trascendió, la restricción alcanza a medios que estarían bajo investigación por supuestas operaciones de “guerra híbrida”, una categoría que incluye acciones de desinformación impulsadas desde el exterior.

Desde el entorno presidencial y la Secretaría de Comunicación explicaron que la decisión se apoya en informes de inteligencia que advierten sobre la existencia de una red de portales y comunicadores que habrían difundido contenido falso con financiamiento extranjero. En ese marco, sostienen que la medida apunta a resguardar la seguridad nacional y proteger los canales oficiales de comunicación.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que la acreditación para cubrir actividades en Casa Rosada no constituye un derecho automático, sino un permiso sujeto a condiciones específicas. Bajo esa lógica, remarcaron que el acceso puede ser restringido si se detectan conductas que, según su interpretación, comprometen la veracidad de la información difundida o el normal funcionamiento institucional.

“No se trata de una restricción a la libertad de prensa”, señalaron desde el oficialismo, al tiempo que argumentaron que la decisión responde a la identificación de actores que operarían bajo directivas de agencias extranjeras. En esa línea, insistieron en que el objetivo sería evitar que la sede de Gobierno funcione como plataforma para campañas de desprestigio coordinadas.

La reacción no tardó en llegar. Asociaciones de prensa cuestionaron la medida al considerar que introduce un precedente delicado en el vínculo entre el Estado y los medios. Desde distintos sectores advirtieron que la exclusión de periodistas acreditados podría afectar el acceso a la información pública y limitar la cobertura independiente de la actividad gubernamental.

Por su parte, los comunicadores alcanzados por la decisión rechazaron de plano las acusaciones y negaron cualquier vínculo con redes internacionales de desinformación. Además, denunciaron que se trata de un acto de censura previa y reclamaron la revisión inmediata de la medida.

El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y parte de la prensa. En los últimos meses, ya se habían implementado cambios en los criterios de acreditación en Casa Rosada, con mayores exigencias vinculadas a la trayectoria y al alcance de los medios representados.

Ese antecedente había generado cuestionamientos en el sector, que ahora se profundizan con esta nueva decisión. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los periodistas que cubren la actividad oficial, en un escenario donde el acceso a la información y las condiciones de trabajo vuelven a quedar en debate.