El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, avanza en una reforma del Código Penal con el objetivo de actualizar la normativa vigente, incorporar nuevas figuras delictivas y endurecer penas en distintos casos. La iniciativa fue confirmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tras una reunión con el mandatario, y será enviada al Congreso mediante un esquema de proyectos parciales.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la estrategia apunta a avanzar con modificaciones inmediatas sin esperar la sanción de un nuevo Código Penal integral que reemplace al actual, vigente desde 1921. En paralelo, se trabaja en la redacción de un texto completo adaptado a las nuevas modalidades delictivas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de delitos que actualmente no cuentan con una tipificación específica o presentan vacíos legales. En ese marco, el Gobierno busca incluir figuras como estafas piramidales, delitos migratorios, las denominadas “viudas negras”, salideras bancarias, entraderas y robos cometidos por “motochorros”.

También se propone avanzar sobre otras conductas como el maltrato animal, el ingreso de armas en cárceles y la organización de picadas ilegales en la vía pública. Desde el oficialismo sostienen que estas prácticas son recurrentes, pero su encuadre legal actual dificulta tanto la investigación judicial como la aplicación de sanciones proporcionales.

La iniciativa también contempla un endurecimiento de penas en delitos ya existentes. Si bien no se detallaron todos los cambios específicos, el enfoque estará puesto en aumentar los años de prisión y revisar los criterios para otorgar beneficios como la libertad condicional en determinados casos.

En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado que el proyecto tendrá como eje reforzar el sistema penal frente a delitos que generan alto impacto social. La intención oficial es que las penas reflejen con mayor precisión la gravedad de los hechos.

El plan actual retoma antecedentes recientes. Durante la gestión del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se había impulsado un proyecto integral de reforma del Código Penal junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ese borrador incluía una reestructuración completa del sistema, con ampliación de artículos y nuevas tipificaciones.

Sin embargo, esa iniciativa no llegó a ser tratada en el Congreso y quedó en suspenso tras cambios en el gabinete nacional. A pesar de ello, el documento será utilizado como base técnica para la nueva propuesta, con ajustes en su enfoque.

Actualmente, el Ministerio de Justicia trabaja en una estrategia de doble vía. Por un lado, se enviarán proyectos parciales para modificar aspectos puntuales del Código vigente, permitiendo su aplicación en el corto plazo. Por otro, se continuará con la elaboración de un nuevo Código Penal completo.

Este esquema busca evitar demoras legislativas prolongadas y acelerar la implementación de cambios considerados prioritarios por el Ejecutivo. En ese marco, se prevé que en las próximas semanas comiencen a ingresar los primeros proyectos al Congreso.

Mientras tanto, continúan las reuniones entre funcionarios para definir los detalles de la reforma y coordinar su tratamiento legislativo, en un proceso que apunta a introducir cambios progresivos en el sistema penal argentino.