El Gobierno nacional dispuso la suspensión del uso de vehículos oficiales y choferes asignados a funcionarios, agentes y personal que se desempeña dentro de la órbita del Gabinete presidencial. La medida fue ordenada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forma parte de una revisión integral del esquema de recursos logísticos del Estado.

Según se informó oficialmente, a partir de esta disposición queda sin efecto la asignación automática de autos oficiales y conductores, y se inicia un proceso de reordenamiento de la flota vehicular y de los recursos destinados a traslados. Cada dependencia alcanzada deberá avanzar en la restitución de los vehículos y choferes que tenía asignados hasta el momento.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión se enmarca en los criterios de optimización de recursos y razonabilidad del gasto público, en línea con la política de austeridad que impulsa la actual gestión. En ese sentido, señalaron que el objetivo central es garantizar una utilización eficiente de los bienes del Estado y reducir erogaciones consideradas innecesarias.

La medida alcanza a todas las áreas que dependen de la Jefatura de Gabinete y obliga a cada organismo a revisar sus esquemas internos de movilidad. De acuerdo con lo establecido, los traslados oficiales deberán ser reorganizados bajo nuevas pautas que prioricen la estricta necesidad funcional y la justificación operativa de cada uso.

No obstante, el Gobierno aclaró que el uso de vehículos oficiales no queda completamente eliminado. En aquellos casos en los que un funcionario considere indispensable contar con un auto oficial para el cumplimiento de sus tareas, deberá presentar una solicitud formal. Esa petición será evaluada y, de ser aprobada, se habilitará la asignación correspondiente bajo criterios específicos.

Desde la Jefatura de Gabinete indicaron que los vehículos que eventualmente sean autorizados deberán destinarse de manera exclusiva a actividades vinculadas a las funciones oficiales. En ese marco, se remarcó que el uso estará limitado a situaciones en las que las exigencias del cargo así lo requieran, descartando cualquier utilización que no esté directamente relacionada con la gestión pública.

La decisión se suma a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional orientadas a revisar estructuras administrativas, contratos y gastos operativos en distintos organismos del Estado. En ese contexto, el control del uso de bienes públicos, como la flota vehicular, aparece como uno de los ejes de la política de reorganización interna.

Por el momento, no se precisó cuántos vehículos ni cuántos choferes se verán alcanzados por la suspensión, aunque fuentes oficiales señalaron que el proceso de restitución y reasignación se realizará de manera progresiva, conforme a las necesidades operativas de cada área.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca establecer nuevas reglas para el uso de recursos logísticos, con foco en la eficiencia administrativa y el control del gasto, en una etapa de reordenamiento general del funcionamiento del Estado nacional.