El monto que Cristina Kirchner no quiere pagar y la audiencia que lo definirá.

La Cámara Federal de Casación fijó para el 11 de septiembre la audiencia clave sobre el decomiso en la causa Vialidad. El tribunal deberá resolver si mantiene o modifica la suma actualizada de $684.990 millones que el TOF N.º 2 ordenó devolver por fraude al Estado.

La Cámara Federal de Casación Penal citó a una audiencia para el 11 de septiembre en la que se debatirá el monto del decomiso que debe afrontar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su condena en la causa conocida como “Vialidad”. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos escucharán los planteos de las defensas y del fiscal Mario Villar antes de resolver si confirman o modifican la suma que el Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó en $684.990.350.139, como parte de la reparación al Estado por el perjuicio económico de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz.

Cristina Kirchner rechazó esa cifra y cuestionó el índice de actualización aplicado por el tribunal. Según sus cálculos, el monto que le correspondería abonar sería solo el 6% de lo establecido, es decir, una cifra sustancialmente menor. Su defensa además alegó que el decomiso no corresponde ser ejecutado por el tribunal penal que la condenó, sino por la justicia civil y comercial federal, que en otro expediente había declarado caduca una demanda del Estado en su contra.

El origen de la deuda

El monto de $684.990 millones surge de la actualización de la condena económica original dictada el 6 de diciembre de 2022, cuando el TOF N.º 2 impuso un decomiso de $84.835.227.378. Tras la confirmación de la Corte Suprema, el 17 de junio pasado, la condena quedó firme y los jueces ordenaron ajustar el monto por la inflación y la variación de costos financieros.

El 15 de julio, los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispusieron aplicar la intervención de organismos técnicos para recalcular la suma. De allí surgió el nuevo monto, que ahora se encuentra bajo revisión de Casación tras los cuestionamientos de la defensa.

Los fiscales piden ejecución inmediata

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la intimación sea ejecutada sin demoras. “En este juicio se acreditó la existencia −entre 2003 y 2015− de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en la historia de nuestro país”, escribieron en un dictamen conjunto de 21 páginas.

“El decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción; es una obligación”, añadieron, al tiempo que rechazaron los planteos de incompetencia. En su presentación, remarcaron que la expresidenta “sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas” para evitar el recupero de los fondos.

Qué pasará en septiembre

La audiencia del 11 de septiembre tendrá como objetivo escuchar las posiciones del Ministerio Público Fiscal y de las defensas. Luego, la Sala IV de Casación contará con cinco días hábiles para emitir una resolución. En paralelo, el TOF N.º 2 ya anticipó que la concesión del recurso no suspende el trámite, por lo que en cualquier momento podría ordenar el remate de bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados.

Además de la expresidenta, se encuentran alcanzados por el decomiso otros exfuncionarios y empresarios, entre ellos Lázaro Báez, quien también pidió que sea otro tribunal el que determine el destino de sus bienes.

El contexto judicial

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Desde entonces cumple la pena bajo arresto domiciliario.

La confirmación de la Corte Suprema en junio de este año dejó firme esa sentencia. Ahora, la discusión gira en torno a la ejecución económica y la magnitud del decomiso. Para los fiscales, la cifra de $684.990 millones −equivalente a unos 530 millones de dólares− refleja el daño causado al erario público. Para la defensa, en cambio, se trata de una actualización irregular e improcedente.

Próximos pasos

Tras la audiencia de septiembre, Casación deberá definir si avala el monto fijado, si lo reduce o si hace lugar a los planteos de incompetencia. Mientras tanto, la posibilidad de un remate inmediato de bienes mantiene la tensión en un expediente considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en la obra pública.