BOSQUE ROJO
SANTA FE DETIENE EL DESMONTE ILEGAL DE 50 HECTÁREAS DE BOSQUE NATIVO
09 de septiembre de 2025 09:33

Casi 50 hectáreas arrasadas en el norte santafesino activaron una denuncia provincial y un amparo ambiental colectivo con prohibición inmediata de actividades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe ordenó detener de manera inmediata el desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. La intervención se produjo tras una denuncia del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que constató además el inicio de obras industriales sin los permisos correspondientes.
La empresa involucrada, Algoservicio S.A., reconoció haber intervenido 47,5 hectáreas y haber comenzado la construcción de una planta algodonera sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito obligatorio según la normativa provincial. A raíz de ello, el predio fue clausurado y se inició una causa judicial que derivó en una medida cautelar dictada por el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado, con prohibición expresa de nuevas actividades y la orden de retirar toda maquinaria de la zona.
Un bosque bajo protección máxima
El área afectada se encuentra en el distrito de Logroño y está clasificada como Categoría I – Zona Roja por la Ley Provincial N.º 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esta clasificación la ubica en el nivel de máximo valor de conservación, lo que prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de desmonte o modificación.
La resolución judicial obliga a la empresa a abstenerse de realizar futuras acciones sobre el predio. La medida se encuadra dentro de la acción de amparo colectivo ambiental promovida por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tras la denuncia ministerial.
El origen de la alerta
El caso fue detectado por el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que emite reportes quincenales sobre pérdida de bosques nativos en todo el país. Esta herramienta, basada en imágenes satelitales y análisis especializados, permite identificar desmontes ilegales en tiempo real.
Gracias a este monitoreo, la Secretaría de Biodiversidad y la Secretaría de Ambiente pudieron actuar rápidamente para verificar la situación y elevar las actuaciones a la Justicia.
Declaraciones oficiales
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, remarcó que “no se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias”.
Además, destacó que Santa Fe impulsa la producción y el trabajo, “pero siempre dentro del marco de la ley y con criterios de sustentabilidad”.
En relación a la protección del bosque nativo, agregó: “No es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”.
Marco legal y proyecciones
El caso refuerza la vigencia de la Ley Nacional de Bosques N.º 26.331, que obliga a las provincias a clasificar su territorio y conservar las áreas de alto valor ambiental. En la provincia de Santa Fe, esta normativa se complementa con la Ley Provincial N.º 11.717/99, que exige el Estudio de Impacto Ambiental para toda obra o emprendimiento que pueda modificar el entorno.
Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de infracciones tendrán sanciones firmes. “El cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que sea motor de desarrollo humano sin hipotecar el futuro”, concluyó Estévez.
Un precedente en la región
La acción judicial sienta un antecedente importante en materia de protección ambiental en el norte provincial, donde la presión de actividades productivas convive con áreas naturales de alto valor. La prohibición de continuar con el emprendimiento de Algoservicio S.A. marca un límite claro entre el desarrollo económico y el respeto por los recursos naturales.
Con el predio clausurado y bajo control judicial, la Provincia busca consolidar un mensaje hacia el futuro: los bosques nativos no son negociables.
El gobierno de la provincia de Santa Fe ordenó detener de manera inmediata el desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. La intervención se produjo tras una denuncia del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que constató además el inicio de obras industriales sin los permisos correspondientes.
La empresa involucrada, Algoservicio S.A., reconoció haber intervenido 47,5 hectáreas y haber comenzado la construcción de una planta algodonera sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito obligatorio según la normativa provincial. A raíz de ello, el predio fue clausurado y se inició una causa judicial que derivó en una medida cautelar dictada por el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de Tostado, con prohibición expresa de nuevas actividades y la orden de retirar toda maquinaria de la zona.
Un bosque bajo protección máxima
El área afectada se encuentra en el distrito de Logroño y está clasificada como Categoría I – Zona Roja por la Ley Provincial N.º 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esta clasificación la ubica en el nivel de máximo valor de conservación, lo que prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de desmonte o modificación.
La resolución judicial obliga a la empresa a abstenerse de realizar futuras acciones sobre el predio. La medida se encuadra dentro de la acción de amparo colectivo ambiental promovida por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tras la denuncia ministerial.
El origen de la alerta
El caso fue detectado por el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que emite reportes quincenales sobre pérdida de bosques nativos en todo el país. Esta herramienta, basada en imágenes satelitales y análisis especializados, permite identificar desmontes ilegales en tiempo real.
Gracias a este monitoreo, la Secretaría de Biodiversidad y la Secretaría de Ambiente pudieron actuar rápidamente para verificar la situación y elevar las actuaciones a la Justicia.
Declaraciones oficiales
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, remarcó que “no se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias”.
Además, destacó que Santa Fe impulsa la producción y el trabajo, “pero siempre dentro del marco de la ley y con criterios de sustentabilidad”.
En relación a la protección del bosque nativo, agregó: “No es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”.
Marco legal y proyecciones
El caso refuerza la vigencia de la Ley Nacional de Bosques N.º 26.331, que obliga a las provincias a clasificar su territorio y conservar las áreas de alto valor ambiental. En la provincia de Santa Fe, esta normativa se complementa con la Ley Provincial N.º 11.717/99, que exige el Estudio de Impacto Ambiental para toda obra o emprendimiento que pueda modificar el entorno.
Desde el gobierno provincial remarcaron que este tipo de infracciones tendrán sanciones firmes. “El cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que sea motor de desarrollo humano sin hipotecar el futuro”, concluyó Estévez.
Un precedente en la región
La acción judicial sienta un antecedente importante en materia de protección ambiental en el norte provincial, donde la presión de actividades productivas convive con áreas naturales de alto valor. La prohibición de continuar con el emprendimiento de Algoservicio S.A. marca un límite claro entre el desarrollo económico y el respeto por los recursos naturales.
Con el predio clausurado y bajo control judicial, la Provincia busca consolidar un mensaje hacia el futuro: los bosques nativos no son negociables.
GENERALES+ NOTICIAS









