El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, a cargo de Gustavo Puccini, presentó el balance de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor correspondiente a los primeros siete meses de 2025: se recibieron más de 4.700 denuncias formales, de las cuales más de 2.000 se gestionaron de manera digital, y se alcanzaron 400 acuerdos conciliatorios. El informe, elaborado por el área que conduce Valeria Schvartz, confirma además 280 inspecciones en todo el territorio provincial y la puesta en marcha de un paquete de medidas para agilizar trámites, fortalecer la territorialidad y ordenar la relación con empresas y municipios.

El ranking de reclamos muestra con claridad dónde se concentran los conflictos. Servicios financieros lidera con 18,61% de los casos, donde se repiten denuncias por cargos indebidos, falta de claridad contractual y problemas con tarjetas de crédito y préstamos. En segundo lugar aparecen los servicios de comunicaciones (telefonía, internet, TV paga), que representan el 9,81%, con objeciones por facturación, interrupciones y dificultades para la baja. El tercer segmento lo ocupan las plataformas de pago y servicios digitales con 8,51%, con reportes por fallas operativas, cobros duplicados y escasa asistencia técnica. Les siguen textil, calzado y marroquinería (7,60%) —por retrasos en entregas, productos defectuosos y políticas de cambio— y electrodomésticos (7,33%), donde predominan incumplimientos de garantía y demoras en reparaciones.

El informe detalla que el Ministerio avanzó en la digitalización de procesos administrativos, con notificaciones electrónicas en cumplimiento del Decreto 400/2024. La medida permitió reducir costos logísticos, acortar plazos y mejorar la trazabilidad de expedientes, integrando la recepción de denuncias, la citación a audiencias y la comunicación de resoluciones. Según el balance, más de 2.000 gestiones ya se canalizaron por vías digitales, un salto que forma parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar el Estado, descentralizar competencias y profesionalizar equipos.

En paralelo, la provincia reforzó la presencia inspectiva con 280 inspecciones en comercios y prestadores de servicios, enfocadas en la transparencia comercial, la correcta exhibición de precios, el cumplimiento de ofertas y las condiciones de garantía. Estas acciones se complementaron con convenios de articulación con empresas claves del ecosistema de consumo: Grupo Telecom y Billetera Santa Fe firmaron acuerdos en el marco de la Ley 24.240, creando canales de resolución directa para agilizar soluciones y disminuir tiempos de respuesta.

La coordinación territorial es otro de los ejes. La Dirección provincial acordó con municipios y comunas el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), con capacitaciones específicas, criterios unificados para el ingreso de reclamos y derivación de casos complejos. El objetivo es igualar el acceso a la protección al consumidor en toda la provincia, consolidando una descentralización con enfoque federal que evita brechas entre grandes centros urbanos y localidades medianas o pequeñas.

El área también trabajó con la Subsecretaría de Innovación Pública del Ministerio de Gobierno e Innovación en un diagnóstico integral y la reingeniería de circuitos internos, con el uso futuro de inteligencia artificial para clasificación de casos, priorización por criticidad y detección de patrones de riesgo. En sintonía con ese frente, y ante el aumento de estafas digitales y ciberdelitos, se realizaron reuniones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y entidades financieras para estandarizar protocolos de atención, elevar los estándares de verificación y capacitar equipos en nuevas herramientas de resolución.

El componente de comunicación pública ocupó un lugar central. El Ministerio desplegó una campaña multicanal en redes sociales, medios y espacios institucionales para informar derechos, explicar procedimientos y difundir buenas prácticas de consumo. Según el balance, esta estrategia busca visibilizar la acción del Estado, prevenir conflictos y empoderar a los usuarios en la toma de decisiones, con guías simples sobre contratación digital, verificación de vendedores, resguardo de comprobantes y uso de canales oficiales.

De cara al próximo tramo del año, la prioridad oficial es consolidar los resultados: profundizar la digitalización, incrementar audiencias de conciliación y expandir la red OMIC. En ese marco, la Dirección proyecta nuevos acuerdos sectoriales con prestadores de alta incidencia en reclamos y un tablero de indicadores para monitorear, en tiempo real, volumen, temas críticos, tiempos de respuesta y tasa de acuerdos. “Los más de 4.700 reclamos atendidos reflejan el compromiso con una gestión pública moderna y territorial. Seguiremos fortaleciendo las herramientas del Estado para garantizar derechos, con innovación, diálogo y presencia en cada rincón de la provincia”, concluyó Valeria Schvartz.