El impacto golpea al norte santafesino y al cinturón hortícola de la capital; hay prórrogas impositivas y condonaciones para productores.

Tras lluvias que superaron los promedios históricos durante abril, el Gobierno de Santa Fe declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en amplias zonas de los departamentos Vera, 9 de Julio, General Obligado y sectores de La Capital, con efectos directos sobre la producción agrícola y ganadera.

El dato que dimensiona la situación es la superficie comprometida: alrededor de 1.300.000 hectáreas con distintos niveles de afectación. En ese mapa productivo, los daños se concentran principalmente en cultivos de soja y algodón, mientras que en ganadería el impacto se hace sentir en campos bajos donde se concentra una importante cantidad de cabezas.

La medida fue oficializada mediante un decreto provincial que busca dar respuesta a un escenario que combina anegamientos, dificultades de acceso a los campos y complicaciones operativas para sostener la actividad. En paralelo, se intenta evitar que la situación derive en pérdidas estructurales para el sistema productivo.

Dentro del paquete de decisiones, uno de los puntos centrales es el alivio fiscal. Los productores que obtengan el certificado de emergencia podrán acceder a la prórroga de vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural, específicamente en las cuotas correspondientes a la segunda mitad del año. En el caso de zonas suburbanas, el beneficio alcanza también al impuesto urbano.

El esquema se profundiza para quienes estén en condición de desastre agropecuario. En esos casos, se establece la condonación total del impuesto inmobiliario correspondiente a 2026, una herramienta que apunta a reducir el impacto económico en los sectores más afectados.

Además, la normativa contempla situaciones en las que productores ya hayan abonado cuotas que luego quedan incluidas dentro del beneficio. Para esos casos, se prevé la emisión de créditos fiscales o devoluciones, lo que agrega un mecanismo de compensación dentro del esquema.

El acceso a estos beneficios no es automático. Los productores deberán gestionar un certificado a través de plataformas oficiales habilitadas para este tipo de trámites. El plazo vigente para completar la presentación de documentación se extiende hasta el 30 de junio, lo que abre una ventana administrativa clave en medio del escenario productivo complejo.

Más allá de la respuesta inmediata, el decreto incorpora una herramienta con mirada a futuro. Se trata de un registro que permitirá organizar recursos disponibles en situaciones críticas, como campos para traslado de hacienda, provisión de alimentos y servicios de transporte.

La intención es mejorar la capacidad de reacción ante eventos similares, en un contexto donde los fenómenos climáticos extremos comienzan a repetirse con mayor frecuencia. La planificación anticipada aparece así como un complemento necesario a las medidas de asistencia directa.

Desde el área productiva provincial, remarcaron que el objetivo es sostener la actividad y evitar una caída abrupta en la capacidad de producción. En ese marco, se destacó que la emergencia no se limita a una formalidad administrativa, sino que busca generar herramientas concretas para atravesar la coyuntura.

Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de brindar previsibilidad en un contexto atravesado por incertidumbre climática y económica. La combinación de alivio fiscal, asistencia y planificación será determinante para evaluar el alcance real de la medida en los próximos meses.

Mientras tanto, en las zonas afectadas el impacto ya se siente en la dinámica cotidiana de los productores, con complicaciones logísticas y pérdidas que todavía se encuentran en proceso de evaluación.