Un mensaje amenazando con “acciones judiciales inmediatas”, llamados reiterados desde números desconocidos o contactos dirigidos a familiares y lugares de trabajo forman parte de una escena cada vez más común para personas con deudas en Argentina. Aunque muchas veces estas prácticas se naturalizan, especialistas en derecho del consumidor alertan que varias de ellas son ilegales.

El incremento de la morosidad registrado durante el último año provocó un fuerte crecimiento de empresas dedicadas al recupero de deuda. En ese escenario, comenzaron a multiplicarse los reclamos por mecanismos de presión considerados abusivos y contrarios a la Ley de Defensa del Consumidor.

Abogados especializados remarcan que deber dinero no habilita a las empresas a hostigar, intimidar ni exponer públicamente a una persona. La legislación vigente establece que todo consumidor debe recibir un trato digno y prohíbe expresamente situaciones humillantes o coercitivas durante las gestiones de cobranza.

Entre las prácticas más cuestionadas aparecen las llamadas insistentes durante todo el día, mensajes enviados por WhatsApp con tono amenazante, contactos dirigidos a familiares o empleadores y supuestas notificaciones judiciales que muchas veces buscan generar miedo más que informar una situación real.

También se registran reclamos donde no se detallan correctamente el origen de la deuda, los intereses aplicados o el monto exacto exigido. En otros casos, incluso se intenta cobrar obligaciones ya prescriptas.

Especialistas sostienen que muchas agencias apuestan al desconocimiento de los consumidores para acelerar acuerdos de pago mediante presión psicológica. El objetivo suele ser generar urgencia, temor o desgaste emocional.

El fenómeno se da en paralelo con un fuerte deterioro de los índices de pago. Según datos difundidos en el sector financiero, la morosidad bancaria pasó de niveles cercanos al 2% durante 2025 a cifras que rondan el 11% en la actualidad, mientras que en créditos no bancarios el porcentaje sería todavía mayor.

Frente a este escenario, crecieron tanto las empresas de cobranzas como las consultas vinculadas a derechos del consumidor y hostigamiento financiero.

Los especialistas recomiendan no borrar mensajes ni ignorar situaciones reiteradas de acoso. Aconsejan guardar capturas de pantalla, registrar horarios de llamados y conservar audios, correos electrónicos o cualquier comunicación vinculada al reclamo.

Además, remarcan la importancia de exigir información precisa sobre quién realiza la gestión, cuál es el origen de la deuda y qué monto exacto se reclama.

Cuando las prácticas abusivas persisten, las personas pueden denunciar la situación ante organismos de Defensa del Consumidor o ante el Banco Central si intervienen entidades financieras o empresas vinculadas al sistema bancario.

La normativa también contempla la posibilidad de iniciar reclamos civiles por daños y perjuicios cuando el hostigamiento provoca consecuencias personales, laborales o emocionales.

Organizaciones de consumidores advierten que muchas de estas maniobras continúan utilizándose pese a estar prohibidas por ley y remarcan la necesidad de mayor información pública sobre derechos digitales, privacidad y límites legales en los procesos de cobranza.