Juristas y referentes de Derechos Humanos cuestionaron la iniciativa que busca endurecer penas en causas vinculadas a abuso infantil y violencia de género.

Un grupo de juristas, académicos y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia penal contra la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada debido a su proyecto de ley que propone aumentar las penas por falsas denuncias en casos de abuso infantil y violencia de género. La presentación judicial sostiene que la iniciativa podría afectar el trabajo de profesionales que intervienen en la asistencia de víctimas y generar un efecto intimidatorio sobre quienes realizan denuncias.

La denuncia fue impulsada por distintas figuras vinculadas al ámbito judicial, académico y de derechos humanos, entre ellas el exjuez Carlos Rozanski, la investigadora Dora Barrancos, Taty Almeida y Nelly Minyersky. Según expresaron, el proyecto promovido por la legisladora rosarina representa “un plan de coacción” contra psicólogos, trabajadores sociales y especialistas que intervienen en investigaciones sensibles vinculadas a menores y delitos sexuales.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

CAROLINA LOSADA BUSCA QUE EL SENADO TRATE SU PROYECTO SOBRE FALSAS DENUNCIAS

El debate volvió a instalarse luego de que la propuesta obtuviera dictamen favorable en comisiones del Senado, avanzando así dentro del tratamiento legislativo nacional. El proyecto apunta a endurecer las penas actuales para quienes formulen denuncias falsas, elevando las sanciones a un rango de entre uno y tres años de prisión.

Además, la iniciativa contempla agravantes que podrían llevar la pena hasta los seis años de cárcel cuando la supuesta falsa denuncia esté relacionada con delitos contra menores o contra la integridad sexual.

Losada defendió públicamente la propuesta argumentando que existen causas inventadas que terminan consumiendo recursos judiciales y perjudicando investigaciones reales. En distintas declaraciones, también hizo referencia a la existencia de una presunta red de profesionales que, según sostuvo, habría manipulado peritajes psicológicos en Rosario.

Sin embargo, quienes impulsaron la denuncia penal consideran que no existen estadísticas que justifiquen una reforma de esta magnitud. Para respaldar esa postura citaron un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que analizó alrededor de ocho millones de expedientes tramitados entre 2023 y 2025.

De acuerdo a ese relevamiento, las falsas denuncias representarían apenas el 0,09% de las causas penales analizadas, lo que equivale a un caso cada 1.098 expedientes. Para los denunciantes, esos números muestran que el fenómeno es marginal y que el proyecto podría desalentar denuncias legítimas en situaciones de violencia o abuso.

El eje de la discusión gira ahora sobre el posible impacto que tendría la iniciativa dentro del sistema judicial y sanitario. Diversas organizaciones sostienen que una eventual criminalización más severa podría generar temor entre víctimas y profesionales al momento de denunciar o intervenir en casos complejos.

Mientras tanto, el proyecto continúa su recorrido parlamentario en medio de un escenario político atravesado por debates vinculados a seguridad, justicia y violencia de género. La denuncia presentada contra la senadora abre además un nuevo frente judicial y político que suma tensión al tratamiento de la propuesta en el Congreso.

La investigación judicial deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para avanzar sobre los planteos realizados por los denunciantes, mientras el debate sobre el alcance de las falsas denuncias vuelve a instalarse en la agenda pública.