Durante el primer cuatrimestre de 2026, la provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos, el número más bajo de las últimas dos décadas. El dato fue presentado por autoridades provinciales en una conferencia realizada en la ciudad de Santa Fe, donde se expuso la evolución de los indicadores de violencia y las acciones implementadas en materia de seguridad.

La cifra implica una caída significativa respecto de años recientes. En el mismo período de 2023 se habían contabilizado 156 homicidios, mientras que en 2024 fueron 84 y en 2025, 80. El descenso marca una tendencia sostenida en los últimos dos años, aunque el contraste más fuerte aparece frente a los picos históricos: en 2014 se habían registrado 172 casos en los primeros cuatro meses del año.

Desde el Gobierno provincial atribuyen este escenario a un esquema de trabajo que combina presencia territorial, tareas de inteligencia criminal y seguimiento permanente de los indicadores. Según explicaron, la estrategia apunta a intervenir tanto en los delitos complejos como en las dinámicas locales que generan violencia.

El impacto también se refleja en los principales departamentos. En Rosario, uno de los focos históricos de conflictividad, se registraron 31 homicidios en lo que va del año, 19 menos que en el mismo período de 2025. La tendencia descendente se sostiene si se compara con 2023, cuando hubo 105 casos en esos meses. En el departamento La Capital, en tanto, se contabilizaron 10 homicidios, ocho menos que el año pasado.

Más allá de los números, el dato abre un escenario de análisis sobre la evolución real de la violencia y su distribución territorial. Si bien la baja es marcada, los indicadores siguen siendo observados de cerca por especialistas y autoridades, especialmente en zonas donde históricamente se concentraron los conflictos vinculados al narcotráfico.

En paralelo a la reducción de homicidios, el Gobierno provincial avanzó con otras medidas vinculadas a la seguridad. Una de ellas es la política de derribo de búnkeres de venta de droga. En las últimas horas se concretó la demolición número 116, en un operativo realizado en la ciudad de Santa Fe. Este tipo de intervenciones apunta a desarticular puntos de comercialización de estupefacientes y recuperar esos espacios.

Según explicaron, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que no solo busca eliminar estructuras vinculadas al narcomenudeo, sino también intervenir en el entorno social donde se desarrollan. La política incluye, además, la reutilización de los espacios intervenidos.

Otro de los ejes que se puso bajo análisis es el de las amenazas a escuelas, un fenómeno que generó preocupación en los últimos meses. En ese sentido, se destacó una disminución en la cantidad de llamados intimidatorios tras la implementación de un sistema de resarcimiento económico a los responsables.

Durante la última semana se registraron seis llamados —cuatro en Rosario y dos en Santa Fe— y no hubo nuevos casos en el inicio de esta semana. En paralelo, se avanzó con notificaciones a familiares de los autores identificados para recuperar los costos de los operativos desplegados en cada situación.

El esquema contempla que los adultos responsables deban afrontar el gasto generado por cada intervención, lo que introduce un componente económico que busca desalentar este tipo de conductas. La medida se enmarca en una estrategia que combina herramientas administrativas y judiciales.

En este contexto, el descenso en los homicidios aparece como uno de los indicadores más relevantes dentro del panorama de seguridad provincial. Sin embargo, el desafío sigue centrado en sostener la tendencia en el tiempo y evaluar su impacto real en la vida cotidiana de los territorios más afectados.

La evolución de estos datos, junto con otras variables como el narcotráfico, la violencia urbana y los delitos conexos, continuará siendo clave para medir el alcance de las políticas implementadas y el escenario que se proyecta para los próximos meses.