Con reclamos que superan los 36 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe notificó este fin de semana a familias de alumnos involucrados en amenazas a escuelas, obligándolas a afrontar el costo de los operativos de seguridad desplegados en distintos puntos de la provincia.

El dato económico se convirtió en el eje de la respuesta oficial frente a una problemática que se repite en el sistema educativo. Cada amenaza activa un despliegue que involucra móviles policiales, personal especializado y recursos técnicos que ahora el Estado busca recuperar directamente de los responsables.

Las últimas intimaciones se realizaron entre viernes y sábado en seis departamentos: San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín. En ese lapso se notificaron 11 casos, que se suman a intervenciones anteriores y marcan la continuidad de la medida.

El mecanismo es claro: una vez que la Fiscalía valida la identidad de los autores —sean mayores o menores— se identifican los adultos responsables y se emite la notificación formal con el monto a pagar. A partir de ese momento, se abre un plazo de cinco días para saldar la deuda.

Si ese plazo vence sin respuesta, el expediente pasa a la Fiscalía de Estado, que puede iniciar acciones civiles. En ese escenario, la deuda deja de ser una instancia administrativa y puede derivar en medidas como embargos de sueldo o inhibiciones de bienes.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcan que no se trata de una multa ni de una pena, sino de un resarcimiento económico por el costo real de cada operativo. El ministro Pablo Cococcioni explicó que el cálculo se realiza en función de los recursos utilizados en cada intervención, sin valores estimados ni adicionales.

Ese costo incluye combustible, uso de vehículos, horas de trabajo del personal policial y la participación de unidades específicas, como brigadas de explosivos. Cada caso tiene una cifra distinta, determinada por la magnitud del despliegue.

Uno de los episodios registrados durante las notificaciones reflejó el impacto inmediato de la medida en el ámbito familiar. Al recibir la intimación, una mujer reaccionó cuestionando al menor involucrado por la situación que había desencadenado la intervención policial.

El trasfondo de la decisión oficial está vinculado al crecimiento de amenazas en escuelas, que en muchos casos obligan a suspender actividades, evacuar edificios y movilizar recursos de emergencia. Este tipo de situaciones no solo altera la dinámica educativa, sino que también implica un costo operativo significativo.

Frente a ese escenario, la Provincia incorporó una estrategia que introduce una consecuencia económica directa para los responsables, buscando desalentar este tipo de conductas. La medida convive con las investigaciones judiciales que puedan derivarse de cada caso, aunque ambas instancias avanzan por caminos distintos.

Otro aspecto clave del esquema es que alcanza tanto a menores como a mayores. En el caso de alumnos, la responsabilidad recae sobre los adultos a cargo, quienes deben responder económicamente por los hechos.

El proceso seguirá activo en las próximas semanas. Según indicaron desde el Gobierno, a medida que se validen nuevas identidades, se emitirán más intimaciones bajo el mismo criterio. Esto abre un escenario donde el monto total reclamado podría continuar en aumento.

En paralelo, el nivel de cumplimiento de estas primeras notificaciones será un indicador clave para medir el impacto de la medida. El comportamiento de las familias frente a estas deudas marcará el rumbo de una política que combina prevención, control y recuperación de recursos públicos