En medio de una nueva movilización nacional, el Gobierno confirmó cambios en el esquema de financiamiento y defendió el control sobre los recursos destinados a las universidades.

Mientras miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se preparan para una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con un nuevo esquema para definir el financiamiento de los hospitales universitarios y volvió a cuestionar el manejo de fondos en algunas casas de estudio.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en un contexto de creciente tensión entre la administración de Javier Milei y el sistema universitario público. La ministra aseguró que no habrá cambios en la política oficial hacia las universidades pese a los reclamos impulsados desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y distintos gremios docentes.

En paralelo a la convocatoria de la cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes en Plaza de Mayo y distintas ciudades del país, el Gobierno confirmó la creación de una comisión integrada por rectores de universidades que cuentan con hospitales propios. El objetivo será definir nuevos criterios para la distribución de fondos y el funcionamiento de esos centros de salud.

“Lo que nosotros queremos es hacer más eficiente, más inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad”, sostuvo Pettovello durante una conferencia de prensa junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Las declaraciones llegaron después de varios cuestionamientos por parte de universidades nacionales, especialmente de la Universidad de Buenos Aires, que denunció problemas presupuestarios para sostener hospitales universitarios y actividades académicas. Desde el oficialismo respondieron con críticas al sistema actual de asignación de recursos.

“Antes la UBA pedía plata y por lobby político se definía. Casi el 70% iba para esa institución”, afirmó Álvarez, quien explicó que el nuevo esquema buscará incorporar también a universidades del interior del país.

El conflicto universitario atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión desde el inicio de la gestión libertaria. Las universidades nacionales denuncian una fuerte caída en las partidas presupuestarias y alertan sobre dificultades para garantizar el funcionamiento básico de facultades, laboratorios y hospitales universitarios.

Además del reclamo presupuestario, los gremios docentes y no docentes exigen una recomposición salarial urgente frente a la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación. En muchas universidades ya se registran medidas de fuerza, suspensión de clases y reducción de actividades.

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por sectores opositores resulta inviable en el actual contexto económico. Pettovello aseguró que su aplicación “quiebra al Estado nacional” y defendió la necesidad de revisar el esquema de gastos universitarios.

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En el oficialismo también buscaron deslegitimar parcialmente la movilización convocada para este martes. “Van a estar actores que no tienen nada que ver con la comunidad universitaria, como la CGT o partidos políticos”, señalaron desde Capital Humano al referirse a la protesta.

La nueva marcha volverá a poner en el centro del debate la situación de la educación superior pública en Argentina, en medio de un escenario económico complejo y una fuerte disputa política por el rol del Estado en el financiamiento universitario.

Mientras tanto, rectores, docentes y estudiantes advierten que el conflicto está lejos de resolverse y que las próximas semanas podrían profundizar la confrontación entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.