La controversia por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del oficialismo sumó este lunes un nuevo capítulo judicial: tras el sorteo en Comodoro Py, la causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de tres denuncias que investigan posibles delitos contra la administración pública.

Las presentaciones judiciales, que fueron unificadas tras el sorteo, apuntan a una serie de funcionarios nacionales, legisladores y directivos de organismos públicos que habrían accedido a créditos hipotecarios de alto monto en condiciones que ahora están bajo análisis.

Una de las denuncias fue impulsada por el diputado santafesino Esteban Paulón junto a la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade. En ese escrito se menciona a integrantes del Poder Ejecutivo, a un director de YPF y a varios diputados del bloque oficialista de La Libertad Avanza.

Entre los nombres señalados aparece el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni, quien accedió a un crédito hipotecario para vivienda por aproximadamente 255 millones de pesos en enero de este año. El legislador, que ingresó al Congreso por el PRO y luego se sumó a La Libertad Avanza, quedó bajo la lupa junto a otros dirigentes.

También fueron mencionados Daniel Tillard, Emiliano Mongilardi, Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Pedro Núñez. A su vez, la denuncia alcanza a los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde.

En paralelo, otra presentación judicial, realizada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, incorpora además al dirigente Juan Ernesto Curuchet. En conjunto, las denuncias plantean posibles delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Mientras la causa comienza a tomar forma en los tribunales federales, desde el Gobierno nacional salieron a respaldar a los funcionarios involucrados. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los créditos otorgados no presentan irregularidades y que se ajustan a los mecanismos habituales del sistema bancario.

“El proceso fue el mismo para todos”, aseguró el funcionario, quien además promovió el acceso a este tipo de préstamos al considerar que representan una oportunidad en el actual contexto económico. En esa línea, remarcó que no hubo trato diferencial en la asignación de los créditos y que su otorgamiento es “totalmente legal y moral”.

Por su parte, Bongiovanni también defendió su situación y aseguró que cumplió con todos los requisitos exigidos por la entidad. Según explicó, el préstamo fue tramitado de manera regular y dentro de las condiciones establecidas por el banco para créditos UVA destinados a primera vivienda.

El diputado argumentó que su decisión respondió a un contexto favorable para el acceso al financiamiento hipotecario, en un escenario de desaceleración inflacionaria. Además, rechazó cualquier insinuación de privilegios y sostuvo que toda la documentación está disponible para ser revisada.

En medio de la polémica, el caso tuvo una consecuencia directa en el ámbito del Ejecutivo: Leandro Massaccesi fue desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humano tras conocerse que también había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación. En su descargo, afirmó que no cometió ninguna irregularidad y que el trámite se realizó de manera transparente.

Con múltiples actores involucrados y posiciones enfrentadas, la investigación judicial buscará determinar si existieron beneficios indebidos en el acceso a estos créditos o si, como sostiene el oficialismo, se trató de operaciones regulares dentro del sistema financiero público.