El Gobierno actualizó los aranceles del sistema nacional con una suba del 2,60% para mayo y mantuvo beneficios especiales para algunas provincias.

Las prestaciones destinadas a personas con discapacidad volverán a aumentar este mes tras la publicación de una nueva actualización oficial del nomenclador nacional. El Gobierno nacional confirmó una suba del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, medida que impactará sobre servicios, tratamientos y prestaciones integrales en todo el país.

La actualización fue oficializada este jueves mediante la Resolución 517/2026 publicada en el Boletín Oficial y se aplicará sobre los valores vigentes establecidos previamente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El incremento toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026 y se suma al aumento del 3,40% que había sido otorgado el mes pasado.

De esta manera, el Ejecutivo mantiene el esquema de ajustes mensuales para el sector, en un contexto donde prestadores y familias vienen reclamando recomposiciones periódicas frente al avance de la inflación y el aumento de costos operativos.

La medida alcanza a todas las prestaciones incluidas dentro del sistema nacional de atención integral para personas con discapacidad, creado por la Ley 24.901.

Entre los servicios contemplados se encuentran acompañamientos terapéuticos, transporte, hogares, centros de día, rehabilitación, apoyos educativos y distintas prestaciones interdisciplinarias que forman parte de la cobertura integral.

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno recordó que las actualizaciones arancelarias se realizan de manera periódica a partir de propuestas elevadas por el Directorio del sistema.

Además de confirmar la nueva suba, la normativa ratificó la continuidad del adicional por zona desfavorable para provincias patagónicas.

Ese beneficio contempla un reconocimiento extra del 20% sobre el valor básico de las prestaciones brindadas en esa región, tal como establece el artículo 7 bis de la Ley 24.901.

La actualización llega en medio de reiterados reclamos de instituciones y profesionales vinculados al sector de discapacidad, que vienen advirtiendo dificultades económicas para sostener servicios y prestaciones ante el incremento de costos.

En distintos puntos del país, prestadores señalaron durante los últimos meses problemas relacionados con demoras en pagos, desfasajes arancelarios y complicaciones para mantener estructuras de atención.

El nuevo ajuste busca acompañar parcialmente la evolución inflacionaria mientras continúa el esquema de actualizaciones mensuales impulsado por el Gobierno nacional.