SERÁ
CAMPAÑA ENCUBIERTA: REVELAN UNA OPERACIÓN RUSA PARA INFLUIR EN MEDIOS ARGENTINOS
04 de abril de 2026 09:23
Una investigación periodística internacional reveló la existencia de una estructura que habría financiado la publicación de contenidos en medios digitales argentinos con el objetivo de incidir en la opinión pública y afectar la imagen del presidente Javier Milei. El caso se conoció tras el análisis de documentación vinculada a servicios de inteligencia rusos, lo que derivó en un pronunciamiento del propio mandatario, quien planteó la necesidad de identificar a todos los responsables.
El informe se construyó a partir de más de mil páginas de archivos filtrados y apunta a una organización denominada “La Compañía”, señalada como el núcleo operativo de la maniobra. Según los datos relevados, el esquema habría destinado cerca de 283.000 dólares para insertar más de 250 artículos en al menos 23 portales informativos del país, en una estrategia sostenida durante varios meses.
Lejos de tratarse de publicaciones aisladas, la operatoria se habría basado en un sistema de intermediación. Para lograr la difusión, se utilizaron agencias publicitarias, consultoras privadas y voceros externos que facilitaban la llegada de los contenidos a los sitios web. En muchos casos, los textos no tenían firma o aparecían atribuidos a identidades inexistentes, con indicios de haber sido generados mediante herramientas automatizadas.
El despliegue comenzó en abril de 2024 y se extendió por al menos seis meses. Ese período coincide con el posicionamiento internacional del Gobierno argentino en favor de Ucrania en el conflicto con Rusia, un dato que los investigadores consideran clave para entender el trasfondo de la operación.
De acuerdo con el informe, el objetivo no se limitaba a la difusión de contenidos, sino que buscaba moldear la percepción social mediante información alineada con intereses geopolíticos. Para amplificar ese impacto, la red habría desplegado una estructura paralela en redes sociales, con decenas de cuentas dedicadas a replicar y viralizar los artículos.
La estrategia también incluyó intervenciones fuera del ámbito digital. Entre las acciones detectadas, se mencionan pagos a grupos de simpatizantes para exhibir mensajes en eventos masivos. Uno de los casos señalados ocurrió durante un partido de la Copa Argentina, donde se desplegó una bandera con consignas vinculadas al conflicto internacional.
El trabajo fue impulsado inicialmente por el medio africano The Continent y contó con la colaboración de organizaciones como openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories. En Argentina, el análisis de la documentación fue realizado por el sitio Filtraleaks, que profundizó en el alcance local de la maniobra.
En paralelo, la Secretaría de Inteligencia de Estado ya había detectado movimientos compatibles con este tipo de operaciones y había emitido alertas institucionales hacia fines de 2025. Según se informó, la información fue puesta a disposición de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado.
Los registros incluidos en los documentos indican que los pagos por cada publicación oscilaban entre los 550 y los 1.100 dólares, lo que permitió sostener una producción constante de contenido durante el período analizado.
El informe también advierte que Argentina no habría sido el único país alcanzado por este tipo de estrategias. Entre los casos mencionados figuran acciones orientadas a respaldar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al presidente Luis Arce en Bolivia, lo que sugiere un despliegue regional más amplio.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento de contenidos, la trazabilidad de la información que circula en plataformas digitales y el alcance de posibles injerencias externas en la agenda mediática.
El informe se construyó a partir de más de mil páginas de archivos filtrados y apunta a una organización denominada “La Compañía”, señalada como el núcleo operativo de la maniobra. Según los datos relevados, el esquema habría destinado cerca de 283.000 dólares para insertar más de 250 artículos en al menos 23 portales informativos del país, en una estrategia sostenida durante varios meses.
Lejos de tratarse de publicaciones aisladas, la operatoria se habría basado en un sistema de intermediación. Para lograr la difusión, se utilizaron agencias publicitarias, consultoras privadas y voceros externos que facilitaban la llegada de los contenidos a los sitios web. En muchos casos, los textos no tenían firma o aparecían atribuidos a identidades inexistentes, con indicios de haber sido generados mediante herramientas automatizadas.
El despliegue comenzó en abril de 2024 y se extendió por al menos seis meses. Ese período coincide con el posicionamiento internacional del Gobierno argentino en favor de Ucrania en el conflicto con Rusia, un dato que los investigadores consideran clave para entender el trasfondo de la operación.
De acuerdo con el informe, el objetivo no se limitaba a la difusión de contenidos, sino que buscaba moldear la percepción social mediante información alineada con intereses geopolíticos. Para amplificar ese impacto, la red habría desplegado una estructura paralela en redes sociales, con decenas de cuentas dedicadas a replicar y viralizar los artículos.
La estrategia también incluyó intervenciones fuera del ámbito digital. Entre las acciones detectadas, se mencionan pagos a grupos de simpatizantes para exhibir mensajes en eventos masivos. Uno de los casos señalados ocurrió durante un partido de la Copa Argentina, donde se desplegó una bandera con consignas vinculadas al conflicto internacional.
El trabajo fue impulsado inicialmente por el medio africano The Continent y contó con la colaboración de organizaciones como openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories. En Argentina, el análisis de la documentación fue realizado por el sitio Filtraleaks, que profundizó en el alcance local de la maniobra.
En paralelo, la Secretaría de Inteligencia de Estado ya había detectado movimientos compatibles con este tipo de operaciones y había emitido alertas institucionales hacia fines de 2025. Según se informó, la información fue puesta a disposición de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado.
Los registros incluidos en los documentos indican que los pagos por cada publicación oscilaban entre los 550 y los 1.100 dólares, lo que permitió sostener una producción constante de contenido durante el período analizado.
El informe también advierte que Argentina no habría sido el único país alcanzado por este tipo de estrategias. Entre los casos mencionados figuran acciones orientadas a respaldar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al presidente Luis Arce en Bolivia, lo que sugiere un despliegue regional más amplio.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento de contenidos, la trazabilidad de la información que circula en plataformas digitales y el alcance de posibles injerencias externas en la agenda mediática.
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