La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este miércoles la baja de la edad de imputabilidad a 14 años tras un debate extenso que evidenció fuertes diferencias políticas y sociales. El proyecto fue respaldado por 149 legisladores, mientras que 100 votaron en contra. La iniciativa pasará ahora al Senado de la Nación Argentina, donde se definirá su aprobación definitiva.

La reforma modifica el régimen penal juvenil vigente y forma parte de una agenda legislativa que el oficialismo viene impulsando en materia de seguridad. Durante la sesión, que se extendió por varias horas, se expusieron argumentos jurídicos, sociales y políticos en torno al alcance y las consecuencias de la medida.

Los argumentos a favor

Desde el oficialismo sostuvieron que el esquema actual resulta insuficiente frente a delitos graves cometidos por menores de edad. Los diputados que acompañaron la iniciativa señalaron que la reforma permitirá intervenir de manera más temprana ante determinados hechos y establecer un marco de responsabilidad penal acorde a la edad.

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También remarcaron que el proyecto contempla dispositivos orientados a la reinserción social y a la articulación con políticas educativas y de acompañamiento. Según los legisladores que impulsaron la norma, la modificación busca actualizar un régimen que, consideran, quedó desfasado frente a la realidad actual.

El debate incluyó referencias a estadísticas delictivas y a casos recientes que reavivaron la discusión pública sobre la edad de responsabilidad penal. En ese contexto, los bloques favorables a la iniciativa plantearon la necesidad de dotar al sistema judicial de herramientas que permitan actuar ante situaciones consideradas graves.

Las críticas y cuestionamientos

La oposición rechazó la propuesta y advirtió que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá los problemas estructurales vinculados a la inseguridad. Legisladores críticos sostuvieron que el enfoque debería centrarse en políticas preventivas, educativas y de inclusión social antes que en una modificación del régimen penal.

Durante la sesión, también se mencionaron advertencias de organismos de derechos humanos y especialistas en niñez. Estos sectores expresaron preocupación por el impacto que podría tener la reforma en adolescentes en situación de vulnerabilidad y señalaron la necesidad de fortalecer los dispositivos de contención y acompañamiento.

Algunos diputados plantearon que el sistema penal juvenil requiere mayor inversión en infraestructura, capacitación y programas específicos, y cuestionaron que la reforma pueda implicar un endurecimiento de la respuesta estatal sin garantizar condiciones adecuadas para la rehabilitación.

Qué puede pasar en el Senado

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto deberá ser tratado en el Senado. Allí podrá aprobarse sin modificaciones, lo que convertiría la iniciativa en ley, o introducir cambios que obliguen a que el texto regrese a la Cámara baja para una nueva revisión.

El debate en la Cámara alta se anticipa complejo, con negociaciones entre bloques y posibles ajustes en la redacción de algunos artículos. El resultado definirá si se concreta una de las reformas más significativas del régimen penal juvenil en las últimas décadas.

Mientras tanto, la discusión sobre cómo abordar la delincuencia juvenil continúa en el centro de la agenda pública y política, en un escenario atravesado por posiciones contrapuestas sobre el rol del sistema penal y las políticas de prevención.