El Gobierno nacional decidió incorporar formalmente el proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, una medida que reactiva uno de los debates más sensibles de la agenda pública argentina. La inclusión se concretó a través del Decreto 53/26, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicado este martes.

La iniciativa, denominada Ley Penal Juvenil, fue impulsada por los Ministerios de Justicia y de Seguridad Nacional y propone modificar el régimen actual, que establece en 16 años la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser juzgada penalmente. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo busca que el tratamiento legislativo avance durante febrero, en el marco del período extraordinario.

La ampliación del temario fue definida luego de una reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, donde se resolvió avanzar con un paquete de proyectos considerados prioritarios. Entre ellos, la reforma del régimen penal juvenil aparece como uno de los puntos de mayor impacto político y social.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema vigente resulta insuficiente frente a determinados hechos delictivos protagonizados por menores de edad. En ese sentido, la ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”.

El tema volvió a ganar centralidad en los últimos días tras la difusión de un video que registra el homicidio de Jeremías Monzón, un adolescente que habría sido asesinado por otros dos menores de 14 años, quienes no pueden ser juzgados penalmente por su edad. El caso generó una fuerte repercusión pública y reavivó los reclamos para revisar el marco normativo.

A ese episodio se sumó otro hecho reciente ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde un niño de 12 años, conocido como “Chispita”, murió tras recibir disparos de la Policía Bonaerense cuando viajaba en un vehículo en el que escapaban presuntos delincuentes. Ambos casos profundizaron el debate sobre la responsabilidad penal juvenil y los alcances de la legislación vigente.

El régimen actual fue establecido hace más de cuatro décadas y, desde entonces, distintos gobiernos impulsaron reformas que no lograron avanzar en el Congreso. El último intento integral se produjo en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, pero quedó estancado en el debate parlamentario.

La discusión legislativa enfrenta posiciones contrapuestas. Mientras algunos sectores reclaman endurecer el sistema penal y reducir la edad de imputabilidad, otros advierten sobre la necesidad de priorizar políticas de prevención, inclusión social y abordaje integral de la niñez y la adolescencia en contextos de vulnerabilidad.

Con la decisión del Ejecutivo de incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias, el debate volverá a instalarse en el recinto en las próximas semanas. La definición que adopte el Congreso podría marcar un punto de inflexión en la política criminal del país y en la forma en que el Estado aborda los delitos cometidos por menores de edad.