Mientras los incendios forestales vuelven a avanzar sobre la Patagonia, el escenario combina emergencia ambiental y debate presupuestario. Actualmente hay cuatro focos activos en la región, con afectación directa sobre áreas boscosas, viviendas y poblaciones rurales, al mismo tiempo que se proyecta una fuerte reducción de los fondos destinados al manejo del fuego a partir del próximo año.

Según los últimos datos oficiales, el foco más grave continúa en la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, provincia de Chubut. Allí el fuego ya consumió unas 11.970 hectáreas, de acuerdo al parte técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. La situación obligó a evacuar a quince familias y otras dos se autoevacuaron de manera preventiva, informó el gobernador chubutense Ignacio Torres.

Además del incendio en El Hoyo, se mantienen focos activos en Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y en distintas áreas de Aluminé, en la provincia de Neuquén. La información fue confirmada por la Agencia Federal de Emergencias, que coordina el monitoreo de los siniestros junto a organismos provinciales.

El impacto de los incendios no se limita a la superficie afectada. Las llamas avanzaron sobre zonas de alto valor ambiental, pusieron en riesgo viviendas, infraestructura y actividades productivas, y demandan un despliegue sostenido de brigadistas, aeronaves y recursos logísticos. En ese contexto, autoridades provinciales confirmaron que en al menos uno de los focos se comprobó el uso de acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un inicio intencional. “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, sostuvo el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas.

A la par de la emergencia, organizaciones ambientales y centros de estudio advierten sobre un deterioro sostenido del financiamiento público destinado a la prevención y combate de incendios. Un informe reciente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señala que en 2025 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dejó sin ejecutar el 25% de su presupuesto, lo que equivale a casi 20.000 millones de pesos.

Según el análisis, esos fondos podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejoras en las condiciones laborales de los brigadistas. El dato se inscribe en una tendencia más amplia: en 2023 el SNMF había ejecutado el 100% de su presupuesto, pero en 2024 la ejecución cayó al 22%, pese a que fue uno de los años con mayor cantidad de focos activos de al menos los últimos ocho años. Esa subejecución derivó en una caída real del 81% del presupuesto entre 2023 y 2024.

En 2025, la ejecución presupuestaria mejoró hasta el 76%, aunque el leve aumento real del 8,5% se explicó casi exclusivamente por ampliaciones concentradas en el último trimestre, destinadas principalmente al alquiler de maquinaria y transporte. Según la FARN, se trató de recursos orientados a apagar incendios ya desatados, sin un refuerzo equivalente de las políticas preventivas.

El panorama se vuelve aún más crítico de cara al futuro. El proyecto de Presupuesto 2026 prevé una caída real del 71,6% en los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego respecto de 2025. En términos comparativos, el presupuesto sería un 68,9% menor al de 2023. Además, la participación del manejo del fuego dentro del presupuesto total del Estado nacional se reduciría del 0,032% en 2023 al 0,014% en 2026.

Este ajuste impactaría de manera directa sobre capacidades clave del sistema. De acuerdo con la FARN, las horas de vuelo disponibles se reducirían de 5.100 en 2023 a 3.100 en 2026, mientras que los informes de alerta temprana y evaluación de peligro bajarían de 2.310 en 2025 a 1.850 el año próximo.

Más de veinte organizaciones ambientales advirtieron que los incendios en la Patagonia son “otro síntoma alarmante de la crisis climática global y de la inacción estatal en materia de mitigación y prevención”. En la misma línea, Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de la FARN, señaló que “la lógica de actuación es siempre con los incendios consumados y nunca con carácter preventivo”, y remarcó que, además del presupuesto, es necesario abordar las causas estructurales vinculadas al uso del suelo.

A este escenario se suma la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego en 2025, un mecanismo que garantizaba financiamiento específico a partir de aportes del sector asegurador. Su eliminación redujo aún más las herramientas disponibles para anticiparse a emergencias que, lejos de ser excepcionales, se repiten año tras año en la región.