La Justicia santafesina dictó una sentencia inédita en San Jerónimo Sud, localidad de 3.000 habitantes a 35 kilómetros de Rosario. Un hombre fue condenado por crear y difundir videos sexuales falsos de mujeres del pueblo utilizando inteligencia artificial, en un caso que alcanzó a unas 80 víctimas y expuso la urgencia de actualizar las leyes frente a la violencia digital de género.

El hecho se descubrió en 2023, cuando una vecina detectó que su rostro aparecía en un video pornográfico generado por IA. Poco después, otras mujeres reconocieron sus imágenes manipuladas en distintos grupos de Telegram. La investigación determinó que el acusado utilizaba fotografías obtenidas de redes sociales —Facebook, Instagram— e incluso retratos tomados en su propia verdulería o en espacios públicos. Con esas imágenes, generaba contenido sexual falso y lo distribuía en plataformas digitales.

El daño psicológico fue devastador. Las víctimas denunciaron haber sufrido ansiedad, depresión, rupturas de pareja y aislamiento social. “Nos destrozó la vida. Fue un abuso a nuestra dignidad y a nuestra integridad. Nada de lo que nos hizo se puede reparar ni con dinero ni con disculpas”, expresó una de las seis mujeres que llegaron hasta el final del proceso judicial.

Según relató, el acusado también fotografiaba sin consentimiento a clientas de su comercio y madres que esperaban a sus hijos en talleres comunales, para luego alterar esas imágenes con contenido sexual explícito. La difusión masiva en Telegram hizo que los materiales circularan en toda la región, amplificando el daño.

Durante el juicio, la jueza Griselda Strólogo encabezó una audiencia de conciliación que concluyó en un fallo con fuerte carga simbólica: el acusado deberá pagar una multa de $20.000 (el máximo que prevé la ley actual) y una indemnización de $800.000 a las víctimas querellantes. Pero más allá del monto, el valor del fallo radica en el precedente judicial.

Strólogo subrayó que la Justicia sí tiene herramientas para abordar este tipo de delitos, aunque las normas todavía no contemplen de forma específica la manipulación digital. “El acceso a la Justicia no depende de una ley nueva —afirmó—, sino de la voluntad de tutelar jurídicamente a las víctimas”.

El condenado pidió perdón públicamente y alegó que no era consciente del daño causado. Dijo haber atravesado un tratamiento psicológico y psiquiátrico que lo ayudó a comprender la magnitud de sus actos. Sin embargo, las víctimas remarcaron que el perjuicio trasciende lo material: “Nos arruinó la vida, y ni una condena puede borrar eso”.

El caso, considerado el primero de estas características en la región, reabre el debate sobre la violencia digital, la privacidad y el consentimiento en tiempos de inteligencia artificial. Las víctimas pidieron a los legisladores trabajar en una ley específica para sancionar la manipulación de imágenes con fines sexuales, el uso indebido de identidad y la difusión de contenido sin consentimiento.

Mientras tanto, San Jerónimo Sud intenta recomponerse de una historia que dejó marcas profundas. Un pueblo entero que se vio reflejado en el rostro de sus vecinas, víctimas de una tecnología utilizada para violentar.