El diputado nacional José Luis Espert fue formalmente imputado por presunto lavado de dinero, en el marco de una causa que investiga una transferencia internacional por USD 200.000 que habría recibido a comienzos de 2020. La operación está vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude.

La medida fue dispuesta por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien decidió impulsar una investigación penal contra el legislador luego de una denuncia presentada por Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande.

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Según la presentación judicial, el dinero habría sido girado entre enero y febrero de 2020, y su origen estaría relacionado con una organización criminal juzgada en el Distrito Este de Texas, en el expediente “USA v. Mercer-Erwin et al.”. En ese proceso resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, por cargos de conspiración para el tráfico de cocaína, lavado de activos e irregularidades en el registro de aeronaves.

El juez Lino Mirabelli, a cargo del expediente, delegó la instrucción en la Fiscalía, que ya comenzó con la recolección de pruebas. De acuerdo a los registros contables del Bank of America, el nombre de Espert figura asociado a una transferencia cuyo destino final era una cuenta a su nombre, acompañada por el código N28FM, correspondiente a la matrícula del avión privado que Machado le prestó durante su campaña presidencial de 2019.

La denuncia de Grabois sostiene que los fondos “podrían provenir de una banda criminal vinculada al narcotráfico” y que la operación podría enmarcarse en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal, que sanciona las maniobras de lavado de activos.

Entre las pruebas que sustentan la acusación figuran documentos bancarios y declaraciones periciales presentadas en el juicio norteamericano, que fueron aceptadas y ratificadas por testigos expertos de la propia entidad financiera. El fiscal Domínguez también requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central para determinar si hubo reportes de operaciones sospechosas en el país.

En paralelo, el expediente menciona que Espert utilizó vehículos y aeronaves vinculadas a Machado durante su campaña electoral. Ese tramo ya se encuentra bajo análisis en el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, donde se investigan 36 vuelos realizados con aviones asociados al empresario. En los próximos días, podría evaluarse la unificación de ambas causas por conexidad.

Consultado por distintos medios, Espert negó cualquier irregularidad y aseguró que los fondos correspondían a honorarios profesionales por una consultoría económica. “Machado me dijo que una empresa minera guatemalteca vinculada a él necesitaba mis servicios como economista”, explicó el diputado, quien afirmó que la operación fue “un adelanto contractual legítimo” por parte de Minas del Pueblo, una firma extranjera.

El dirigente liberal agregó que el trabajo fue pactado en 2019 y que se postergó hasta después de las elecciones. Sin embargo, la denuncia apunta a que la consultora mencionada no tenía actividad comprobable y que el pago podría haber servido para blanquear fondos provenientes de maniobras ilícitas.

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Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la extradición de Fred Machado a Estados Unidos, luego de considerar que el pedido norteamericano cumple con los tratados de cooperación internacional vigentes. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y posteriormente autorizado por el presidente Javier Milei.

Con el inicio de esta investigación, el legislador libertario afronta un proceso judicial que podría extenderse durante varios meses. La causa busca determinar si la transferencia recibida tuvo un origen lícito o si formó parte de un circuito financiero vinculado a una red delictiva internacional.