RETIRO
EL GOBIERNO NACIONAL APROBÓ UN NUEVO RÉGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS
19 de octubre de 2026 16:07
EL GOBIERNO NACIONAL APROBÓ UN NUEVO RÉGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS NACIONALES
La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 1203/26. La inscripción estará abierta durante el mes de noviembre y la normativa establece tres grupos con diferentes esquemas de compensación económica según la antigüedad y la edad.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario destinado al personal que revista en la planta permanente y a aquellos trabajadores vinculados laboralmente mediante contratos por tiempo indeterminado dentro del sector público nacional. La medida quedó plasmada en la edición del Boletín Oficial a través del Decreto 1203/26.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Precisamente, la cartera que encabeza Sturzenegger funcionará como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de establecer por única vez una prórroga de hasta 30 días corridos en los plazos de adhesión, además de dictar las normas aclaratorias necesarias.
De acuerdo con lo estipulado en el texto oficial, el período de inscripción formal para los interesados se encontrará abierto desde el 1° hasta el 30 de noviembre próximo. Asimismo, se dispuso que las distintas jurisdicciones estatales alcanzadas por la medida deberán arbitrar de forma inmediata los mecanismos necesarios para eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los agentes que accedan al beneficio, a partir de la fecha efectiva de cese de la relación laboral.
El régimen divide a los postulantes en tres grupos con esquemas diferenciados de compensación económica. El primer segmento comprende a las mujeres de 58 años y a los hombres de 63 que no reúnan los aportes previsionales requeridos para acceder a la jubilación ordinaria. Quienes integren este grupo podrán optar entre percibir mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual por un plazo máximo de 36 meses —manteniendo aportes de obra social y previsionales— o recibir una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por año de antigüedad, con tope de 18 remuneraciones y sin superar los meses faltantes para jubilarse.
El segundo grupo abarca a mujeres de entre 58 y 64 años y a varones de entre 63 y 64 con al menos 30 años de aportes. En este caso, la compensación consistirá en un sueldo bruto por año de antigüedad (hasta 18 remuneraciones), adicionando una suma fija independiente equivalente a cinco sueldos brutos. Por último, las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 podrán optar por un sueldo bruto por cada año trabajado, con un tope de 20 remuneraciones, sumando cuatro sueldos extra si tienen menos de 15 años de antigüedad o cinco remuneraciones adicionales si superan ese período en planta permanente.
La implementación de este esquema se enmarca en la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la administración libertaria. Desde enero de 2024, la planta de personal estatal se contrajo en un total de 77.515 puestos de trabajo en el marco de los lineamientos de achique fiscal y desregulación económica.
La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 1203/26. La inscripción estará abierta durante el mes de noviembre y la normativa establece tres grupos con diferentes esquemas de compensación económica según la antigüedad y la edad.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiro voluntario destinado al personal que revista en la planta permanente y a aquellos trabajadores vinculados laboralmente mediante contratos por tiempo indeterminado dentro del sector público nacional. La medida quedó plasmada en la edición del Boletín Oficial a través del Decreto 1203/26.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Precisamente, la cartera que encabeza Sturzenegger funcionará como autoridad de aplicación y tendrá la facultad de establecer por única vez una prórroga de hasta 30 días corridos en los plazos de adhesión, además de dictar las normas aclaratorias necesarias.
De acuerdo con lo estipulado en el texto oficial, el período de inscripción formal para los interesados se encontrará abierto desde el 1° hasta el 30 de noviembre próximo. Asimismo, se dispuso que las distintas jurisdicciones estatales alcanzadas por la medida deberán arbitrar de forma inmediata los mecanismos necesarios para eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los agentes que accedan al beneficio, a partir de la fecha efectiva de cese de la relación laboral.
El régimen divide a los postulantes en tres grupos con esquemas diferenciados de compensación económica. El primer segmento comprende a las mujeres de 58 años y a los hombres de 63 que no reúnan los aportes previsionales requeridos para acceder a la jubilación ordinaria. Quienes integren este grupo podrán optar entre percibir mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual por un plazo máximo de 36 meses —manteniendo aportes de obra social y previsionales— o recibir una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por año de antigüedad, con tope de 18 remuneraciones y sin superar los meses faltantes para jubilarse.
El segundo grupo abarca a mujeres de entre 58 y 64 años y a varones de entre 63 y 64 con al menos 30 años de aportes. En este caso, la compensación consistirá en un sueldo bruto por año de antigüedad (hasta 18 remuneraciones), adicionando una suma fija independiente equivalente a cinco sueldos brutos. Por último, las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 podrán optar por un sueldo bruto por cada año trabajado, con un tope de 20 remuneraciones, sumando cuatro sueldos extra si tienen menos de 15 años de antigüedad o cinco remuneraciones adicionales si superan ese período en planta permanente.
La implementación de este esquema se enmarca en la política de reducción del tamaño del Estado impulsada por la administración libertaria. Desde enero de 2024, la planta de personal estatal se contrajo en un total de 77.515 puestos de trabajo en el marco de los lineamientos de achique fiscal y desregulación económica.
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