Condenaron a un cura santafesino por abusar de una adolescente durante un campamento en Córdoba.
El sacerdote admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y fue inhabilitado de por vida para ejercer funciones eclesiásticas.

La Justicia de la provincia de Córdoba condenó en las últimas horas a Marcelo Ferrero, sacerdote perteneciente a la Diócesis de Rafaela, a tres años de prisión efectiva por un caso de abuso sexual simple cometido contra una adolescente durante un campamento en la localidad de Río Ceballos. El hecho, ocurrido este año, tuvo lugar mientras el cura acompañaba a un grupo de scouts provenientes de la comuna santafesina de Ramona.

El fallo incluyó también la inhabilitación perpetua para ejercer tareas vinculadas a la Iglesia. Ferrero admitió su responsabilidad penal mediante un juicio abreviado, lo que permitió abreviar los tiempos procesales y evitar una instancia de juicio oral.

La víctima, una menor de edad que participaba del viaje grupal, denunció los abusos que se habrían desarrollado durante la estadía en el predio donde se desarrollaba el campamento. La investigación judicial confirmó los elementos del caso y avanzó con las imputaciones, que culminaron con la sentencia condenatoria esta semana.

Medidas restrictivas y sanción civil
Además de la pena de prisión, el juez a cargo del proceso impuso una serie de medidas complementarias que deberán ser cumplidas por el sacerdote. Entre ellas se encuentra la obligación de fijar domicilio en la provincia de Córdoba, someterse a controles periódicos, asistir a talleres de sensibilización o tratamiento, prohibición de acercamiento a la víctima, y la prohibición de ingreso a la localidad de Ramona, de donde es oriunda la denunciante.

La pena privativa de libertad, aunque limitada a tres años, podría ser de cumplimiento efectivo en función de la calificación del delito y los antecedentes judiciales, si bien no se brindaron detalles sobre si se aplicará prisión domiciliaria u otro régimen alternativo.

Pronunciamiento oficial de la Diócesis
A través de un comunicado oficial, la Diócesis de Rafaela informó que al tomar conocimiento del caso en enero de este año, se activaron los protocolos establecidos por las Normas Diocesanas para la prevención y abordaje de abusos de menores en entornos eclesiales. “Se actuó inmediatamente en conformidad con el protocolo previsto”, señalaron.

La institución religiosa también detalló que se estableció un contacto temprano con la familia de la víctima, a quienes se les informó sobre su derecho a realizar la denuncia correspondiente. El proceso penal quedó desde entonces bajo jurisdicción de la justicia cordobesa, que desarrolló las actuaciones hasta arribar a la condena final.

Desde la diócesis expresaron “dolor y perplejidad” por lo ocurrido y se comprometieron a acompañar tanto a la víctima como a la comunidad afectada por este hecho. No trascendieron más detalles sobre la continuidad de otras investigaciones canónicas internas.

Una situación que reaviva reclamos
El caso volvió a encender las alarmas sobre los mecanismos de control dentro de las instituciones religiosas y la necesidad de reforzar espacios de contención para víctimas de abuso. Si bien en esta oportunidad la denuncia prosperó y el acusado fue condenado, organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes advierten que muchas veces estos casos no logran avanzar por temor, silenciamiento o falta de acompañamiento.

Este hecho se suma a otros episodios denunciados en diferentes puntos del país, que motivaron el diseño de protocolos y normativas específicas dentro de las diócesis, aunque diversas voces coinciden en que su aplicación no siempre es homogénea ni inmediata.