AL ESTADO
LOS ABOGADOS DE CRISTINA KIRCHNER EXIGEN AL ESTADO CERCA DE US$10 MILLONES EN HONORARIOS
06 de septiembre de 2026 09:41
Los 12 abogados que representaron a Cristina Kirchner en un juicio civil vinculado a la causa Vialidad reclaman al Estado el pago de $13.600 millones en concepto de honorarios profesionales. La suma equivale a cerca de US$10 millones y la definición final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El reclamo surgió luego de que un proceso civil impulsado por el Estado terminara sin el resultado que buscaba la administración pública. El expediente estaba relacionado con la investigación por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner y se desarrolló en paralelo a la causa penal.
A diferencia del expediente penal, el proceso civil tenía como objetivo avanzar con un reclamo patrimonial relacionado con los hechos investigados. Sin embargo, la demanda no tuvo el impulso procesal necesario durante los años en los que estuvo en trámite y terminó cayendo.
Ese desenlace generó una consecuencia económica para el Estado. Los abogados de Cristina Kirchner que habían intervenido en el expediente reclamaron el pago de los honorarios correspondientes por su trabajo profesional.
En total son 12 defensores los que exigen una suma de $13.600 millones. El monto, calculado en dólares, se ubica en torno a los US$10 millones y es ahora objeto de una discusión judicial que deberá resolver el máximo tribunal.
La controversia se concentra, de esta manera, en los honorarios de los abogados de Cristina Kirchner y en la responsabilidad del Estado frente al resultado del juicio civil. La Corte Suprema tendrá que determinar si corresponde mantener la obligación de pago establecida en las instancias anteriores.
El expediente tiene como antecedente la causa Vialidad, uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En ese caso se investigó el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública y la eventual responsabilidad de distintos funcionarios y empresarios.
El reclamo que ahora llegó a la Corte, sin embargo, tiene un objeto diferente. No se trata de determinar nuevamente la responsabilidad penal de Cristina Kirchner por los hechos investigados en Vialidad, sino de resolver una controversia vinculada con un juicio civil y con los honorarios de los profesionales que participaron de la defensa.
La situación se originó por el fracaso del reclamo civil que había iniciado el Estado. La falta de impulso del expediente durante un período prolongado terminó impidiendo que la demanda avanzara hasta una resolución sobre el fondo de la cuestión.
A partir de ese resultado, los abogados de Cristina Kirchner quedaron en condiciones de reclamar los honorarios correspondientes a su intervención. La suma solicitada se convirtió en el nuevo eje del expediente y generó una discusión sobre el monto que debería afrontar el Estado.
Los 12 profesionales sostienen su reclamo por $13.600 millones. La cifra incluye los honorarios derivados de su participación en el proceso y es la que deberá ser analizada por la Justicia antes de establecer si corresponde su pago y en qué condiciones.
La Corte Suprema aparece ahora como la instancia encargada de resolver la disputa. El máximo tribunal deberá revisar los antecedentes del caso y definir si convalida la obligación de pago o si modifica lo resuelto anteriormente.
La decisión tendrá impacto directo sobre las arcas públicas si finalmente se confirma el monto reclamado. En ese escenario, el Estado debería afrontar una suma equivalente a aproximadamente US$10 millones para pagar los honorarios de los abogados de Cristina Kirchner.
El caso también muestra una derivación diferente de la causa Vialidad. Mientras el expediente penal estuvo centrado en las acusaciones relacionadas con el manejo de la obra pública, este nuevo capítulo se relaciona con las consecuencias económicas de un proceso civil que no logró avanzar por falta de impulso procesal.
La discusión sobre los honorarios se produce, además, en un expediente de alta relevancia política y judicial. La intervención de 12 abogados y el monto reclamado hicieron que la controversia adquiriera una dimensión económica significativa para la administración pública.
La definición de la Corte será determinante para establecer si el Estado finalmente deberá pagar los $13.600 millones reclamados por los abogados de Cristina Kirchner. Hasta que el máximo tribunal se pronuncie, el monto continúa formando parte de una disputa judicial.
El expediente vuelve así a vincular al Estado con uno de los principales procesos judiciales relacionados con la gestión de Cristina Kirchner, aunque esta vez por una cuestión estrictamente asociada a los honorarios profesionales derivados de un juicio civil.
La resolución que adopte la Corte Suprema cerrará esta instancia de la discusión y determinará si los 12 abogados que participaron de la defensa de la ex presidenta podrán cobrar la suma reclamada o si el monto deberá ser revisado.
El reclamo surgió luego de que un proceso civil impulsado por el Estado terminara sin el resultado que buscaba la administración pública. El expediente estaba relacionado con la investigación por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner y se desarrolló en paralelo a la causa penal.
A diferencia del expediente penal, el proceso civil tenía como objetivo avanzar con un reclamo patrimonial relacionado con los hechos investigados. Sin embargo, la demanda no tuvo el impulso procesal necesario durante los años en los que estuvo en trámite y terminó cayendo.
Ese desenlace generó una consecuencia económica para el Estado. Los abogados de Cristina Kirchner que habían intervenido en el expediente reclamaron el pago de los honorarios correspondientes por su trabajo profesional.
En total son 12 defensores los que exigen una suma de $13.600 millones. El monto, calculado en dólares, se ubica en torno a los US$10 millones y es ahora objeto de una discusión judicial que deberá resolver el máximo tribunal.
La controversia se concentra, de esta manera, en los honorarios de los abogados de Cristina Kirchner y en la responsabilidad del Estado frente al resultado del juicio civil. La Corte Suprema tendrá que determinar si corresponde mantener la obligación de pago establecida en las instancias anteriores.
El expediente tiene como antecedente la causa Vialidad, uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. En ese caso se investigó el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública y la eventual responsabilidad de distintos funcionarios y empresarios.
El reclamo que ahora llegó a la Corte, sin embargo, tiene un objeto diferente. No se trata de determinar nuevamente la responsabilidad penal de Cristina Kirchner por los hechos investigados en Vialidad, sino de resolver una controversia vinculada con un juicio civil y con los honorarios de los profesionales que participaron de la defensa.
La situación se originó por el fracaso del reclamo civil que había iniciado el Estado. La falta de impulso del expediente durante un período prolongado terminó impidiendo que la demanda avanzara hasta una resolución sobre el fondo de la cuestión.
A partir de ese resultado, los abogados de Cristina Kirchner quedaron en condiciones de reclamar los honorarios correspondientes a su intervención. La suma solicitada se convirtió en el nuevo eje del expediente y generó una discusión sobre el monto que debería afrontar el Estado.
Los 12 profesionales sostienen su reclamo por $13.600 millones. La cifra incluye los honorarios derivados de su participación en el proceso y es la que deberá ser analizada por la Justicia antes de establecer si corresponde su pago y en qué condiciones.
La Corte Suprema aparece ahora como la instancia encargada de resolver la disputa. El máximo tribunal deberá revisar los antecedentes del caso y definir si convalida la obligación de pago o si modifica lo resuelto anteriormente.
La decisión tendrá impacto directo sobre las arcas públicas si finalmente se confirma el monto reclamado. En ese escenario, el Estado debería afrontar una suma equivalente a aproximadamente US$10 millones para pagar los honorarios de los abogados de Cristina Kirchner.
El caso también muestra una derivación diferente de la causa Vialidad. Mientras el expediente penal estuvo centrado en las acusaciones relacionadas con el manejo de la obra pública, este nuevo capítulo se relaciona con las consecuencias económicas de un proceso civil que no logró avanzar por falta de impulso procesal.
La discusión sobre los honorarios se produce, además, en un expediente de alta relevancia política y judicial. La intervención de 12 abogados y el monto reclamado hicieron que la controversia adquiriera una dimensión económica significativa para la administración pública.
La definición de la Corte será determinante para establecer si el Estado finalmente deberá pagar los $13.600 millones reclamados por los abogados de Cristina Kirchner. Hasta que el máximo tribunal se pronuncie, el monto continúa formando parte de una disputa judicial.
El expediente vuelve así a vincular al Estado con uno de los principales procesos judiciales relacionados con la gestión de Cristina Kirchner, aunque esta vez por una cuestión estrictamente asociada a los honorarios profesionales derivados de un juicio civil.
La resolución que adopte la Corte Suprema cerrará esta instancia de la discusión y determinará si los 12 abogados que participaron de la defensa de la ex presidenta podrán cobrar la suma reclamada o si el monto deberá ser revisado.
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