Santa Fe ya cuenta con la estructura necesaria para comenzar a aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años en determinados casos. Así lo confirmó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, quien explicó cómo funcionará el sistema y cuáles serán las distintas medidas disponibles.

La implementación contempla un esquema progresivo, en el que las respuestas judiciales podrán variar de acuerdo con las características de cada caso. El sistema incluye desde medidas que permiten mantener al adolescente en libertad, aunque bajo supervisión, hasta el alojamiento en establecimientos especializados.

El primer nivel estará compuesto por medidas de seguimiento en libertad. Entre ellas se encuentra el monitoreo electrónico mediante tobillera, acompañado por reglas de conducta que deberán ser cumplidas por el adolescente.

Este mecanismo busca establecer un control sobre la persona mientras permanece fuera de un establecimiento de alojamiento. La supervisión estará vinculada al cumplimiento de las condiciones fijadas dentro del proceso judicial.

Un segundo nivel contempla dispositivos de semilibertad. En estos casos, los adolescentes podrán permanecer alojados en espacios específicos bajo supervisión permanente, con un régimen que combina restricciones a la libertad con instancias de acompañamiento.

El tercer nivel corresponde a las situaciones de mayor gravedad o aquellos casos en los que existan reiteraciones. Allí se contempla el alojamiento en centros de detención juveniles especialmente destinados a adolescentes alcanzados por el régimen.

Estas medidas quedarán dentro de la órbita del fuero especializado y contarán con la intervención de equipos técnicos. El esquema prevé así una diferenciación respecto del sistema penitenciario destinado a adultos.

La puesta en funcionamiento del régimen implica una modificación en la manera en que el Estado aborda determinados delitos cometidos por adolescentes. La nueva normativa establece la posibilidad de intervención penal desde los 14 años, aunque no supone que todos los adolescentes de esa edad queden automáticamente sometidos a una medida de encierro.

La respuesta dependerá de cada situación y de las decisiones adoptadas dentro del proceso judicial. En ese marco, las medidas disponibles abarcan distintos grados de control, desde el seguimiento mediante dispositivos electrónicos y reglas de conducta hasta la permanencia en establecimientos especializados.

Cococcioni también puso el foco en el impacto que la aplicación del nuevo régimen puede tener sobre la seguridad. El funcionario advirtió que la entrada en vigencia de la imputabilidad desde los 14 años no implica por sí misma una reducción inmediata de los índices delictivos.

Según explicó, el régimen constituye una herramienta dentro de una política de seguridad más amplia. Por ese motivo, su implementación deberá complementarse con otras acciones destinadas a abordar las situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

En ese sentido, el funcionamiento del nuevo esquema requerirá coordinación entre distintas áreas del Estado. La Justicia, las fuerzas de seguridad y los organismos vinculados con el acompañamiento social de adolescentes deberán intervenir de manera articulada.

La estructura judicial y penitenciaria necesaria para aplicar el régimen ya se encuentra disponible en la provincia, de acuerdo con lo señalado por el ministro. Esto permite avanzar con la implementación de las nuevas disposiciones y con las distintas alternativas previstas para los casos alcanzados por la normativa.

El sistema también incorpora la intervención de equipos técnicos en las distintas instancias, con el objetivo de acompañar los procesos que atraviesen los adolescentes sometidos al régimen. Las medidas de supervisión y alojamiento especializado se complementarán así con instancias vinculadas al seguimiento y la reinserción.

La aplicación efectiva del Régimen Penal Juvenil marcará un nuevo esquema para el tratamiento de determinados delitos cometidos por menores de edad en Santa Fe. La posibilidad de intervención penal desde los 14 años quedará sujeta a los casos contemplados por la normativa y a las decisiones correspondientes dentro del fuero especializado.

El ministro remarcó que el resultado de esta nueva herramienta no podrá medirse únicamente por su entrada en vigencia. El impacto sobre la seguridad dependerá también de la articulación entre las distintas áreas involucradas y de la capacidad del Estado para sostener el seguimiento de los adolescentes que ingresen al sistema.

De esta manera, Santa Fe inicia la aplicación de un régimen que contempla diferentes respuestas según cada situación: seguimiento en libertad con monitoreo electrónico, dispositivos de semilibertad y, para los casos de mayor gravedad o reiteración, alojamiento en centros juveniles especializados.