Un proyecto de ley para declarar a la provincia de Santa Fe como territorio libre de discriminación y discursos de odio continúa sin avances en la Cámara de Diputados, pese a haber obtenido respaldo en el Senado provincial.

La iniciativa permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, que analiza distintos aspectos del texto antes de avanzar con un eventual dictamen.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el régimen de sanciones previsto en el proyecto, que propone modificar el Código de Convivencia de Santa Fe para incorporar multas frente a determinadas expresiones consideradas discriminatorias o de odio.

La propuesta fue impulsada por el senador Felipe Michlig y plantea una multa de 60 unidades jus. De acuerdo con el valor informado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ese monto equivale actualmente a $8.688.182,40.

El esquema sancionatorio es uno de los aspectos que genera reparos entre legisladores de la Cámara baja. Algunos consideran que el monto establecido resulta elevado para infracciones vinculadas con expresiones públicas.

El proyecto contempla, además, la posibilidad de sustituir la sanción económica por capacitaciones, aunque el alcance y la aplicación de las multas forman parte de los puntos que se encuentran bajo análisis.

Dentro del oficialismo provincial también existen planteos para modificar el régimen previsto originalmente y avanzar hacia un esquema con mayor énfasis en la prevención.

Otro de los aspectos que genera debate es la definición de qué debe considerarse un “discurso de odio” a los efectos de aplicar las disposiciones de la futura norma.

El texto contempla expresiones verbales, escritas o difundidas a través de medios digitales que promuevan hostilidad hacia determinados colectivos considerados vulnerables.

La discusión se centra en la precisión de esos conceptos y en los límites que debería establecer la legislación para evitar interpretaciones amplias al momento de determinar una infracción.

En ese sentido, la diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, cuestionó algunos de los términos incluidos en la propuesta y advirtió sobre el riesgo de que determinadas expresiones puedan quedar alcanzadas por una normativa que genere autocensura.

La preocupación planteada está vinculada con la posibilidad de que una definición poco precisa permita aplicar sanciones sobre expresiones públicas que deberían quedar protegidas por la libertad de expresión.

Por ese motivo, distintos legisladores plantean la necesidad de revisar el texto antes de que pueda avanzar en la Cámara de Diputados.

La iniciativa surgió de una propuesta de la Mesa de Diálogo Santafesino y fue impulsada en el Senado por Felipe Michlig. Tras obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto pasó a Diputados para continuar su recorrido legislativo.

Sin embargo, el tratamiento en la Cámara baja quedó demorado en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se estudian modificaciones al articulado.

Uno de los objetivos de las modificaciones sería revisar el esquema de sanciones y precisar los conceptos utilizados para definir las conductas alcanzadas por la normativa.

La discusión combina dos cuestiones centrales: por un lado, la búsqueda de herramientas para prevenir y sancionar actos de discriminación y expresiones que promuevan hostilidad contra determinados grupos; por otro, la necesidad de establecer límites claros para evitar que la aplicación de la norma afecte el derecho a la libertad de expresión.

El proyecto propone incorporar estas disposiciones al Código de Convivencia provincial, por lo que su eventual aprobación modificaría el régimen vigente para determinadas conductas.

La multa prevista de 60 unidades jus constituye uno de los puntos que más cuestionamientos genera debido a su valor económico actual.

El monto no sería necesariamente el único mecanismo contemplado, ya que el proyecto establece la posibilidad de reemplazar la sanción económica por capacitaciones.

De todos modos, los legisladores que plantean cambios consideran necesario revisar el sistema antes de que la iniciativa pueda avanzar hacia el recinto.

La comisión de Asuntos Constitucionales deberá analizar las modificaciones y determinar si existe consenso suficiente para elaborar un dictamen.

Mientras tanto, el proyecto continúa sin tratamiento definitivo en Diputados, a pesar de haber superado previamente la instancia del Senado.

La discusión también incluye la necesidad de precisar qué expresiones pueden ser consideradas discriminatorias y cuáles quedarían comprendidas dentro de la categoría de discurso de odio.

El debate legislativo continuará centrado en esos aspectos antes de que la Cámara baja defina el futuro de la iniciativa.