El ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente por la supuesta realización de dos encuentros privados a bordo del avión presidencial Tango 01 durante el período de aislamiento estricto por la pandemia de Covid-19.

La presentación fue realizada por el abogado Barrios “contra quienes resulten responsables” y apunta a determinar qué ocurrió en dos fechas concretas: el 14 de julio y el 10 de agosto de 2020.

Según el escrito, la investigación debería alcanzar a funcionarios públicos y, eventualmente, a particulares que hubieran participado de los hechos o realizado algún aporte para su organización. La denuncia plantea que el antiguo avión presidencial, que entonces se encontraba estacionado en instalaciones de El Palomar, habría sido utilizado para encuentros de carácter privado.

Uno de los principales puntos que busca determinar la presentación es si para organizar o sostener esas reuniones se utilizaron recursos de la Administración Pública Nacional, entre ellos personal, servicios, transporte, energía, equipamiento o fondos públicos.

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El primer episodio denunciado corresponde al 14 de julio de 2020, horas antes del conocido festejo de cumpleaños realizado en la Quinta de Olivos. De acuerdo con los detalles incluidos en la presentación, la preparación del encuentro en el Tango 01 habría demandado tres días de trabajo.

Entre las tareas mencionadas figuran la provisión o traslado de una escalera, la conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, la energización de la cabina y la utilización de heladeras. También se mencionan catering, torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas, música y la afectación de personal de aviación.

La denuncia señala como principales personas involucradas a Yáñez, al ex presidente Fernández y a Leonardo Barone, quien se desempeñaba como director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia.

El escrito también plantea que la actividad podría haber sido financiada mediante fondos de la caja chica de la Secretaría General, un aspecto que deberá ser corroborado durante una eventual investigación.

Además del encuentro del 14 de julio, la presentación menciona un segundo episodio que habría ocurrido el 10 de agosto de 2020 y que habría tenido como participantes a allegados a la ex primera dama.

La denuncia también solicita determinar si existió una cadena de órdenes para la organización de los encuentros y si quienes intervinieron conocían el supuesto carácter privado de las actividades y el eventual uso de recursos estatales.

Uno de los aspectos que el denunciante plantea como necesario para avanzar es la verificación de las pruebas disponibles. Si bien se mencionó la existencia de imágenes y grabaciones, el escrito advierte que esos archivos no habrían sido publicados con sus soportes nativos, metadatos, procedencia ni cadena de custodia.

Por ese motivo, la presentación pide que los hechos sean confirmados o descartados mediante documentación estatal, registros técnicos, testimonios y pericias independientes.

El objetivo de la denuncia es determinar si efectivamente ocurrieron los episodios señalados, cómo se impartieron las eventuales órdenes, qué recursos públicos fueron utilizados y cuál fue la intervención concreta de cada una de las personas mencionadas.

Por el momento, se trata de una denuncia que busca que esos hechos sean investigados y corroborados. La presentación no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido judicialmente acreditadas.