Un exdirector de una escuela rural de Misiones quedó bajo investigación después de que se detectara que acumuló 3.363 días de licencia laboral durante los 18 años en los que estuvo al frente de una institución educativa. El caso derivó en un sumario administrativo y en una denuncia penal que busca determinar si existieron irregularidades en las licencias, los haberes percibidos y la prestación efectiva de tareas.

Se trata de Juan Carlos Kategora, quien dirigió durante casi dos décadas la Escuela 733 de Colonia Paraíso, ubicada a unos 40 kilómetros de San Vicente. Según la información difundida sobre el caso, durante ese período acumuló una cantidad de días de licencia equivalente prácticamente a la mitad de su carrera como director.

El Consejo General de Educación de Misiones (CGEM) aceptó esta semana la renuncia de Kategora y resolvió iniciar un sumario administrativo. La investigación buscará revisar la documentación utilizada durante años para justificar sus ausencias y determinar si las licencias otorgadas se ajustaron a las normas correspondientes.

Entre los motivos invocados para las ausencias aparecen enfermedades, atención de familiares enfermos, tratamientos prolongados y períodos de cambio de tareas. La cantidad acumulada generó cuestionamientos sobre los controles aplicados por los organismos responsables de verificar las licencias de los trabajadores de la educación.

El caso tomó además otra dimensión a partir de publicaciones realizadas por el propio Kategora en redes sociales. Allí aparecen registros de viajes a distintos destinos, entre ellos Dubai y Aruba. Esas imágenes forman parte de los elementos que serán considerados en la investigación, aunque por sí solas no permiten determinar que una licencia médica haya sido utilizada de manera irregular.

Otro de los aspectos que será revisado es el adicional del 80% que percibía por desempeñarse en una zona considerada desfavorable. Se trata de un beneficio asociado a las condiciones particulares de determinados establecimientos rurales y que, en este caso, deberá ser analizado junto con el resto de la documentación laboral.

La situación también puso bajo la lupa los mecanismos de control del sistema educativo provincial. La presidenta del CGEM, Daniela López, reconoció una “falta de control profundo” en el área de Salud Laboral. A partir de esa situación, el organismo anunció que revisará no solo las licencias vinculadas con Kategora, sino también los procedimientos utilizados para su otorgamiento.

La investigación administrativa alcanzará a las juntas médicas, las áreas de personal y las supervisiones escolares, con el objetivo de establecer cómo se procesaron y aprobaron las licencias acumuladas durante casi dos décadas.

A esto se suma una posible incompatibilidad laboral que también deberá ser determinada. Según la denuncia, Kategora estaría empleado además en Energía de Misiones (EMSA), la empresa eléctrica provincial. La Justicia deberá establecer si esa situación existió y, en caso afirmativo, si se ajustó al régimen aplicable.

En paralelo, el diputado provincial Cristian Gabriel Castro presentó una denuncia penal contra el exdirector. La presentación apunta a investigar posibles delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

El legislador pidió que se analice la legalidad de las licencias otorgadas durante el período investigado y que se compare la documentación administrativa con la efectiva prestación de tareas y los haberes cobrados por Kategora.

Además, solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los eventuales viajes al exterior realizados por el exdirector entre 2006 y 2026. El objetivo de ese pedido es determinar si existe alguna incompatibilidad entre los períodos de licencia invocados y los movimientos registrados fuera del país.

La existencia de viajes durante un período de licencia, por sí misma, no demuestra que una licencia médica haya sido falsa ni que se haya cometido un delito. Ese punto deberá ser determinado a partir de la documentación médica, administrativa y laboral y de las pruebas que eventualmente incorpore la investigación judicial.

Mientras avanza el sumario administrativo y la denuncia penal, la Escuela 733 de Colonia Paraíso deberá afrontar el recambio en su conducción. El caso también abrió interrogantes sobre los controles aplicados durante años para verificar las licencias y la prestación efectiva de tareas dentro del sistema educativo provincial.

La Justicia deberá determinar ahora si existieron irregularidades y, eventualmente, quiénes fueron responsables. Por su parte, el Consejo General de Educación deberá revisar los procedimientos que permitieron que una situación de esta magnitud se prolongara durante casi dos décadas.