El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a justificar el origen de parte de su patrimonio en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, tiene 207 fojas y contiene 20 puntos que el exjefe de Gabinete deberá responder en un plazo de 15 días.

La intimación alcanza tanto a operaciones realizadas por Adorni como a movimientos vinculados con su esposa, Bettina Angeletti. Según el análisis de la fiscalía, existen gastos e incrementos patrimoniales que todavía no encuentran una explicación suficiente por unos $43.068.549 y USD 402.578,12.

El requerimiento surgió del análisis de documentación patrimonial, declaraciones juradas y un informe técnico elaborado por organismos especializados en recuperación de activos. Entre los principales puntos que deberá explicar Adorni aparecen los dólares en efectivo declarados y las operaciones utilizadas para justificar su procedencia.

También deberá brindar precisiones sobre la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, incluida la procedencia del dinero y el motivo por el cual el inmueble figura a nombre de su esposa. La investigación incorporó además los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción en esa propiedad.

La fiscalía pidió explicaciones sobre otras operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra del departamento ubicado en Miró 550, en la Ciudad de Buenos Aires. También deberán detallarse pagos por muebles destinados a otra vivienda familiar en Caballito y los honorarios abonados a una escribana por tres operaciones inmobiliarias.

El análisis alcanza además gastos realizados durante el período investigado, como viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, servicios y erogaciones vinculadas con la educación de los hijos. Otro de los aspectos señalados es el uso de terceras personas para realizar compras o afrontar gastos en efectivo que, según la investigación, tenían como destinatarios finales a Adorni y su esposa.

Las inversiones en criptoactivos también forman parte de las explicaciones solicitadas. Pollicita busca determinar con qué fondos se iniciaron esas operaciones y cuál fue el rendimiento obtenido, para establecer si esos movimientos pueden explicar parte del crecimiento patrimonial declarado.

Uno de los principales elementos considerados por la fiscalía surge de comparar los ingresos acreditados del matrimonio con los gastos registrados. Según la investigación, Adorni percibió 35 salarios como funcionario público y, sumados los ingresos comprobados de su esposa, el matrimonio tuvo ingresos lícitos acreditados por $229.752.283,20.

En paralelo, la investigación contabilizó gastos por $272.820.832,20, incluidos seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549.

A esto se agregan USD 402.578,12 en gastos que, hasta el momento, no tendrían correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. Allí se incluyen viajes, alquileres, refacciones y compras de muebles realizadas en efectivo.

Ahora, Adorni deberá presentar las explicaciones y documentación correspondientes dentro del plazo establecido. La fiscalía deberá analizar luego si los elementos aportados permiten justificar las diferencias detectadas.

Si las respuestas no resultan suficientes, Pollicita podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. La intimación constituye una instancia dentro de la investigación y no implica por sí misma una declaración de culpabilidad.