CONSUMIDOR
SANTA FE ENVIÓ A LA LEGISLATURA SU PRIMERA LEY DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE 90 ARTÍCULOS
19 de noviembre de 2026 15:51
Con el envío a la Legislatura del Proyecto de Ley de Implementación de los Derechos de la Persona Consumidora, el Gobierno de Santa Fe dio un paso clave para reglamentar el artículo N° 32 de la Constitución Provincial, reformada en 2025, y dotar a la provincia de un marco normativo específico sobre consumo. La iniciativa, integrada por 90 artículos, busca ordenar la prevención de abusos, acelerar los reclamos administrativos con audiencias —incluso virtuales— en 15 días hábiles y regular los juicios de consumo, sumando por primera vez en el territorio santafesino los procesos colectivos.
El proyecto surge de una articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Económico y Social (CEyS), tras la creación de la Comisión sobre Normativa de los Derechos del Consumidor en la Asamblea Plenaria del 30 de marzo de 2026 y 3 meses de trabajo conjunto. De esa comisión participaron funcionarios provinciales junto a juristas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Católica Argentina (UCA), organizaciones como la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO) y Consumidores de la Era Digital (CED), y el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.
Sobre el alcance político e institucional de la propuesta, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, afirmó: "la Constitución del 2025 consagra y reconoce los derechos de los consumidores en la provincia; por eso, desde el Gobierno de Santa Fe, en conjunto con el Consejo Económico y Social, elaboramos el proyecto de ley de implementación en Santa Fe de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que era una deuda, ya que éramos la única provincia que no contaba con esta ley. Esto fue una decisión del gobernador y por eso, luego de meses de trabajo, se presentó en la Legislatura el proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Senadores".
Al describir el funcionamiento del nuevo esquema, Cándido detalló sus 3 ejes principales: "El primero es la prevención; se promueve la educación para el consumo en las escuelas y el crédito responsable. Además, mecanismos para asistir a las personas que están en una situación crítica en materia de sobreendeudamiento". En relación con la vía administrativa, agregó: "El segundo eje es el sistema de reclamo administrativo, por el que se buscan acuerdos con audiencias, que pueden ser virtuales, dentro de los 15 días hábiles. De esta manera, se facilita el reclamo de manera digital, se establece un mecanismo administrativo y de solución de los conflictos, lo que conlleva una disminución de la judicialización. Hoy más del 60% de las causas de derecho civil y comercial están vinculadas al consumo". Y sobre el tercer eje, precisó: "El tercero es facilitar el acceso a la justicia a las personas que se ven afectadas en las relaciones de consumo. También se incorpora a los municipios en la prevención y en la defensa de los consumidores y se establecen reglamentaciones vinculadas a la transparencia digital en el uso de algoritmos a la hora de la atención a los clientes. Asimismo, dentro del mundo de las empresas, se diferencia a las pymes de las grandes firmas".
La norma también incorpora protección reforzada en entornos digitales e inteligencia artificial, contenidos educativos junto al Ministerio de Educación, una red provincial coordinada con los municipios, rendición anual de cuentas sobre multas y acuerdos y reglas previsibles para el sector privado. Para la directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz: "Logramos presentar una ley equilibrada, construida con consenso, que ordena y moderniza todo el sistema. Le garantiza a las personas un camino claro, rápido y gratuito para reclamar, y le da a las empresas reglas previsibles, sanciones proporcionales y un reconocimiento a quien cumple. Al mismo tiempo, dota al Estado de una gestión digital, articulada con los municipios y que rinde cuentas cada año, y le aporta a la Justicia una herramienta clave para evitar demandas repetidas gracias a los juicios colectivos".
El proyecto surge de una articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Económico y Social (CEyS), tras la creación de la Comisión sobre Normativa de los Derechos del Consumidor en la Asamblea Plenaria del 30 de marzo de 2026 y 3 meses de trabajo conjunto. De esa comisión participaron funcionarios provinciales junto a juristas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Católica Argentina (UCA), organizaciones como la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (APRECO) y Consumidores de la Era Digital (CED), y el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.
Sobre el alcance político e institucional de la propuesta, el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, afirmó: "la Constitución del 2025 consagra y reconoce los derechos de los consumidores en la provincia; por eso, desde el Gobierno de Santa Fe, en conjunto con el Consejo Económico y Social, elaboramos el proyecto de ley de implementación en Santa Fe de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que era una deuda, ya que éramos la única provincia que no contaba con esta ley. Esto fue una decisión del gobernador y por eso, luego de meses de trabajo, se presentó en la Legislatura el proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Senadores".
Al describir el funcionamiento del nuevo esquema, Cándido detalló sus 3 ejes principales: "El primero es la prevención; se promueve la educación para el consumo en las escuelas y el crédito responsable. Además, mecanismos para asistir a las personas que están en una situación crítica en materia de sobreendeudamiento". En relación con la vía administrativa, agregó: "El segundo eje es el sistema de reclamo administrativo, por el que se buscan acuerdos con audiencias, que pueden ser virtuales, dentro de los 15 días hábiles. De esta manera, se facilita el reclamo de manera digital, se establece un mecanismo administrativo y de solución de los conflictos, lo que conlleva una disminución de la judicialización. Hoy más del 60% de las causas de derecho civil y comercial están vinculadas al consumo". Y sobre el tercer eje, precisó: "El tercero es facilitar el acceso a la justicia a las personas que se ven afectadas en las relaciones de consumo. También se incorpora a los municipios en la prevención y en la defensa de los consumidores y se establecen reglamentaciones vinculadas a la transparencia digital en el uso de algoritmos a la hora de la atención a los clientes. Asimismo, dentro del mundo de las empresas, se diferencia a las pymes de las grandes firmas".
La norma también incorpora protección reforzada en entornos digitales e inteligencia artificial, contenidos educativos junto al Ministerio de Educación, una red provincial coordinada con los municipios, rendición anual de cuentas sobre multas y acuerdos y reglas previsibles para el sector privado. Para la directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz: "Logramos presentar una ley equilibrada, construida con consenso, que ordena y moderniza todo el sistema. Le garantiza a las personas un camino claro, rápido y gratuito para reclamar, y le da a las empresas reglas previsibles, sanciones proporcionales y un reconocimiento a quien cumple. Al mismo tiempo, dota al Estado de una gestión digital, articulada con los municipios y que rinde cuentas cada año, y le aporta a la Justicia una herramienta clave para evitar demandas repetidas gracias a los juicios colectivos".
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