LUCHA
CTERA CONVOCÓ A UN PARO NACIONAL Y EL GOBIERNO SALDRÁ A CONTROLAR LAS ESCUELAS
02 de agosto de 2026 11:37
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional docente de 24 horas que volverá a enfrentar al Gobierno nacional con los principales gremios del sector. La medida de fuerza fue convocada para reclamar la apertura de una nueva Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento del financiamiento destinado al sistema educativo.
El conflicto se produce en un contexto de fuertes diferencias entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales por la política educativa y salarial implementada desde el inicio de la actual gestión. Mientras los gremios denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionan los recortes presupuestarios, el Gobierno sostiene que la educación es un servicio esencial y anticipó que controlará el funcionamiento de los establecimientos durante la jornada de protesta.
Desde CTERA afirmaron que la convocatoria responde a la negativa del Gobierno de Javier Milei a reunir nuevamente la Paritaria Nacional Docente, el ámbito donde históricamente se definía el salario mínimo del sector y se debatían distintas políticas vinculadas al sistema educativo.
Entre los principales reclamos también figura la restitución del FONID, el fondo nacional que durante años complementó el salario de los docentes de todo el país y que dejó de abonarse tras la decisión del Gobierno nacional de discontinuarlo.
La organización sindical además reclama mayores partidas para infraestructura escolar, conectividad, comedores, becas estudiantiles y programas educativos, al considerar que el presupuesto destinado al área sufrió importantes recortes.
Según sostienen desde CTERA, el salario mínimo docente nacional se ubica actualmente en torno a los 500 mil pesos, un monto que, aseguran, perdió capacidad de compra frente al avance de la inflación.
El conflicto no involucra únicamente a CTERA. Otros sindicatos del sector también anunciaron distintas medidas de protesta para los próximos días.
La Unión Docentes Argentinos (UDA), integrante de la CGT, informó que desarrollará un plan de lucha que incluirá clases públicas, volanteadas y movilizaciones. Sin embargo, decidió no convocar a un paro general debido al escenario legal vigente y a las posibles sanciones derivadas del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa nacional.
Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que realizará monitoreos en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la legislación que incorporó a la educación como servicio esencial.
Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, los controles buscarán comprobar que durante la jornada de protesta se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
En caso de detectarse incumplimientos, el Ejecutivo advirtió que podrán aplicarse las sanciones previstas por la normativa vigente.
Desde el Gobierno sostienen que, aunque la administración cotidiana de las escuelas corresponde a cada jurisdicción provincial, el Estado nacional tiene la obligación de garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Precisamente, la incorporación de la educación dentro de los servicios esenciales es uno de los puntos centrales de la disputa entre la Casa Rosada y los gremios docentes.
Las organizaciones sindicales rechazan esa disposición y promovieron diferentes acciones judiciales para cuestionar su aplicación, al considerar que limita el derecho constitucional a la huelga.
Por el contrario, el Gobierno sostiene que la normativa continúa plenamente vigente y que debe cumplirse durante cualquier medida de fuerza, garantizando una cobertura mínima en las escuelas.
El nuevo paro nacional vuelve a poner sobre la mesa el debate por los salarios docentes, el financiamiento educativo y el alcance de la regulación sobre los servicios esenciales, en un escenario donde las posiciones entre el Ejecutivo y los gremios permanecen cada vez más alejadas.
El conflicto se produce en un contexto de fuertes diferencias entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales por la política educativa y salarial implementada desde el inicio de la actual gestión. Mientras los gremios denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y cuestionan los recortes presupuestarios, el Gobierno sostiene que la educación es un servicio esencial y anticipó que controlará el funcionamiento de los establecimientos durante la jornada de protesta.
Desde CTERA afirmaron que la convocatoria responde a la negativa del Gobierno de Javier Milei a reunir nuevamente la Paritaria Nacional Docente, el ámbito donde históricamente se definía el salario mínimo del sector y se debatían distintas políticas vinculadas al sistema educativo.
Entre los principales reclamos también figura la restitución del FONID, el fondo nacional que durante años complementó el salario de los docentes de todo el país y que dejó de abonarse tras la decisión del Gobierno nacional de discontinuarlo.
La organización sindical además reclama mayores partidas para infraestructura escolar, conectividad, comedores, becas estudiantiles y programas educativos, al considerar que el presupuesto destinado al área sufrió importantes recortes.
Según sostienen desde CTERA, el salario mínimo docente nacional se ubica actualmente en torno a los 500 mil pesos, un monto que, aseguran, perdió capacidad de compra frente al avance de la inflación.
El conflicto no involucra únicamente a CTERA. Otros sindicatos del sector también anunciaron distintas medidas de protesta para los próximos días.
La Unión Docentes Argentinos (UDA), integrante de la CGT, informó que desarrollará un plan de lucha que incluirá clases públicas, volanteadas y movilizaciones. Sin embargo, decidió no convocar a un paro general debido al escenario legal vigente y a las posibles sanciones derivadas del incumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la normativa nacional.
Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que realizará monitoreos en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la legislación que incorporó a la educación como servicio esencial.
Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, los controles buscarán comprobar que durante la jornada de protesta se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
En caso de detectarse incumplimientos, el Ejecutivo advirtió que podrán aplicarse las sanciones previstas por la normativa vigente.
Desde el Gobierno sostienen que, aunque la administración cotidiana de las escuelas corresponde a cada jurisdicción provincial, el Estado nacional tiene la obligación de garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Precisamente, la incorporación de la educación dentro de los servicios esenciales es uno de los puntos centrales de la disputa entre la Casa Rosada y los gremios docentes.
Las organizaciones sindicales rechazan esa disposición y promovieron diferentes acciones judiciales para cuestionar su aplicación, al considerar que limita el derecho constitucional a la huelga.
Por el contrario, el Gobierno sostiene que la normativa continúa plenamente vigente y que debe cumplirse durante cualquier medida de fuerza, garantizando una cobertura mínima en las escuelas.
El nuevo paro nacional vuelve a poner sobre la mesa el debate por los salarios docentes, el financiamiento educativo y el alcance de la regulación sobre los servicios esenciales, en un escenario donde las posiciones entre el Ejecutivo y los gremios permanecen cada vez más alejadas.
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