DEBILITADOS
BUSCAN ELIMINAR EL CONVENIO NACIONAL DE CAMIONEROS Y NEGOCIAR ACUERDOS PROVINCIALES
13 de julio de 2026 10:51
Un proyecto que podría modificar uno de los convenios laborales más importantes del país comenzará a debatirse formalmente en los próximos días. Cámaras empresariales del transporte de cargas impulsan una iniciativa para reemplazar el actual Convenio Colectivo Nacional de Trabajo 40/89 por acuerdos negociados en cada provincia, una propuesta que ya genera expectativa dentro del sector y anticipa un nuevo escenario de discusión entre empresarios y sindicatos.
La presentación oficial está prevista para el próximo 21 de julio, durante la asamblea de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Allí participarán representantes de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con el objetivo de avanzar en un nuevo esquema de negociación laboral.
El convenio colectivo 40/89 regula desde hace más de tres décadas las condiciones laborales de miles de trabajadores del transporte de cargas en todo el país. Históricamente, las negociaciones fueron encabezadas por el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, junto con las cámaras empresariales nacionales.
La propuesta presentada por distintos sectores empresariales plantea modificar ese modelo centralizado para permitir que cada provincia pueda negociar sus propias condiciones laborales, contemplando las particularidades productivas, económicas y sociales de cada región.
Según explicaron los impulsores del proyecto, el objetivo no es reducir salarios ni eliminar derechos adquiridos, sino generar convenios más flexibles y adaptados a las distintas realidades que presenta el transporte de cargas en el país.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa propone reducir considerablemente la extensión del convenio vigente. Mientras el actual acuerdo contempla alrededor de 50 capítulos y regulaciones específicas, el nuevo esquema buscaría establecer una estructura base de aproximadamente diez puntos generales, dejando el resto de las condiciones para ser discutidas en mesas de negociación provinciales o regionales.
De acuerdo con el cronograma previsto, esas mesas comenzarían a funcionar a partir de septiembre si la propuesta logra avanzar dentro de las entidades empresariales.
Los empresarios remarcaron además que uno de los principios que pretenden conservar es el denominado "salario garantizado", asegurando que la regionalización de los convenios no implicaría una disminución de las remuneraciones de los trabajadores.
La iniciativa encuentra respaldo en la Ley de Modernización Laboral, que incorporó la posibilidad de otorgar prioridad a convenios colectivos de menor alcance territorial, ya sean regionales, provinciales o incluso por empresa, siempre que respeten el marco legal vigente.
Este aspecto es considerado por los impulsores como una herramienta que permitiría adaptar las relaciones laborales a las características propias de cada economía regional, evitando aplicar un mismo esquema para actividades que presentan realidades muy diferentes según la provincia.
Sin embargo, el proyecto ya comenzó a generar preocupación dentro del movimiento sindical.
El Sindicato de Camioneros y la Confederación General del Trabajo (CGT) observan con atención el avance de la propuesta, ya que una eventual descentralización de las negociaciones modificaría un modelo que durante décadas concentró la discusión salarial y laboral a nivel nacional.
El contexto también está atravesado por otros cambios introducidos por la reforma laboral. Entre ellos se encuentra la limitación al 2% de las cuotas solidarias descontadas de los salarios de los trabajadores. Esa disposición permanece actualmente suspendida de manera provisoria por decisión de la Justicia laboral, mientras continúa el tratamiento judicial correspondiente.
Por ahora, el proyecto ingresará en una etapa de análisis dentro de las entidades empresariales. Si logra el respaldo necesario, comenzará un proceso de negociaciones que podría modificar el funcionamiento de uno de los convenios colectivos con mayor alcance del país.
La discusión promete convertirse en uno de los principales temas de la agenda laboral de los próximos meses, con posiciones enfrentadas entre quienes consideran necesaria una actualización del sistema y quienes sostienen la importancia de mantener un convenio nacional único para todos los trabajadores del transporte de cargas.
La presentación oficial está prevista para el próximo 21 de julio, durante la asamblea de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Allí participarán representantes de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con el objetivo de avanzar en un nuevo esquema de negociación laboral.
El convenio colectivo 40/89 regula desde hace más de tres décadas las condiciones laborales de miles de trabajadores del transporte de cargas en todo el país. Históricamente, las negociaciones fueron encabezadas por el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, junto con las cámaras empresariales nacionales.
La propuesta presentada por distintos sectores empresariales plantea modificar ese modelo centralizado para permitir que cada provincia pueda negociar sus propias condiciones laborales, contemplando las particularidades productivas, económicas y sociales de cada región.
Según explicaron los impulsores del proyecto, el objetivo no es reducir salarios ni eliminar derechos adquiridos, sino generar convenios más flexibles y adaptados a las distintas realidades que presenta el transporte de cargas en el país.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa propone reducir considerablemente la extensión del convenio vigente. Mientras el actual acuerdo contempla alrededor de 50 capítulos y regulaciones específicas, el nuevo esquema buscaría establecer una estructura base de aproximadamente diez puntos generales, dejando el resto de las condiciones para ser discutidas en mesas de negociación provinciales o regionales.
De acuerdo con el cronograma previsto, esas mesas comenzarían a funcionar a partir de septiembre si la propuesta logra avanzar dentro de las entidades empresariales.
Los empresarios remarcaron además que uno de los principios que pretenden conservar es el denominado "salario garantizado", asegurando que la regionalización de los convenios no implicaría una disminución de las remuneraciones de los trabajadores.
La iniciativa encuentra respaldo en la Ley de Modernización Laboral, que incorporó la posibilidad de otorgar prioridad a convenios colectivos de menor alcance territorial, ya sean regionales, provinciales o incluso por empresa, siempre que respeten el marco legal vigente.
Este aspecto es considerado por los impulsores como una herramienta que permitiría adaptar las relaciones laborales a las características propias de cada economía regional, evitando aplicar un mismo esquema para actividades que presentan realidades muy diferentes según la provincia.
Sin embargo, el proyecto ya comenzó a generar preocupación dentro del movimiento sindical.
El Sindicato de Camioneros y la Confederación General del Trabajo (CGT) observan con atención el avance de la propuesta, ya que una eventual descentralización de las negociaciones modificaría un modelo que durante décadas concentró la discusión salarial y laboral a nivel nacional.
El contexto también está atravesado por otros cambios introducidos por la reforma laboral. Entre ellos se encuentra la limitación al 2% de las cuotas solidarias descontadas de los salarios de los trabajadores. Esa disposición permanece actualmente suspendida de manera provisoria por decisión de la Justicia laboral, mientras continúa el tratamiento judicial correspondiente.
Por ahora, el proyecto ingresará en una etapa de análisis dentro de las entidades empresariales. Si logra el respaldo necesario, comenzará un proceso de negociaciones que podría modificar el funcionamiento de uno de los convenios colectivos con mayor alcance del país.
La discusión promete convertirse en uno de los principales temas de la agenda laboral de los próximos meses, con posiciones enfrentadas entre quienes consideran necesaria una actualización del sistema y quienes sostienen la importancia de mantener un convenio nacional único para todos los trabajadores del transporte de cargas.
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