Ya se enviaron las primeras intimaciones a familias de menores identificados. El monto inicial supera los $250 millones.

Una amenaza falsa puede terminar en una deuda millonaria. Este lunes comenzaron a llegar las primeras intimaciones a familias de personas identificadas por amenazas a escuelas en Santa Fe, en un esquema que busca recuperar el costo de los operativos policiales desplegados en cada caso.

La primera notificación fue realizada en la ciudad de Santa Fe, donde agentes policiales informaron a los padres de un menor señalado como autor de uno de los episodios. El monto reclamado asciende a 6.024.944 pesos y deberá ser abonado por ambos progenitores como responsables solidarios.

Durante ese procedimiento, uno de los adultos reaccionó con una frase que sintetizó el impacto de la medida: “Cara la jodita”.

El operativo forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, que apunta a trasladar el costo económico de estas intervenciones a quienes generaron las falsas alarmas. Según explicó el ministro Pablo Cococcioni, las notificaciones detallan el monto exacto de cada operativo y los medios de pago disponibles.

El plazo para regularizar la situación es de cinco días. En caso de incumplimiento, los antecedentes son remitidos a la Fiscalía de Estado, que puede avanzar con medidas judiciales como embargos de sueldo o inhibición de bienes.

La decisión se enmarca en una serie de investigaciones que ya permitieron identificar a los responsables de 58 amenazas a establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia. En total, se contabilizan más de 70 personas involucradas, entre autores directos y adultos responsables.

Cada vez que la Fiscalía valida la identidad de un implicado, se activa automáticamente el proceso administrativo de intimación. Esto incluye tanto a mayores de edad como a menores, en cuyo caso la responsabilidad recae sobre sus padres o tutores.

Desde el Gobierno provincial aclararon que no se trata de una sanción penal ni de una multa, sino de un reclamo civil por los gastos generados. El cálculo incluye el despliegue de recursos policiales, combustible, móviles, brigadas especializadas —como las de explosivos— y horas de servicio afectadas a cada intervención.

En términos económicos, el impacto es significativo. Con los casos ya identificados, el monto total a recuperar supera los 250 millones de pesos, una cifra que podría incrementarse a medida que se confirmen nuevas responsabilidades.

Las amenazas a escuelas generan operativos de gran escala, con evacuaciones, interrupciones de clases y movilización de distintas fuerzas. En ese contexto, la Provincia busca desalentar este tipo de conductas trasladando el costo directo a quienes las provocan.

El mecanismo continuará en los próximos días con nuevas notificaciones en distintos puntos del territorio santafesino, en función del avance de las investigaciones.