El Gobierno nacional oficializó el decreto 264/2026, mediante el cual autorizó la realización de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos que incluyen el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino sin la aprobación previa del Congreso. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el resto del gabinete.

La decisión instala nuevamente la discusión sobre los alcances del Poder Ejecutivo en áreas donde la Constitución Nacional Argentina asigna competencias específicas al Poder Legislativo. Según el artículo 75, inciso 28, corresponde al Congreso autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras al país, un punto que quedó en el centro del debate tras la publicación del decreto.

Las maniobras, denominadas “Daga Atlántica” y “PASSEX”, no surgen como una iniciativa reciente. De acuerdo con el texto oficial, ambas contaban con antecedentes de planificación desde 2024 a través de canales diplomáticos, e incluso se menciona un Memorándum de Entendimiento firmado en 2025. Este dato alimenta uno de los principales cuestionamientos: el uso del mecanismo de “necesidad y urgencia” en un contexto que no sería imprevisto.

Desde el oficialismo sostienen que la decisión responde a la falta de tratamiento legislativo y a la necesidad de avanzar con compromisos internacionales ya asumidos. En contraste, sectores críticos advierten que el DNU se utiliza en un área sensible sin cumplir con los criterios de excepcionalidad que establece la normativa.

Cómo serán las maniobras y qué recursos se utilizarán

El decreto contempla un gasto superior a los $895 millones para la realización de los ejercicios. En el caso de “Daga Atlántica”, se prevé el arribo de aproximadamente 50 efectivos de operaciones especiales de Estados Unidos que operarán en distintos puntos del país.

Entre las bases previstas figuran la Base Naval Puerto Belgrano, la VII Brigada Aérea de Moreno y la Guarnición Militar Córdoba. El despliegue incluirá también aeronaves de gran porte como el C-17 Globemaster III y el C-130 Hércules, además de equipamiento tecnológico avanzado.

Según lo detallado, se utilizarán drones, sistemas de visión nocturna y armamento táctico, lo que configura un operativo de alta complejidad. A su vez, el ejercicio “PASSEX” contempla la participación de unidades navales estadounidenses que transitarán por la Zona Económica Exclusiva argentina.

En ese marco, se menciona la presencia del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, con posibilidad de escalas logísticas o sobrevuelos en territorio nacional.

Un debate que excede lo operativo

Más allá de los aspectos técnicos, la medida se inscribe en un contexto de alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos, lo que suma una dimensión política al tema. El eje de la discusión no se limita a las maniobras en sí, sino que abarca el uso de herramientas institucionales para su implementación.

El recurso al DNU en este caso vuelve a poner en agenda el equilibrio entre poderes y el rol del Congreso en decisiones vinculadas a la defensa y la política exterior. Especialistas advierten que este tipo de definiciones requiere consensos amplios, dado su impacto estratégico.

Al mismo tiempo, el despliegue previsto y el nivel de recursos involucrados plantean interrogantes sobre el alcance de la cooperación militar y sus implicancias a futuro. En ese escenario, la coordinación entre organismos y el seguimiento político del proceso aparecen como elementos clave.