La escribana Adriana Nechevenko de Schuster declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que “no hubo un préstamo” en la adquisición de los inmuebles bajo análisis judicial.

La declaración se extendió durante más de dos horas y se centró en la modalidad de financiamiento utilizada en las operaciones inmobiliarias. Según trascendió, la escribana sostuvo que se trató de una compra-venta con hipoteca por saldo de precio, un esquema que —según explicó— difiere de un préstamo tradicional.

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De esta manera, buscó aclarar uno de los puntos clave de la investigación: la naturaleza de los fondos utilizados para la adquisición de las propiedades. En el expediente se analizan inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario, especialmente en lo referido a deudas con particulares.

Nechevenko también detalló que mantiene desde hace años un vínculo profesional tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti, lo que derivó en su intervención en las escrituras de los inmuebles.

Las propiedades en cuestión se encuentran ubicadas en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ambos bienes forman parte del patrimonio que actualmente está bajo análisis judicial.

Antes de presentarse en la fiscalía, la escribana había evitado hacer declaraciones públicas. Sin embargo, luego de su exposición, indicó que respondió a todas las preguntas formuladas por el fiscal, en el marco de una causa que continúa incorporando pruebas y testimonios.

En paralelo, la investigación avanza con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía. Entre ellas, se dispuso la citación de cuatro mujeres que figuran como acreedoras en las operaciones inmobiliarias declaradas por el funcionario.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían participado en la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, donde reside Adorni. Ambas fueron convocadas a declarar este jueves.

Por otro lado, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio fueron señaladas como otorgantes de una hipoteca privada para otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, también en el mismo barrio. Estas últimas deberán presentarse ante la Justicia el próximo lunes.

Las testimoniales son consideradas relevantes para determinar si las personas involucradas contaban con la capacidad económica necesaria para otorgar los montos declarados, así como para verificar la existencia efectiva de las operaciones financieras.

Además, la fiscalía analiza otros aspectos vinculados a la trayectoria profesional de la escribana, a partir de reportes que la relacionan con servicios prestados en contextos que también están bajo revisión.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo investigación y se encuentra en una etapa de recolección de pruebas, donde los testimonios y la documentación resultan determinantes para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

En ese marco, las próximas semanas serán clave para definir el rumbo del expediente, a partir del análisis de los vínculos entre los actores involucrados y la verificación de la información presentada ante los organismos de control.

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