La Justicia Federal citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como acreedoras en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue ordenada por el fiscal González y apunta a esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de propiedades.

La investigación se centra en una serie de préstamos privados que el funcionario declaró como parte de su evolución patrimonial. Según la fiscalía, el eje del análisis está puesto en determinar si las personas que figuran como prestamistas contaban con la capacidad económica suficiente para otorgar los montos consignados.

En ese contexto, las cuatro mujeres fueron convocadas a prestar declaración testimonial en los tribunales federales de Comodoro Py. Deberán aportar documentación que respalde su situación financiera al momento de realizar los supuestos préstamos, así como detalles sobre las condiciones en que se concretaron las operaciones.

El expediente también incluye la declaración de un exfutbolista, cuya identidad aparece vinculada a movimientos financieros bajo análisis. Su testimonio busca aportar elementos sobre la existencia real de transferencias de dinero hacia el patrimonio del actual jefe de Gabinete.

Las medidas forman parte de una etapa clave del proceso, en la que la fiscalía intenta reconstruir el circuito de fondos que permitió la adquisición de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Las propiedades en cuestión habrían sido incorporadas al patrimonio del funcionario en un período que generó observaciones por inconsistencias en sus declaraciones juradas.

El origen de la causa está vinculado precisamente a esas diferencias detectadas en la evolución patrimonial declarada. En particular, se puso el foco en deudas contraídas con particulares que, según consta en los registros oficiales, habrían sido utilizadas para financiar la compra de inmuebles.

Desde el entorno de Adorni sostienen que todas las operaciones fueron debidamente informadas ante los organismos de control y que no existen irregularidades. En esa línea, consideran que la causa carece de sustento y remarcan que los préstamos declarados responden a mecanismos legales habituales.

Sin embargo, para la fiscalía resulta clave corroborar no solo la existencia formal de esos créditos, sino también su respaldo económico real. Por eso, uno de los puntos centrales de las citaciones es la presentación de documentación que permita acreditar la capacidad contributiva de las personas involucradas.

El avance de estas testimoniales podría definir el rumbo de la investigación, que busca determinar si hubo inconsistencias administrativas o si se configura algún tipo de delito vinculado al manejo patrimonial de un funcionario público.

Mientras se esperan los resultados de las declaraciones y el análisis de la documentación, la causa continúa su curso en el ámbito federal, con foco en la trazabilidad de los fondos y en la verificación de los vínculos financieros declarados.