La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una fase clave: la Justicia decidió acceder a la totalidad de sus movimientos financieros para contrastarlos con su patrimonio declarado.

La medida, dispuesta por el juez Ariel Lijo, apunta a reconstruir de forma integral la situación económica del funcionario y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. El foco no está solo en los bienes, sino en el flujo real de dinero: ingresos, consumos y capacidad de financiamiento.

Este cambio de etapa implica pasar de las sospechas iniciales a un análisis técnico más profundo, donde cada operación podrá ser verificada con respaldo documental. En ese esquema, uno de los puntos centrales es determinar si los recursos utilizados para adquirir propiedades coinciden con los ingresos declarados.

La causa gira especialmente en torno a los llamados préstamos privados que habrían permitido concretar esas compras. Para la Justicia, la clave es establecer si esos aportes existieron realmente y si quienes figuran como acreedores tenían capacidad económica para otorgarlos.

Para avanzar en ese cruce de información, se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión Nacional de Valores, organismos que deberán remitir datos sobre cuentas, inversiones, consumos y registros fiscales.

La decisión se produce en un contexto de aceleración del expediente, luego de que la fiscalía avanzara con nuevas citaciones a personas señaladas como prestamistas dentro de la operatoria.

En ese marco, el levantamiento del secreto deja a la causa en una instancia donde los márgenes de interpretación se reducen: los movimientos financieros permitirán confirmar o descartar las hipótesis sobre un posible desfasaje patrimonial.

Desde el entorno del funcionario sostienen que la medida no representa una preocupación y que, por el contrario, permitirá validar la legalidad de las operaciones realizadas.

Sin embargo, en términos judiciales, el acceso a esta información representa una de las herramientas más sensibles del proceso, ya que puede definir el rumbo de la causa en función de lo que revelen los registros bancarios y fiscales.