La Provincia de Santa Fe realizará el próximo 16 de abril en Rosario una nueva subasta pública de bienes recuperados del delito, con una oferta que abarca desde vehículos de bajo costo hasta una aeronave, en lo que será una de las convocatorias más amplias y concurridas de los últimos años.

El evento se desarrollará en el Salón Metropolitano y estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo encargado de gestionar los activos que fueron secuestrados en causas judiciales.

El dato que concentra la atención es la amplitud de valores y opciones disponibles. Entre los casi 150 lotes, se podrá acceder a una motocicleta con un precio base de $45.000, mientras que en el otro extremo aparece una aeronave Cessna cuyo valor inicial asciende a $50.000.000. Esa diferencia marca el perfil heterogéneo de la subasta, que apunta tanto a compradores ocasionales como a inversores.

En el segmento más buscado, el de vehículos, también hay una variedad significativa. Se incluyen modelos de alta gama como una Ford Ranger Raptor 2020 con base de $16.000.000, junto con alternativas más accesibles, como un Peugeot 207 Compact desde $810.000. La presencia de tecnología, motocicletas y hasta un fondo de comercio amplía aún más el abanico de posibilidades.

El interés que generó la convocatoria se refleja en la cantidad de inscriptos: más de 5.400 personas ya se registraron para participar, lo que configura un récord para este tipo de iniciativas en la provincia.

Desde el gobierno provincial destacan que este mecanismo no solo busca recuperar valor económico de bienes vinculados al delito, sino también reinsertarlos en el circuito legal mediante procesos abiertos. En ese sentido, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, remarcó que la propuesta está pensada para distintos perfiles y que el proceso se realiza bajo condiciones de acceso público.

La subasta forma parte de una política más amplia que apunta a dar destino a los bienes incautados en causas judiciales. En algunos casos, estos activos pueden ser reutilizados por organismos estatales como la Policía o el Servicio Penitenciario, mientras que en otros se destinan a instituciones sociales o se venden mediante este tipo de mecanismos.

La Aprad cumple un rol central en ese circuito. Su función es administrar los bienes secuestrados en investigaciones penales o contravencionales y definir su destino final, ya sea a través de subastas, asignaciones institucionales o donaciones a entidades de bien público.

El proceso, además, se presenta como una herramienta para evitar el deterioro o la pérdida de valor de los bienes, transformándolos en recursos concretos. En paralelo, permite canalizar el interés de particulares que buscan acceder a oportunidades de compra fuera del mercado tradicional.

Con una oferta amplia, precios dispares y un alto nivel de participación anticipada, la subasta del 16 de abril se perfila como una instancia clave dentro de la política provincial de administración de bienes vinculados al delito.