El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este martes en Buenos Aires un acuerdo con autoridades nacionales por $120.000 millones destinados a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. El convenio, que se implementará desde mayo, prevé pagos en doce cuotas y restablece el flujo de transferencias desde la Nación.

El entendimiento fue rubricado junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la ANSES, Guillermo Arancibia. También participaron del acto la diputada nacional Gisela Scaglia y el secretario de Seguridad Social santafesino Jorge Boasso.

El acuerdo apunta a recomponer las transferencias que habían sido interrumpidas por el Gobierno nacional en 2024, en el marco de la aplicación del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei. Desde entonces, la provincia venía reclamando la restitución de esos fondos, fundamentales para sostener su sistema previsional.

Según se detalló, los $120.000 millones se girarán en concepto de anticipo a cuenta del resultado de la auditoría correspondiente al ejercicio 2026. En paralelo, se iniciará un proceso de revisión de los períodos comprendidos entre 2020 y 2025, cuyos montos finales serán definidos a partir de auditorías conjuntas entre Nación y la provincia.

Tras la firma, Pullaro destacó el alcance político del acuerdo y lo presentó como un avance en la recuperación de recursos. El mandatario sostuvo que se trata del inicio del pago de fondos que, según la provincia, corresponden por ley al sistema jubilatorio santafesino.

El convenio también introduce un cambio en la dinámica del conflicto entre ambas jurisdicciones. Hasta ahora, el reclamo se canalizaba exclusivamente por vía judicial ante la Corte Suprema, pero con este entendimiento se abre una instancia de negociación directa para determinar los montos adeudados.

En ese sentido, Scaglia aclaró que la provincia no desistirá de la demanda por el stock de deuda acumulada en años anteriores. Explicó que el acuerdo restablece el flujo mensual de fondos, pero que la discusión por las transferencias no realizadas continuará en el ámbito judicial.

La legisladora detalló que el proceso incluirá auditorías técnicas que permitirán establecer con precisión cuánto debe la Nación a Santa Fe y bajo qué condiciones se saldará esa deuda. La suspensión de plazos judiciales, en este contexto, habilita un espacio de diálogo entre ambas partes.

Por su parte, Boasso remarcó que las transferencias están contempladas en una normativa que obliga al Estado nacional a asistir financieramente a las provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la órbita de la ANSES. Santa Fe integra ese grupo, junto a otras jurisdicciones que mantienen sus propias cajas jubilatorias.

El funcionario también subrayó que la interrupción de los envíos afectó el equilibrio del sistema previsional provincial, que presenta un déficit estructural. En ese marco, consideró que el acuerdo representa un primer paso para regularizar la situación y retomar el financiamiento.

Mientras avanzan las auditorías y se concretan los primeros pagos, el foco estará puesto en la evolución de las negociaciones y en el impacto real que tendrá el flujo de fondos sobre la Caja de Jubilaciones. La resolución definitiva del conflicto dependerá de los resultados técnicos y de los acuerdos que puedan alcanzarse en esta nueva etapa de diálogo.