DÍAS DESPUÉS
EL ATACANTE DE SAN CRISTÓBAL ESTABA EN TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO
31 de marzo de 2026 09:39
La defensa del adolescente de 15 años que protagonizó el ataque armado en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal confirmó que el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico antes del hecho. El episodio, ocurrido durante un acto escolar, dejó un estudiante de 13 años fallecido y al menos ocho heridos.
Los abogados del menor, Néstor y Mariana Oroño, detallaron que el joven presentaba antecedentes de conductas autolesivas y que había atravesado situaciones previas vinculadas a intentos de autoagresión. Según indicaron, se trataba de un perfil con rasgos introvertidos que ya era seguido por profesionales de la salud mental.
Actualmente, el adolescente permanece alojado en un centro especializado de resguardo de menores en la ciudad de Santa Fe. Su traslado se dispuso tras el ataque, ante la falta de instituciones adecuadas en su localidad de origen para este tipo de abordaje.
La causa judicial se desarrolla bajo un esquema que prioriza medidas de protección y tratamiento por sobre sanciones penales tradicionales, debido a la edad del imputado. Este enfoque se sostiene en el marco normativo vigente, donde la edad de imputabilidad y su aplicación efectiva continúan siendo objeto de debate.
En paralelo, la investigación incorporó elementos sobre el entorno familiar del menor. Según se pudo establecer, sus padres viven separados y su padre viajó desde la provincia de Entre Ríos para intervenir en el proceso judicial y coordinar su representación legal.
El ataque ocurrió durante el izamiento de la bandera en el patio interno del establecimiento educativo. En ese contexto, el alumno, que cursaba tercer año, utilizó una escopeta para efectuar al menos cinco disparos contra otros estudiantes que se encontraban formados.
Como consecuencia, un adolescente de 13 años murió en el lugar, mientras que otros ocho resultaron heridos y debieron ser asistidos de urgencia. La escena generó una situación de pánico generalizado dentro de la institución.
Un asistente escolar intervino en medio del ataque y logró reducir al agresor tras abalanzarse sobre él para quitarle el arma. Ese accionar permitió frenar la secuencia y evitó que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.
Tras el hecho, personal policial desplegó un operativo en la zona, acordonó el establecimiento y procedió a la evacuación total bajo protocolos de emergencia. En paralelo, comenzaron las tareas periciales para reconstruir lo ocurrido.
El Ministerio Público de la Acusación analiza registros audiovisuales que circularon en redes sociales, donde se escuchan detonaciones y pedidos de auxilio. Estos materiales forman parte de la evidencia que permitirá determinar la secuencia exacta del ataque.
Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer cómo el adolescente accedió al arma de fuego. Este aspecto se encuentra bajo análisis y será clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.
Mientras tanto, el entorno familiar del menor también recibe asistencia. Según trascendió, su madre se encuentra bajo acompañamiento profesional debido al impacto emocional generado por el episodio.
El caso continúa en desarrollo y mantiene en estado de conmoción a la comunidad de San Cristóbal, donde el hecho marcó un punto de inflexión en torno a la violencia en ámbitos escolares.
Los abogados del menor, Néstor y Mariana Oroño, detallaron que el joven presentaba antecedentes de conductas autolesivas y que había atravesado situaciones previas vinculadas a intentos de autoagresión. Según indicaron, se trataba de un perfil con rasgos introvertidos que ya era seguido por profesionales de la salud mental.
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La causa judicial se desarrolla bajo un esquema que prioriza medidas de protección y tratamiento por sobre sanciones penales tradicionales, debido a la edad del imputado. Este enfoque se sostiene en el marco normativo vigente, donde la edad de imputabilidad y su aplicación efectiva continúan siendo objeto de debate.
En paralelo, la investigación incorporó elementos sobre el entorno familiar del menor. Según se pudo establecer, sus padres viven separados y su padre viajó desde la provincia de Entre Ríos para intervenir en el proceso judicial y coordinar su representación legal.
El ataque ocurrió durante el izamiento de la bandera en el patio interno del establecimiento educativo. En ese contexto, el alumno, que cursaba tercer año, utilizó una escopeta para efectuar al menos cinco disparos contra otros estudiantes que se encontraban formados.
Como consecuencia, un adolescente de 13 años murió en el lugar, mientras que otros ocho resultaron heridos y debieron ser asistidos de urgencia. La escena generó una situación de pánico generalizado dentro de la institución.
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El Ministerio Público de la Acusación analiza registros audiovisuales que circularon en redes sociales, donde se escuchan detonaciones y pedidos de auxilio. Estos materiales forman parte de la evidencia que permitirá determinar la secuencia exacta del ataque.
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