El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes estableció que el próximo 7 de octubre comenzará el juicio oral por el caso que investiga la sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio. En el debate serán juzgados 17 acusados y está previsto que declaren 161 testigos.

La fecha fue definida durante una audiencia preliminar realizada de manera virtual, con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos el fiscal Carlos Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Audiencias hasta diciembre de 2026

Según informó el presidente del Tribunal, el cronograma prevé audiencias los días miércoles y jueves de cada semana. El esquema se extenderá, en principio, hasta diciembre de 2026, dada la magnitud de la causa.

Durante la audiencia preliminar, los jueces otorgaron un plazo de 15 días para que las partes adecúen la prueba ofrecida y revisen la nómina de testigos. El objetivo es depurar el listado y llegar al inicio del debate con claridad sobre los puntos que serán discutidos.

El Tribunal también indicó que las partes deberán garantizar la comparecencia de los testigos propuestos y promovió la realización de acuerdos probatorios sobre aspectos no controvertidos, con el fin de agilizar el desarrollo del juicio.

Los acusados y los cargos

Siete de los procesados están imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellos se encuentran Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi. En el caso del ex comisario Walter Maciel, la acusación es por encubrimiento.

Otros diez imputados enfrentan cargos vinculados al presunto entorpecimiento de la investigación, en una causa que fue creciendo en complejidad a medida que avanzaron las medidas judiciales.

El caso

Loan desapareció en el paraje Algarrobal, en las afueras de 9 de Julio, cuando había asistido a un almuerzo en la casa de su abuela. Desde entonces, el caso generó una amplia repercusión pública y múltiples líneas de investigación.

En enero pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó de 5 a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita establecer el paradero del niño.

Con la fijación de la fecha de inicio del juicio, la causa entra en una nueva etapa judicial que concentrará durante meses la atención pública y mediática.