El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo político para destrabar el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, denominada oficialmente proyecto de “Modernización Laboral”, que comenzará a debatirse en el Congreso en las próximas semanas. La iniciativa incluye cambios en el esquema de indemnizaciones, nuevos mecanismos de negociación colectiva y ajustes en la actualización de créditos laborales.

El entendimiento se logró luego de negociaciones con bloques dialoguistas y sectores aliados, en un contexto en el que el oficialismo necesitaba reordenar apoyos para garantizar el avance del texto en comisiones.

Un fondo alternativo a la indemnización tradicional

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, que funcionaría como alternativa al esquema clásico de indemnización por despido. El mecanismo prevé que las empresas realicen aportes mensuales a un fondo individual por trabajador. En caso de desvinculación, esos recursos se utilizarían para cubrir la compensación correspondiente.

Según el planteo oficial, el sistema apunta a previsibilidad en los costos y a reducir conflictos judiciales. Desde el ámbito sindical, en cambio, se advierte que el nuevo modelo podría modificar el actual esquema de protección frente al despido.

Convenios por empresa y negociación colectiva

Otro eje clave es la habilitación de convenios colectivos por empresa, una herramienta que permitiría adaptar condiciones laborales específicas más allá de los acuerdos por actividad.

Para el Ejecutivo, esta modalidad brinda mayor flexibilidad en sectores con dinámicas productivas diversas. Distintas organizaciones gremiales, sin embargo, expresaron reparos al considerar que la fragmentación de la negociación podría alterar el equilibrio actual entre empleadores y trabajadores.

La discusión sobre este punto aparece como uno de los focos más sensibles del debate legislativo.

Cambios en la actualización de juicios laborales

El proyecto también introduce una modificación en el cálculo de los créditos laborales, es decir, montos derivados de juicios por despidos o diferencias salariales. El texto establece que esas deudas se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Con este esquema, el Gobierno busca establecer un criterio uniforme que reduzca controversias sobre intereses y punitorios. El impacto de esta medida será analizado en comisión, especialmente en relación con causas en trámite.

Redefinición de indemnizaciones y multas

En materia de indemnizaciones, la propuesta redefine la base de cálculo y establece límites a determinadas multas vinculadas al trabajo no registrado. También revisa adicionales que actualmente incrementan el costo de las desvinculaciones.

Desde cámaras empresarias señalaron que estas modificaciones podrían favorecer la formalización y reducir barreras a la contratación. Representantes sindicales, por su parte, anticiparon que seguirán el debate de cerca y evaluarán los alcances finales del texto.

Formalización y nuevas modalidades

El proyecto incorpora además incentivos para la regularización de empleo no registrado y contempla regulaciones específicas para actividades con alta rotación o tareas intermitentes.

Estos cambios se discuten en un escenario marcado por la caída del empleo asalariado formal y el crecimiento de la informalidad, factores que influyen en el tono de las negociaciones parlamentarias.

Un debate con impacto amplio

El tratamiento legislativo se perfila como uno de los debates centrales del período parlamentario. La reforma laboral involucra a trabajadores, empresas, pymes y sectores productivos de todo el país.

Mientras el oficialismo busca consolidar consensos para aprobar el proyecto, distintos actores sociales analizan el alcance real de las modificaciones propuestas. Las próximas semanas serán clave para definir qué aspectos se mantienen, cuáles se ajustan y cómo quedará finalmente estructurado el nuevo marco normativo.