En un contexto de precios en alza y consumo en retroceso, el acuerdo bilateral que habilita y amplía el cupo de exportación de carne argentina a Estados Unidos volvió al centro del debate económico y político. La medida es presentada por el Gobierno nacional como una herramienta clave para sumar divisas y fortalecer al sector exportador, pero genera preocupación por su posible impacto en los precios internos de uno de los alimentos más emblemáticos de la mesa argentina.

En los últimos meses, la carne vacuna registró aumentos muy por encima del promedio general de la inflación. Distintos relevamientos privados ubican las subas interanuales en torno al 250 %, con diferencias marcadas entre cortes populares y productos de mayor valor. El fenómeno se refleja con claridad en las carnicerías y supermercados, donde el precio del asado, el vacío o la nalga se volvió inaccesible para amplios sectores de la población.

La consecuencia directa de este escenario es una caída sostenida del consumo interno. El tradicional asado del fin de semana perdió centralidad en muchos hogares, que comenzaron a optar por cortes más económicos, reducir porciones o directamente reemplazar la carne vacuna por alternativas como pollo o cerdo. En otros casos, la carne pasó de ser un consumo habitual a uno esporádico.

Según datos del propio sector frigorífico, el consumo per cápita de carne vacuna se ubica actualmente por debajo de los 50 kilos anuales, uno de los registros más bajos de las últimas décadas. No hace tanto tiempo, el promedio superaba los 70 kilos por habitante, un dato que solía ser parte del orgullo cultural y productivo del país.

En este escenario aparece el acuerdo con Estados Unidos como un factor que reconfigura el mapa de expectativas. El convenio, firmado originalmente durante la presidencia de Donald Trump y luego prorrogado, amplía el cupo de carne argentina que puede ingresar al mercado estadounidense con arancel preferencial. Para las empresas exportadoras, se trata de una oportunidad estratégica para consolidar presencia en un destino de alto poder adquisitivo y estándares sanitarios exigentes.

Desde el sector productivo y la industria frigorífica señalan que, si el esquema se sostiene en el tiempo, puede mejorar la rentabilidad, impulsar inversiones en infraestructura y sostener el nivel de empleo en las regiones ganaderas. Además, remarcan que el acceso regular al mercado estadounidense funciona como una especie de “sello de calidad” que facilita el ingreso a otros destinos premium, diversificando exportaciones y reduciendo la dependencia de mercados altamente concentrados, como el chino.

Sin embargo, no todos miran el acuerdo con el mismo optimismo. Organizaciones de consumidores y algunos analistas advierten que una mayor orientación exportadora, en un contexto de oferta limitada y costos elevados, puede presionar aún más sobre los precios internos. La preocupación se intensifica en un escenario de salarios rezagados y pérdida del poder adquisitivo, donde el impacto de los alimentos básicos resulta determinante.

El debate también tiene una dimensión política conocida. La discusión sobre la carne vuelve a exponer la histórica tensión entre el campo, la industria frigorífica y los consumidores urbanos. Desde el oficialismo sostienen que la apertura comercial es indispensable para la recuperación económica y la acumulación de reservas, mientras que sectores de la oposición y entidades de defensa del consumidor reclaman evaluar con mayor detalle las consecuencias sociales de estas decisiones.

La disyuntiva entre exportar más o garantizar precios accesibles en el mercado interno no es nueva, pero reaparece con fuerza en un momento de fragilidad económica. El acuerdo con Estados Unidos se presenta así como una pieza clave de la estrategia oficial, aunque su impacto real todavía está en discusión y dependerá de cómo evolucione el delicado equilibrio entre producción, exportaciones y consumo local.