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IMPUTACIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADOS DE TRATA SEXUAL CON ALUMNAS
22 de septiembre de 2025 10:12
Un fiscal federal calificó de "inusitada" la gravedad del caso por trata de alumnas secundarias. Son cuatro los imputados adultos y hay un quinto investigado.
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dictó prisión preventiva para cuatro hombres acusados de integrar una red de trata de personas que captaba adolescentes a la salida de un colegio secundario del sur de la ciudad capital para explotarlas sexualmente. La decisión judicial, tomada a instancias del fiscal general Eduardo Villalba, se basó en una investigación que reveló un esquema delictivo donde un remisero de confianza de las familias cumplía un rol central en el reclutamiento de las víctimas. Un quinto implicado, un adolescente de 16 años, fue imputado de manera provisoria y sometido a un régimen procesal especial.
La hipótesis fiscal sostiene que el conductor no solo transportaba a las alumnas, sino que utilizaba esa posición de privilegio para captarlas de manera "perversa" y luego ofrecerlas a los otros imputados, quienes pagaban por servicios sexuales. Los encuentros, pactados con la frase clave "Vamos a hacer la onda", ocurrían principalmente en moteles de la ruta 26 o en la vivienda de uno de los explotadores. Hasta el momento, la investigación ha identificado a tres víctimas directas, aunque se presume la existencia de más.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Villalba caracterizó el caso como de "gravedad inusitada" y con "particularidades complejas". Señaló con dureza que "hubo denuncias previas que no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado", un vacío que permitió a la organización "continuar actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años". El fiscal detalló la existencia de una escala de precios que iba desde los 60 mil hasta los 200 mil pesos, dependiendo de la práctica sexual requerida.
El control sobre las víctimas era fundamentalmente psicológico. Según la fiscalía, el remisero lograba someter a las adolescentes mediante un doble mecanismo: para algunas, se presentaba como un facilitador que les proveía de bienes como celulares o ropa; para otras, operaba a través de la amenaza, intimidándolas con revelar sus actividades a los padres. Este sometimiento garantizaba el silencio y la reiteración de los encuentros, que se coordinaban para realizarse hacia el final de la jornada escolar, aprovechando horarios libres.
La investigación también derivó en una imputación adicional para el remisero por abuso sexual simple en perjuicio de la hermana de 12 años de una de las víctimas. El fiscal relató que el hombre logró que la niña subiera a su vehículo, un Volkswagen Voyage blanco, donde la manoseó, en un claro intento por ampliar su red de explotación hacia víctimas de incluso menor edad.
El caso llegó a la Justicia federal tras una denuncia inicial radicada el 26 de junio del año pasado por la madre de una de las víctimas, quien descubrió mensajes de contenido sexual en el teléfono de alta gama de su hija. La causa comenzó en el fuero provincial pero fue declarada competencia federal al detectarse indicios de trata de personas. La investigación contó con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
En los allanamientos realizados, se secuestraron elementos cruciales en la vivienda del remisero, como juguetes sexuales, lencería y pastillas de estimulación, que fueron presentados como evidencia. El juez Bavio no solo decretó la prisión preventiva para los cuatro acusados adultos, fundamentando la decisión en el alto riesgo de fuga y la grave pena en juego (de 10 a 15 años), sino que también autorizó nuevas medidas clave para la investigación, como peritajes sobre los teléfonos incautados y el levantamiento del secreto bancario de los imputados.
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dictó prisión preventiva para cuatro hombres acusados de integrar una red de trata de personas que captaba adolescentes a la salida de un colegio secundario del sur de la ciudad capital para explotarlas sexualmente. La decisión judicial, tomada a instancias del fiscal general Eduardo Villalba, se basó en una investigación que reveló un esquema delictivo donde un remisero de confianza de las familias cumplía un rol central en el reclutamiento de las víctimas. Un quinto implicado, un adolescente de 16 años, fue imputado de manera provisoria y sometido a un régimen procesal especial.
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Durante la audiencia de formalización, el fiscal Villalba caracterizó el caso como de "gravedad inusitada" y con "particularidades complejas". Señaló con dureza que "hubo denuncias previas que no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado", un vacío que permitió a la organización "continuar actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años". El fiscal detalló la existencia de una escala de precios que iba desde los 60 mil hasta los 200 mil pesos, dependiendo de la práctica sexual requerida.
El control sobre las víctimas era fundamentalmente psicológico. Según la fiscalía, el remisero lograba someter a las adolescentes mediante un doble mecanismo: para algunas, se presentaba como un facilitador que les proveía de bienes como celulares o ropa; para otras, operaba a través de la amenaza, intimidándolas con revelar sus actividades a los padres. Este sometimiento garantizaba el silencio y la reiteración de los encuentros, que se coordinaban para realizarse hacia el final de la jornada escolar, aprovechando horarios libres.
La investigación también derivó en una imputación adicional para el remisero por abuso sexual simple en perjuicio de la hermana de 12 años de una de las víctimas. El fiscal relató que el hombre logró que la niña subiera a su vehículo, un Volkswagen Voyage blanco, donde la manoseó, en un claro intento por ampliar su red de explotación hacia víctimas de incluso menor edad.
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En los allanamientos realizados, se secuestraron elementos cruciales en la vivienda del remisero, como juguetes sexuales, lencería y pastillas de estimulación, que fueron presentados como evidencia. El juez Bavio no solo decretó la prisión preventiva para los cuatro acusados adultos, fundamentando la decisión en el alto riesgo de fuga y la grave pena en juego (de 10 a 15 años), sino que también autorizó nuevas medidas clave para la investigación, como peritajes sobre los teléfonos incautados y el levantamiento del secreto bancario de los imputados.
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