VÍCTIMAS
RESCATAN A 31 TRABAJADORES RURALES EXPLOTADOS EN SANTA FE
13 de septiembre de 2025 08:47
La Justicia investiga un caso de trata laboral: precariedad extrema, documentos retenidos y jornadas de más de 10 horas diarias.
En un operativo conjunto, la Justicia Federal y organismos provinciales rescataron a 31 personas —incluidos dos menores de edad— que eran explotadas laboralmente en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, al norte de Santa Fe. Las víctimas vivían en campamentos improvisados de nylon, sin acceso a agua potable ni baños, trabajaban de lunes a lunes durante 10 horas diarias y estaban en condiciones de hacinamiento.
Los procedimientos se realizaron en los establecimientos “Santa Ana” y “La Revancha e Isabelliana S.A.”, ubicados sobre la ruta provincial 77, luego de que la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela detectara irregularidades durante una inspección con personal del RENATRE y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La investigación está a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, con la colaboración de los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti.
El caso se inició el 4 de septiembre, cuando en el campo “Santa Ana” se constató la presencia de 15 trabajadores —dos de ellos adolescentes de 17 años— en condiciones que la fiscalía calificó como “deplorables”. Dormían en el suelo, cubiertos apenas con mantas, sin servicios básicos y con tachos usados como letrinas. Posteriormente, en un predio lindero, se encontraron otros cinco trabajadores en idéntica situación, lo que derivó en la ampliación de la investigación.
La mayoría de las víctimas provenía de Los Juríes, Santiago del Estero, y cobraba un salario de 300 mil pesos por quincena, del cual se descontaba el valor de la comida provista por los empleadores. Además, no podían salir de los campos, carecían de medios de comunicación y algunas estaban indocumentadas o no sabían leer ni escribir, lo que reforzaba su situación de vulnerabilidad.
Con orden del juez federal de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, se allanaron los campos y se secuestraron celulares y un cuaderno con anotaciones. En paralelo, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Municipalidad de Tostado dispusieron alojamiento y alimentación para los trabajadores rescatados, mientras que el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata intervino en las entrevistas y asistencia psicológica.
Dos personas quedaron imputadas por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El caso está bajo análisis de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
Este episodio vuelve a poner en el centro de la agenda pública la persistencia de redes de explotación en el trabajo rural, que afectan principalmente a sectores empobrecidos y con escasa protección social. La investigación busca determinar la responsabilidad de los empleadores y la posible existencia de intermediarios en la captación de trabajadores desde Santiago del Estero.
En un operativo conjunto, la Justicia Federal y organismos provinciales rescataron a 31 personas —incluidos dos menores de edad— que eran explotadas laboralmente en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, al norte de Santa Fe. Las víctimas vivían en campamentos improvisados de nylon, sin acceso a agua potable ni baños, trabajaban de lunes a lunes durante 10 horas diarias y estaban en condiciones de hacinamiento.
Los procedimientos se realizaron en los establecimientos “Santa Ana” y “La Revancha e Isabelliana S.A.”, ubicados sobre la ruta provincial 77, luego de que la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela detectara irregularidades durante una inspección con personal del RENATRE y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La investigación está a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, con la colaboración de los fiscales auxiliares Federico Grimm y Pablo Micheletti.
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